Entre tanto, un pronunciamiento de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) atribuyó el problema emergente de los incendios de la Chiquitania y el Pantanal boliviano, el cual consumió 1 millón 700 mil hectáreas a la inseguridad jurídica de parte de las instituciones del Estado que provocó la redistribución de tierras fiscales y el avasallamiento de predios por parte de colonizadores del occidente.

Por ello solicitó cambios en la normativa para evitar la afectación cómo se registra en este momento, y también anunció la reactivación dela Comisión Agraria Departamental (CAD).

Asentamientos

Mientras tanto, Cocarico justificó el asentamiento, en base a la norma de reconducción comunitaria, al argumentar que ahora se dota tierras y no se adjudica como en anteriores gobiernos. Además los asentamientos están contemplados en la Ley INRA, vigente desde 1996.

Informó que desde la llegada al Gobierno, el MAS entregó a 1.000 comunidades nuevas titulaciones a nivel nacional, sin embargo el mayor índice registran Santa Cruz y Beni, debido a la mayor disponibilidad de tierras fiscales.

Dijo que en La Paz no hay muchas tierras, excepto en el norte del departamento. Mientras tanto dijo que la norma promulgada en julio regularizó los asentamientos registrados en Beni, con productores de arroz.

Auditoria

Por otra parte, el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras afirmó que no hay ningún temor de que Carlos Mesa, expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), realice una auditoría a la distribución de tierras, y dijo que si la hace encontrará diferencias entre su Gobierno y los últimos 13 años del mandato del presidente Evo Morales.

La semana pasada, Mesa anunció, a través de un video difundido en sus redes sociales, que de ganar las elecciones de octubre, realizará una auditoría al proceso de entrega de tierras a raíz del incendio en la Chiquitania, departamento de Santa Cruz.

Modelo

Mientras tanto, Enrique Ormachea Saavedra, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), opinó que el desastre ecológico, que afecta a la Chiquitania, es consecuencia de un modelo de desarrollo agrícola que alienta la expansión de la superficie cultivada en vez de la productividad de la tierra, como medio para incrementar la producción agrícola.

La caída de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial y la deficiente gestión gubernamental de dicho sector –que mermó los ingresos fiscales por concepto de las exportaciones de gas– llevó al gobierno del MAS a poner los ojos en el incremento de la producción agropecuaria por la vía de la ampliación de la frontera agrícola, aliándose para ello con los poderosos gremios agroindustriales del oriente del país.

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