Propiamente desde febrero del año 2009, cuando entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y hasta el pasado mes de octubre, cuando se efectuó un recuento de concesiones mineras, se estableció que por lo menos siete mil de estas deben regularizar su situación para adecuarse al nuevo régimen de contratos, de acuerdo a lo que dispuso la nueva Carta Magna.

El hecho es que entonces se abrió un plazo de un año para que se cumpla el proceso de migración de concesiones a contratos mineros, lamentablemente más de cinco años después no avanzó esa tarea y en la actualidad las labores mineras se cumplen bajo un signo de manifiesta irregularidad debido a muchos factores que han impedido el cumplimiento de las metas dispuestas.

Para regularizar el proceso de transferencia de concesiones a contratos, se creó al amparo de la Ley de Minería 535, la denominada Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) en casi un año y medio de vigencia está trabajando en el establecimiento de las condiciones más apropiadas para la adecuación de las aproximadamente 7.000 concesiones al nuevo sistema de contratos.

Por lo que se sabe aun se cumplen tareas de adecuación de la Ajam que tiene su central en la ciudad de La Paz, pero además cuenta con unidades desconcentradas a nivel departamental, cuenta con 245 ítems y su presupuesto inicial fue aprobado en 36 millones de bolivianos.

Como quiera que transcurrió mucho tiempo sin que se efectúe ninguna acción de orden legal en el proceso señalado por la CPE, el gobierno aprobó recién en febrero del año presente el Decreto Supremo 0726 que dispone «adecuar las concesiones mineras otorgadas con anterioridad a esa fecha al ordenamiento constitucional vigente, transformándolas automáticamente en Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), en tanto se realice su migración de acuerdo con la normativa sectorial a emitirse». La Ley 535 dispone además que la Ajam sea la encargada de adecuar las ATE de los actores productivos mineros a contratos, sin establecerse ningún plazo para ese efecto.

Al presente se admite de manera oficial que «el proceso aún no comenzó y que ese hecho no perjudicará en absoluto el desarrollo de las actividades de los operadores mineros». Los contratos se diferencian de las concesiones (mineras) esencialmente en que los primeros ratifican que la propiedad de los recursos naturales existentes en el suelo y el subsuelo son de dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y que su administración corresponde al Estado en función del interés colectivo.

Para conocimiento de los operadores mineros que deben cumplir obligatoriamente con la migración de concesiones a contrato, la Ajam señala que los trámites son totalmente asequibles y que solamente se añade un requisito importante que consiste en que todos los operadores deben obtener en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Número de Identificación Tributaria (NIT), o que legaliza su vigencia y garantiza el cumplimiento de normas tributarias, entendiendo que todos los que hacen uso de los recursos nacionales están obligados a pagar el impuesto que les corresponda.

Un recuento reciente del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), establece que especialmente en el caso de las cooperativas mineras, de 1.700 que existen registradas en el país, sólo un 20 por ciento de las mismas tienen registro del NIT y pagan sus impuestos correctamente en un rango del 20 por ciento, en tanto que las otras pagan tan sólo el 1% de canon de arrendamiento a la Comibol y aportan otro porcentaje por concepto de regalías.

Lo que se pretende es que el total de empresas concesionarias mineras que migren a contratos lo hagan en iguales condiciones y por lo mismo todas deben obtener su NIT para formalizar sus operaciones y adquirir el derecho minero.

El director ejecutivo de la Ajam, Carlos Alberto Soruco, reconoce que, la tarea de regularizar los contratos mineros es un largo proceso que está siendo consensuado en varios niveles tanto del MMM, el Senarecom y otras instancias para que los operadores públicos y privados y las cooperativas se adecuen a la Ley y logren formalizar sus contratos, lo que garantizará sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones y deberes.

En criterio del analista de temas mineros y ex presidente de Comibol Héctor Córdova, la migración si bien no establece un cambio total en el alcance de los derechos mineros, establece las condiciones para mantener vigente el derecho y la responsabilidad económica y social de la empresa o de la organización. Se aclara que mientras no se tengan esos contratos, los operadores pueden trabajar como antes, sin cumplir esa responsabilidad social y económica, lo que perjudica al Estado.

Según Córdova, la Ajam dos meses atrás sacó un reglamento para convertir las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) en contratos oficiales, se trata de un procedimiento pesado, pero no implica perjuicios porque se continúa pagando las patentes y regalías. La función económico – social está bien definida en el contrato que sirve para controlar si el minero está o no cumpliendo esa función. Bajo esos parámetros la Ajam, continuará con el proceso pertinente hasta lograr la adecuación de 7.000 concesiones mineras.