En pasados días, ante la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, las organizaciones no gubernamentales Unitas y CEJIS solicitaron al organismo pedir información al Estado boliviano sobre los incendios en la Chiquitanía, que han dejado aproximadamente 4 millones de hectáreas calcinadas por el fuego. La información fue conocida ayer, durante un evento denominado «Rendición Pública de Cuentas», con la finalidad de que estas instituciones, entre otras, promuevan una cultura de transparencia

El responsable de Defensa de Derechos Humanos de Unitas, Daniel Espinoza, explicó que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como el caso de los ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego.

“Se ha informado a la CIDH respecto a la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado boliviano con relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo las autoridades del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al responder de manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre nacional, impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”, explicó Espinoza.

Con relación a lo informado a la Relatoría de la CIDH, precisó que también se abordó lo referido a las obligaciones del Estado y derechos vulnerados. “Estos son fácilmente identificables: vivienda, trabajo, educación, salud y medioambiente, en los que el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar, o sea procurar la realización de estos derechos. La tardía respuesta del Estado ante los incendios y no declarar zona de desastre, es un acto de negligencia con relación a las obligaciones contraídas ante el sistema interamericano de defensa de derechos humanos”, aseveró.

Por su lado, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Enrique Ormachea hizo un análisis de la situación de la política agraria en Bolivia y mencionó que el gobierno está “desesperado” en el desarrollo agropecuario basado en la ampliación de la frontera agrícola, debido a problemas como el fin de los precios altos de las materias primas, el bajo nivel de exportación del gas, del zinc, de la plata y de productos agropecuarios, y la presión tributaria que “está llegando al límite”. 

“Esto hace un escenario de bajos ingresos y es esto lo que impulsa al Gobierno a plantearse como estrategia para la generación de ingresos el tema del desarrollo agropecuario, pero basado en la  ampliación de la frontera agrícola”, lamentó.

Mencionó que este es el Gobierno que más leyes y decretos ha aprobado a favor de campesinos, pero “ninguno de ellos se ha convertido en programas de desarrollo para estos sectores”.