El investigador, en el foro “La Amazonia en el marco de la integración energética regional. Situación y perspectivas: una mirada desde Brasil y Bolivia”, señaló que la construcción de grandes represas, además de su impacto ambiental y socieconómico en las zonas en las que se sitúan los proyectos, tiene un efecto en la vida de los poblados cercanos, ya que provoca movimientos poblacionales importantes en periodos de tiempo que son relativamente cortos.

Revilla apuntó que en el caso de la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau, en el estado de Rondonia, en Brasil, se movilizaron al menos 40.000 trabajadores; 20.000 en el caso de Santo Antonio, y 18.000 para Jirau, además de otros miles de empleados indirectos.

“El grave problema aquí es dónde poner a toda esa gente  que necesita alimentación, vivienda, alcohol, muchos de ellos drogas y muchos de ellos han logrado que esos espacios adonde van se conviertan en espacios de prostitución. En el caso de Bolivia y del proyecto Chepete, ¿dónde pondríamos a toda esa gente? ¿En Rurrenabaque, en San Buenaventura, dónde?”, expresó.

 De acuerdo con datos del investigador, el caso más emblemático es el del municipio de Jaci Paraná, distante a 30 kilómetros de la represa de Jirau  y a 120 kilómetros de Porto Velho, la capital del estado de Rondonia.

 “Esta población pasó de tener 4.000 habitantes a 16.000 habitantes en cuatro años, en el tiempo en que se construía la represa, esto sin contar con las condiciones necesarias de salud, saneamiento y agua, entre otros servicios”, explicó el experto.

Asimismo, Revilla indicó que durante la construcción de la obra, en el municipio se establecieron al menos 70 casas de prostitución y hubo un incremento significativo en la inseguridad y los hechos de violencia.

“Todo esto sin que el Estado pueda dar una respuesta adecuada y con la falta de acción de las empresas constructoras, que no se hacen responsables por los efectos colaterales de la construcción de las obras”, agregó el investigador del Cedla.

En el caso de Porto Velho, de acuerdo con datos del Gobierno brasileño, la población creció de 398 mil habitantes en 2000 a casi 623 mil en 2017, experimentando un crecimiento poblacional urbano del 43%, mientras que el rural se redujo en 42%.

Este crecimiento estuvo acompañado de un incremento en los homicidios dolosos del 44% entre 2008 y 2010; del 10% en los casos de violencia y abuso sexual a menores de edad; un aumento del 208% en la tasa de violaciones entre 2007 y 2010, así como un cambio en los patrones de consumo y la reducción de ingresos en muchos de los casos.

“Además de esto, la construcción de las represas generó el movimiento de al menos 9.000 familias que tuvieron que cambiar sus estilos de vida y terminaron asentándose en las periferias de las ciudades, sufriendo un deterioro en sus ingresos y teniendo que ocupar vacantes en empleos precarios como recicladores de basura, entre otros.

Proyecto Chepete aún no tiene compradores para su energía

El docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)  Róger Cortez  señaló que la energía que generará el proyecto hidroeléctrico Chepete no tiene compradores, ya que la electricidad generada es demasiado cara para competir con la producción de otras fuentes.

“El Gobierno dice que los estudios de factibilidad estiman el costo de la represa en  7.000  millones de dólares y con pago de intereses se van a convertir fácilmente en 12.000 millones de dólares, por lo que el costo unitario de producción de energía que ellos calculan en  71 dólares por megavatio va a subir hasta cerca de los 80 dólares, y Brasil, que puede producir bastante por debajo de eso, va a preferir usar eso (su producción)”, manifestó.

 Otro de los escenarios planteados por el investigador es que el Estado termine por subsidiar la energía producida por su megarrepresa y la comercialice a un precio menor que su costo de producción.

“Entonces, en vez de los beneficios prometidos por el Gobierno, tendríamos una deuda enorme que podría duplicar o hasta triplicar  la deuda externa del país, además de la devastación natural  y dependencia económica y política cada vez mas grande”, señaló el experto de la UMSA.

En encuentro regional se evaluó los impactos

En el encuentro regional de afectadas y afectados por las represas en la Amazonia, llevado a cabo en Guayaramerín del 12 al 14 de julio, se evaluó los distintos impactos que genera la construcción de represas en las tierras bajas del continente.

De acuerdo con las conclusiones del encuentro, los impactos son variados y se pueden clasificar en medioambientales, socio-culturales y económicos, entre otros no menos importantes.

En el caso de los impactos medioambientales, los participantes del encuentro indicaron que las inundaciones generadas por los embalses generarán un aumento en las enfermedades por la putrefacción de la biomasa inundada, además de la contaminación y la reducción de oxígeno en diferentes zonas.

“Además, se generará una desestabilización geológica por las presiones de la masa de agua; sumado a esto, el comportamiento de los animales se verá afectado, con el riesgo de que éstos sean empujados a las áreas urbanas en busca de alimento, entre otros efectos”, señala el documento.

En el caso de los impactos socio-culturales, las conclusiones del evento indican que el principal efecto será la migración de las familias desplazadas de las áreas inundadas, las cuales tendrán que establecerse en lugares más altos o ciudades cercanas.

“Por la dinámica de esta migración y la presencia de grupos y actores sociales externos a estas comunidades, es posible que muchos de los nuevos migrantes caigan en el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución, así como la desintegración de las familias”, advirtieron.