El rol de las empresas públicas en el desarrollo del país volvió al debate público con la publicación de CEDLA Más ruido que nueces, análisis de los emprendimientos empresariales del proceso de cambio. El estudio ofrece una sistematización de los datos oficiales disponibles sobre los recursos canalizados a empresas públicas y su ejecución en el periodo 2011-2016.

El estudio muestra que 32 empresas estaban incluidas en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2016 abarcando un amplio espectro de rubros: alimentos, transporte, tecnología, textiles, construcción, explotación de recursos naturales, turismo y comunicaciones.

Lo primero que llama la atención en los datos presentados por el estudio es la diferencia significativa de presupuesto que reciben las empresas públicas en relación a los gobiernos subnacionales. En contraposición al 32% destinado a empresas públicas del PGE acumulado entre 2011 y 2016, el 9% fue destinado a gobiernos autónomos municipales, el 5% a gobiernos autónomos departamentales, el 2% a universidades y el 3% a otras áreas.

Esto quiere decir que entre 2011 y 2016 las empresas públicas administraron siete veces más que las nueve gobernaciones y cuatro veces más que los 339 gobiernos municipales, según el CEDLA.

Si se suman el 32% destinado a empresas públicas y el 49% destinado al Órgano Ejecutivo se llega a 80% del total del PGE de 2016 bajo la administración del gobierno central, en contraposición al 20% administrado por los gobiernos subnacionales. Estos datos muestran una centralización de los recursos estatales en contra ruta al fortalecimiento de la descentralización y autonomía de las gobernaciones y municipios.

Lo segundo que sobresale de los datos se refiere a la concentración de los recursos en YPFB y ENDE del total de las empresas públicas. Del 32% destinado a ellas, el 21% fue a YPFB y el 4,8% a ENDE. El restante 6,2% fue a las otras empresas. Esta asimetría en la distribución de los recursos entre las empresas públicas indica la marginalidad del objetivo de fortalecimiento de los sectores económicos no tradicionales y generadores de empleo.

No menos importante es la sobreconcentración de la asignación de recursos a empresas nacionales, las cuales absorbieron el 98%, mientras sólo el 2% fue asignado a empresas regionales, departamentales y municipales en 2016. Esta desigual asignación refuerza la concentración de recursos bajo administración del gobierno central.

No menos importante es la consideración de que las empresas subnacionales cuentan con un marco institucional desventajoso en relación a las empresas nacionales, limitando su capacidad para aportar al desarrollo local y al fortalecimiento de las autonomías subnacionales.

Aún más preocupante es la afirmación del estudio sobre la deficiencia de transparencia de información sobre la gestión pública disponible para la ciudadanía. Ésta es una seria limitación para la discusión ciudadana sobre la priorización de las políticas públicas, el seguimiento de su ejecución y la evaluación de los resultados.

La empresa pública es un instrumento de política pública que puede o no ser útil para lograr objetivos sociales y económicos. Su creación y continuidad debería regirse por un riguroso proceso de planificación, sobre la base de serios análisis de factibilidad y respaldos técnicos. Antes de la decisión de crear una empresa pública, incumbiría sopesar las ventajas de otros instrumentos de política para superar los problemas específicos de los encadenamientos productivos.

En cualquier caso la empresa pública no debería ser considerada un fin en sí misma, ni ser juzgada sólo por la rentabilidad. Al revés, su rol correspondería a complementar y fortalecer los procesos productivos impulsados por los actores económicos en toda su pluralidad, la generación de empleo de calidad, la mejora del bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Para un abordaje más integral del problema se necesita total transparencia de información, un gobierno no defensivo y que, más bien, propicie un debate amplio sobre el tema.

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.

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