(Publicado el 16 de septiembre de 2017)

Por: Carlos Arze Vargas

La economía y la sociedad boliviana han seguido, en las últimas tres décadas, un curso de desarrollo marcado por la vigencia y continuidad del patrón de acumulación primario-exportador.

Como ha sucedido a lo largo de la historia republicana, en los últimos treinta años se han alternado modelos económicos cuya diferencia principal ha radicado en la menor o mayor intervención del Estado en la economía, pero sin abandonar ni pretender superar el rol señalado para el país por la división internacional del trabajo: país productor de materias primas para la exportación.

Consecuentemente, con diferencias de grado, ha persistido la preeminencia de la fuerza y de los intereses del capital extranjero, cuya influencia resulta innegable en las prioridades, la orientación y la implementación práctica de las políticas públicas.

La nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009, estableció reformas importantes en el ejercicio de la democracia, reconociendo formas de democracia representativa, participativa (referendo, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asamblea, cabildo y consulta previa) y comunitaria (nominación de autoridades indígenas, originarias y campesinas, mediante procedimientos propios); adicionalmente, se constitucionalizó la participación y control social en los diferentes niveles de la organización estatal.

Asimismo, determinó la inclusión como derechos fundamentales, los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda y a los servicios básicos. En el ámbito de los derechos civiles, constitucionalizó, entre otros, el derecho a la auto-identificación cultural, a la libertad de pensamiento, a la reunión y asociación, a la libre expresión y al acceso a la información.

En el caso de los pueblos indígenas, incorporó como los más importantes, el derecho a la libre determinación y territorialidad, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión, a la consulta previa y a la gestión territorial autónoma. Empero, debido a las prioridades económicas y políticas del partido en función de gobierno y de los intereses particulares de las organizaciones sociales que lo apoyan  -en el marco de una creciente polarización política en algunas etapas del período de gobierno-, su aplicación distó mucho del alcance que tenían al momento de su concepción.

Así, no sólo que el Estado no brindó las condiciones adecuadas para el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación y a los servicios básicos, sino que, en algunos casos, desde altas esferas del gobierno nacional se puso en cuestión la vigencia de garantías jurisdiccionales como el debido proceso y la presunción de inocencia, dando lugar a la insólita multiplicación de recursos de defensa legal presentados al órgano judicial, como la acción de amparo constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento.

En la última década, el patrón de acumulación se encarnó en un modelo económico basado en la ampliación de la explotación de los recursos naturales no renovables y su exportación, como base del crecimiento económico y como fuente para una limitada redistribución de ingresos entre los sectores sociales más vulnerables.

Empero, aunque los resultados reflejados en indicadores convencionales de estabilidad económica -como la existencia de elevadas Reservas Internacionales Netas de divisas y el incremento del ahorro privado-, y de mejora de las condiciones sociales –como la reducción de la incidencia de pobreza y la extensión de la cobertura de las políticas sociales-, pueden ser calificados de positivos, no logran reflejar adecuadamente las consecuencias de la aplicación del nuevo modelo sobre las condiciones estructurales para el progreso económico y social; esto es, de las condiciones de largo plazo para el desarrollo .

El crecimiento de la participación e incidencia en la producción nacional de las denominadas industrias extractivas: principalmente hidrocarburos, minería, explotación forestal y energía, ha respondido a la prioridad de contribuir a los ingresos fiscales mediante la captura creciente del excedente, bajo la forma de rentas absolutas y diferenciales.

De este modo, las reformas aplicadas a los regímenes tributarios, la re-estatización parcial de las principales empresas se dichos sectores y, fundamentalmente, el ciclo alcista de las cotizaciones internacionales de las materias primas, permitieron el aumento de los ingresos públicos y la implementación de las principales políticas redistributivas del gobierno.

Sin embargo, el ingente volumen de capital dinerario no ha derivado en la formación de capital industrial. Debido a la limitada vinculación de los sectores líderes con otros sectores productivos el crecimiento no favoreció a la diversificación económica; en otras palabras, no contribuyó de manera relevante al fortalecimiento del incipiente mercado interno, dando lugar a un difundido proceso de mercantilización sin industrialización. Contrariamente, el incremento de la explotación de esos recursos naturales ha provocado importantes efectos negativos sobre el medioambiente y sobre las fuentes de vida de muchos pueblos indígenas.

La elevada dependencia fiscal de los ingresos provenientes de la renta de recursos naturales, así como la creciente influencia de esos recursos sobre los flujos de capital y medios de circulación, han acentuado los comportamientos rentistas en el Estado y en la propia población, que se han reflejado en el escaso interés por el impulso a la mejora de la productividad de la agricultura y de la modernización de la industria.

Consecuentemente, el abastecimiento del creciente consumo, de hogares e industrias, ha estado a cargo del incremento extraordinario de las importaciones de bienes de todo tipo, agudizando la dependencia nacional en este ámbito. Esta situación, muestra la fragilidad de los resultados macroeconómicos alcanzados, como se observa en la acelerada disminución de las RIN y el incremento del endeudamiento público en un escenario de caída de precios internacionales de materias primas.

Los limitados alcances de la “nueva reforma agraria” y la orientación de las políticas de desarrollo agropecuario -que persisten en el desarrollo del modelo del agro-negocio, es decir en el monocultivo, la producción extensiva, la priorización de los mercados externos y la presencia dominante de grandes empresas extranjeras-, han impactado negativamente sobre la superficie boscosa –con los consiguientes efectos medioambientales- y han provocado cambios drásticos en la estructura social del área rural, reflejados en fenómenos como la migración y la diferenciación clasista al interior de la población campesina.

Por otra parte, la política de industrialización del modelo vigente refrenda la orientación del patrón primario exportador, pues se funda en la implementación de mega-proyectos de fundición de algunos minerales y procesos industriales de química básica, cuyos productos se destinarían a mercados del exterior. Más allá de que su orientación vuelve poner como meta reiterada la exportación de materiales con escasa transformación, se renuncia al objetivo de impulsar la estructuración del mercado interno. Su implementación, en la que destaca un elevado grado de improvisación sujeta a necesidades de orden puramente político, no ha dado hasta ahora resultados que permitan avizorar la posibilidad de que se conviertan en una fuente alternativa de financiamiento del erario público.

En el caso del sector energético, el incremento de la generación eléctrica para posibilitar una mayor cobertura de este servicio, agravó la evolución de la matriz energética, aumentando la participación de la electricidad generada en plantas termoeléctricas que utilizan gas natural, hasta alcanzar el 80% de la generación bruta en el Sistema Interconectado Nacional. Ello, debido a que la política gubernamental dio continuidad a las orientaciones de la Ley de Electricidad de 1994 en el desarrollo sectorial privilegiando la rentabilidad y prescindiendo de consideraciones ecológicas y sociales. Ese carácter visiblemente mercantil contradice –como en los anteriores ámbitos- el discurso de preservación del medioambiente y de defensa de la Madre Tierra.

La ausencia de procesos profundos y extendidos de diversificación económica, especialmente de industrialización, sigue provocando la precarización creciente y sostenida de las condiciones de trabajo, reflejada en la elevada participación del denominado “sector informal” en la población ocupada y en el incremento de la migración interna -cada vez más compleja- y de la migración hacia el extranjero (Argentina, España, Brasil y Chile). De esta manera, se puede sostener que la rentabilidad de las empresas, en distintos sectores, ha estado basada en el incremento de la explotación de la fuerza de trabajo para hacer frente a la creciente competencia de la producción externa, y se ha reflejado en la reducción de los estándares regulatorios en varios ámbitos y sectores económicos. Muchas formas de flexibilización laboral que se habían impuesto en la etapa neoliberal continúan vigentes, afectando la visibilidad de las relaciones laborales, la estabilidad laboral, el nivel de los salarios y el ejercicio de los derechos colectivos como la sindicalización y el derecho a la huelga, entre otros.

El deterioro de las condiciones sociales en ámbitos como el del trabajo, la salud o la educación; la vulneración de los derechos indígenas; la creciente pugna sobre derechos de tierras, agua y yacimientos mineros; la insatisfacción respecto al acceso y calidad de los servicios públicos, etc., provocaron el aumento de la conflictividad social, reflejada en la realización de movilizaciones y huelgas. La respuesta gubernamental, justificada por la necesidad de garantizar la estabilidad social y política, fue recurrir, cada vez con más frecuencia, a acciones deliberadas de cooptación de dirigentes, de división de organizaciones sociales y de judicialización de las protestas sociales.

Un rasgo de la evolución económica y social del país, ha sido la intensificación del proceso de urbanización, que ha dado lugar a un cambio demográfico radical: mientras en el censo de población del año 1950 la población radicada en el área urbana llegaba al 26%, en 2012 alcanzó una participación del 68%, fenómeno que en el pasado fue denominado por algunos estudiosos como “hiper-urbanización”. Ese cambio demográfico general tomado de manera aislada podría distorsionar la percepción sobre la relación entre urbanización y desarrollo económico, dando lugar a creer que la creciente urbanización poblacional expresa un mayor grado de modernización.

Contrariamente, en nuestro caso la acelerada urbanización expresa la complejidad de la evolución del capitalismo atrasado, de sus limitaciones para industrializar la producción, para elevar la capacidad productiva de la agricultura, en definitiva para estructurar el mercado interno. Refleja, por lo mismo, los múltiples y contradictorios resultados de los procesos económicos y sociales, expresados en una economía dominada por actividades terciarias, en una población ocupada formada mayoritariamente por trabajadores por cuenta propia, en un precaria infraestructura de servicios públicos, etc.

La misma configuración de las ciudades es ajena a la de los centros industriales y conserva, más bien, muchos rasgos de los centros administrativos coloniales combinados con características de las ciudades indígenas. La ciudad, entonces, es un espacio donde confluyen la mayoría de los problemas del atraso y de la modernidad; por tanto, se ha convertido también en el espacio donde se desarrollan muchas de las luchas sociales más importantes. En otro sentido, constituye también un privilegiado escenario para el estudio y la comprensión de esos procesos.

A partir del 2012, como consecuencia del fin del ciclo alcista de los precios de las materias primas, el Estado boliviano ha venido sufriendo la caída sustancial de sus ingresos, motivo por el cual el gobierno ha implementado varias medidas para enfrentar ese fenómeno. Por un lado, ha aumentado la presión tributaria a través de la ampliación del universo de contribuyentes y el incremento de las recaudaciones aplicando medidas punitivas. Por otro, ha implementado mecanismos dirigidos a atraer mayor inversión extranjera en los sectores extractivos, como los incentivos adicionales al precio del petróleo y el condensado, la apertura de las áreas protegidas a la exploración y la flexibilización de los parámetros de la consulta a los pueblos indígenas. Asimismo, ha reducido multas a la deforestación ilegal y ha modificado el plazo para la revisión de la Función Económico Social de la propiedad de la tierra, con el objeto de incentivar la ampliación de la frontera agrícola a cargo de los productores de cultivos de exportación.

La débil recuperación de la economía internacional y en especial la reducción del dinamismo de varias “economías emergentes”, así como las amenazas crecientes de inestabilidad política en muchas regiones del mundo, afectarán las corrientes de inversión. De manera particular, los problemas geopolíticos que amenazan con agravar la volatilidad del mercado del petróleo y el deterioro de la actividad minera por causas estructurales, podrían afectar las condiciones de crecimiento y estabilidad de economías como la boliviana e impondría a sus gobiernos lo que varios autores han denominado como “una carrera hacia el fondo”; es decir, la reducción de los estándares regulatorios y la otorgación de mayores ventajas a las empresas transnacionales, con el afán de atraer inversiones extranjeras en esos sectores que son dominantes en economías primario-exportadoras.

Consecuentemente, en el corto plazo se podría esperar que se presenten mayores impactos nocivos sobre las condiciones medioambientales, así como en las condiciones sociales y laborales, por efecto de la menor protección estatal, lo que puede dar lugar al incremento de la conflictividad social y la inestabilidad política.

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