Los diversos análisis realizados por académicos y analistas en muchos países, pronostican que la actual pandemia del coronavirus, por sus efectos agudos y masivos sobre la salud de la población y debido a las respuestas asumidas para combatirlo —emparentadas en mayor o menor medida con el aislamiento social— provocarán en el corto plazo una agudización de la recesión económica en términos globales.

Sin embargo, en dichos análisis se destaca que, a pesar del impacto negativo sobre la economía, las políticas de contención que reducen la interacción económica entre las personas, implican una mejora en el bienestar general al impedir un mayor número de enfermos y fallecidos por causa del coronavirus [1], por lo que parecen ser la mejor opción de entre una serie de alternativas.

En efecto, la evaluación de la experiencia de los diferentes países afectados por la pandemia y de las medidas asumidas por ellos, revela que aquellos como China y Corea del Sur, donde se ha verificado una drástica reducción de la difusión de la enfermedad, adoptaron tempranas acciones de contención o aislamiento social, mientras que Italia y España, donde la propagación del coronavirus continúa mostrando crecientes índices de contagio diario e incremento del número de decesos, optaron por medidas de contención social con evidente retraso.

Las acciones de distanciamiento social, como la cuarentena, tienen la virtud de atenuar la saturación del sistema de salud que, incluso en los mejores casos, no está preparado para atender el extraordinario incremento de pacientes. Por eso, se ha promovido como el objetivo prioritario de esas medidas el “aplanamiento de la curva”, es decir, la atenuación de la pendiente de la curva de la epidemia a lo más cerca posible de la línea que representa la capacidad de atención del sistema sanitario [2]. El cumplimiento o no de ese objetivo resume la diferencia entre la gravedad de la crisis de los diferentes sistemas de salud.

En el caso de Bolivia, es indiscutible que la capacidad del sistema sanitario es extraordinariamente insuficiente, no sólo para enfrentar esta nueva situación, sino inclusive en condiciones “normales”. Prueba dramática de ello, es el colapso diario de los centros de salud y hospitales públicos a lo largo de todo el país; situación que se ha hecho más evidente con el incremento de casos por causa de otras epidemias como el dengue.

Esa constatación nos lleva a afirmar que las medidas de contención o distanciamiento social resultan ser la alternativa insoslayable que tenemos como sociedad para enfrentar la pandemia; por lo mismo, sus características y los esfuerzos que demandan serán, con mucho, más exigentes y rigurosos que en otros contextos nacionales.

Consecuencias económicas abrumadoras

Ahora bien, los efectos negativos de esta forma de encarar la pandemia del coronavirus sobre la economía nacional, serán también particularmente abrumadores debido a dos circunstancias: la presencia de una elevada “informalidad” en la estructura económica nacional y la ralentización sostenida del crecimiento económico en el último quinquenio, como producto de la caída del valor de las exportaciones, que ha desembocado en la presencia simultánea de déficit comercial y déficit fiscal.

Por esa razón, la contradicción entre los resultados sobre la salud pública y sobre la economía provocados por la aplicación de las medidas sanitarias, en el caso de Bolivia se amplifican y complejizan.

Y mientras la difundida “informalidad” del empleo se convierte en un obstáculo para el cumplimiento de la cuarentena, debilitando los resultados positivos sobre el bienestar de la población, su mayor precarización, como producto de la inactividad forzada, puede convertirse en un agravante severo de la situación económica, en especial en el ámbito del empleo.

Accionar insuficiente y tardío para los más pobres

En este delicado marco de restricciones y riesgos, el gobierno transitorio ha tomado algunas medidas. Aunque aquellas de contención social con alcance nacional han sido asumidas con relativo retraso, las últimas disposiciones que las han hecho más rigurosas parecen adecuadas respecto a la gravedad del problema sanitario.

Contrariamente, las medidas dirigidas a paliar la situación de los sectores sociales más pobres, que desarrollan mayoritariamente trabajos precarios por cuenta propia, que reportan bajísimos e inestables ingresos laborales, han resultado insuficientes y tardíos en su ejecución, por lo que sus objetivos no se han cumplido a cabalidad.

Por ejemplo, la reducida magnitud del “bono familia” no permite solventar ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y el retraso en su pago —se prevé que empiece a pagarse en abril— contrasta con la intención gubernamental de vaciar las calles, por lo que se han producido incidentes con personas que, arriesgando su salud y la de los consumidores, no tienen otra fuente de ingresos para alimentar a sus familias.

Del mismo modo, el tratamiento del pago de deudas bancarias de la población, que sólo involucra el diferimiento del pago de la cuota de capital, obvia el hecho de que el tiempo que dure la emergencia sanitaria será un período de escasa generación, sino de ausencia total, de ingresos para más del 70% de la población urbana y para otra parte importante de los productores campesinos.

Necesidades de los trabajadores antes que ganancias empresariales

Por estas razones, es imprescindible y urgente que el gobierno disponga el incremento del gasto público para enfrentar la pandemia, rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento; pero, sobre todo, priorizando la atención de las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros.

En esa dirección, por ejemplo, debería hacerse gestiones de negociación del diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa, tanto con organismos financieros internacionales como con países acreedores, para liberar recursos de urgente necesidad; también se debería revaluar la necesidad de utilizar una parte de las Reservas Internacionales Netas para financiar la inversión en infraestructura de salud, y sería importante evaluar la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles, en dirección hacia una reforma tributaria más progresista.

Otro aspecto que debería considerarse es la compra y estocamiento de minerales por parte del Estado, que en el caso de los minerales tradicionales como el estaño, permita la estabilidad del empleo y la subsistencia de las empresas estatales, las cooperativas y las pequeñas empresas productoras, y en el caso de la producción aurífera, la obtención de ingresos fiscales, dado el creciente papel de refugio de este metal en la actual crisis.

Debería evaluarse alternativas para asesorar adecuar y/o reconvertir pequeñas industrias (proveedoras de insumos médicos, de bioseguridad, de alimentos y de otros bienes básicos) por el tiempo que dure la emergencia, con el objeto de garantizar el empleo.

El probable incremento del desempleo, renueva, asimismo, la necesidad de establecer el seguro de cesantía para los asalariados que, en el corto plazo, podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social.

El uso de aquellos recursos descontados a los gobiernos subnacionales con el fin de otorgar un incentivo a las empresas petroleras trasnacionales, podría considerarse igualmente como una alternativa para la generación de programas de empleo e ingresos de emergencia para la población pobre de los municipios.

Las autoridades responsables de la administración económica del país, deberían asumir también las modificaciones presupuestarias y otras medidas extraordinarias de mayor alcance, con la seguridad de que están justificadas por la utilidad pública y el bien mayor de la salud del soberano.

Con todo, el destino inmediato del gasto público debería priorizarse hacia algunas acciones de mayor impacto, especialmente al reforzamiento de la capacidad operativa del sistema sanitario.

Además, para evitar mayores impactos de la cuarentena social sobre la economía, se debiera incrementar la identificación [3] de casos de contagio (mediante análisis masivos en grupos de riesgo [4], método aplicado exitosamente en Corea del Sur) y el consecuente aislamiento de personas contagiadas, lo que permitiría reducir la propagación del contagio y facilitaría el tratamiento de las personas contagiadas debido a su diagnóstico en etapas más tempranas.

Para ese fin, se requiere destinar una cantidad extraordinaria de recursos económicos por parte del gobierno, financiando el establecimiento de más laboratorios para los análisis y la compra de ‘kits’ de análisis; adicionalmente, es recomendable una política más activa de relacionamiento con países que pueden proveer de equipos de pruebas a través de compras o, preferiblemente, de donación.

Ayudaría a este propósito el procesamiento más riguroso de información sobre lugares de contagio y de recorrido de los contagiados con herramientas informáticas, para que, mediante la elaboración de mapas que se difundirían públicamente, se promueva la identificación voluntaria de casos potencialmente sospechosos.

En este sentido, podría resultar conveniente la utilización de recursos informáticos, como la aplicación diseñada por un doctor boliviano radicado en EEUU para la detección de candidatos a hacerse la prueba del coronavirus [5] y el mapa virtual elaborado por la empresa IGEO para Santa Cruz [6], que están dirigidos a reducir la presión sobre el sistema de salud.

El discurso, el sesgo represivo y las acciones

En la aplicación de las medidas gubernamentales también se ha verificado algunos episodios que revelan, en algunos casos, un marcado desencuentro entre el discurso y las acciones y, en otros casos, un sesgo inopinadamente represivo, que conspiran en contra de su eficacia y generan innecesarios y contraproducentes reacciones populares.

La gravedad de la crisis y de las medidas gubernamentales para enfrentarla, no justifican la asunción de posturas autoritarias, ni en el contenido ni en la forma; contrariamente, la superación de esta crisis, entendida esencialmente como un objetivo de bienestar social, debería ser, igualmente, un escenario para reactivar y potenciar la iniciativa y la participación de la sociedad civil, en un marco de respeto y garantía del más amplio ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos de todo el pueblo boliviano.

(*) Es investigador del CEDLA
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[1] Ver, por ejemplo: La macroeconomía del coronavirus (http://agendapublica.elpais.com/la-macroeconomia-del-coronavirus/); The macroeconomics of Epidemics (https://www.nber.org/papers/w26882);
[2] Ver: How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext); Objetivo número uno: aplanar la curva del coronavirus (https://elpais.com/ciencia/2020-03-11/objetivo-numero-uno-aplanar-la-cur…).
[3] En Italia, en un experimento de identificación de casos que involucró a toda la población de una localidad, se descubrió que entre el 50% y 60% de los contagiados identificados mostraban pocos o ningún síntoma (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52010013).
[4] Un esfuerzo en la región de Véneto, en Italia, apunta a masificar la aplicación de análisis a personal sanitario, policías, empleados de comercio y conductores de transporte público (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52010013).
[5] Se trata de la aplicación informática COVID-19 Screening, diseñada por el Dr. Juan Pablo Jaldin: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/26/la-innovacion-boliviana-qu…
[6] Mapa digital de información geolocalizada presentada a autoridades de gobierno en la ciudad de Santa Cruz el 27 de marzo: https://www1.abi.bo/abi_/?i=447456&k=202003270203.

 

 

https://erbol.com.bo/opinion/crisis-sanitaria-econom%C3%ADa-y-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas