Un informe del International Budget Partnership (IBP), que fue ofrecido a inicios de este mes y realizado en 85 naciones, resalta que el 80 por ciento de los gobiernos del mundo, como es el caso de Bolivia, no proporcionan información adecuada para que la gente pueda exigir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, lo que puede dar lugar a esconder información sobre malversación de fondos o actos de corrupción.

Estos hallazgos se basan en el recientemente publicado Índice de Presupuesto Abierto 2008 del IBP del cual participó el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), como contraparte en Bolivia.

Los resultados se basan en información recolectada durante la gestión 2007 y en la puntuación del Índice de Presupuesto Abierto, el caso del gobierno en Bolivia (6%), ocupa el puesto 74 de 85 países, lo que indica que se ofrece poca información al público sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) (elaboración, aprobación, ejecución, fiscalización).

Cabe recordar que el último Índice registraba al país con un 20% de transparencia, es decir, una caída de 14 puntos.

Esto dificulta que los ciudadanos puedan ejercer proactivamente acciones de fiscalización sobre la gestión pública. Por ejemplo, lo correcto es que la propuesta de Presupuesto deba estar disponible para el público y el Poder Legislativo en un plazo superior a los 60 días que actualmente contempla la nueva CPE, para permitir la revisión y un debate público más amplio.

A esto se suman las dificultades para hacer un seguimiento del gasto, la recaudación de ingresos y el endeudamiento durante el año. Inclusive se puede evidenciar que la información que difunde el gobierno sobre el ejercicio fiscal es muy restringida, señala el CEDLA.

En general, el nivel de desagregación de los reportes publicados sobre el PGN es muy limitado, lo que no permite conocer con mayor detalle el ejercicio de gastos fiscales de manera oportuna, asimismo, no se encuentran esfuerzos por difundir el PGN en formatos más accesibles (versiones populares) a la mayoría de la población.

No se publica informes de medio año sobre los resultados del gasto público ejecutado, esto a fin de efectuar los ajustes pertinentes en la gestión pública.

La difusión de estos documentos fortalecería la rendición pública de cuentas, ya que proporcionaría información actualizada y detallada sobre la forma en que el presupuesto se está administrando durante el año.

También es difícil evaluar la ejecución del presupuesto una vez que el ejercicio presupuestario ha terminado. Se produce un informe de fin de año lo que permite comparaciones entre lo que se presupuestó y lo que realmente se gasta y se recoge, pero no se da explicación sobre estas diferencias.

Además, Bolivia no hace público su informe de auditoría y no ofrece ninguna información de las recomendaciones que emanan del informe de auditoría y si es que se aplican.

El acceso a la información detallada del presupuesto, necesaria para comprender el progreso del gobierno en la realización de un determinado proyecto o actividad sigue siendo limitada. Esto a pesar del hecho de que Bolivia cuenta con instrumentos legales que garantizarían el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública.

Para medir el compromiso general de 85 países a la transparencia y realizar comparaciones entre países, el IBP creó el Índice de Presupuesto Abierto (IPA). El presupuesto expresa las prioridades económicas y sociales identificadas por el gobierno en su plan de desarrollo.

La transparencia significa que todos los ciudadanos pueden acceder a la información sobre ¿cuántos recursos se destinan a los diferentes tipos de gastos? ¿Cuántos recursos se recaudan? y ¿Cómo se utilizan los fondos de los donantes internacionales y otros recursos públicos? La transparencia es un importante primer paso para exigir cuentas a los gobiernos sobre el uso de los recursos públicos.

«La transparencia presupuestaria empodera a la gente permitiéndole juzgar si los funcionarios de su Gobierno son buenos administradores de los fondos públicos,» dice Warren Krafchik, director del IBP.

Uno de los hallazgos más importantes del documento es que muchos gobiernos producen la información presupuestaria que permitiría la efectiva participación ciudadana en el proceso presupuestario, pero no la publican.

En 51 de los 85 países analizados, los gobiernos producen por lo menos un documento clave que no se hace público. Este hecho indica que la falta de transparencia es más una cuestión de voluntad política.

El Índice de Presupuesto Abierto 2008 muestra que 68 de los 85 países estudiados (80 %) no proporcionan información completa, oportuna y útil para que el público pueda entender, participar y monitorear el uso de los fondos públicos. Casi el 50 por ciento de los 85 países analizados no proporcionan ninguna, o muy poca, información; y el 32 por ciento ofrece sólo alguna información.

Restringir el acceso a la información no permite a la población, periodistas, comentaristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil exigir cuentas a los funcionarios.

Los países más cerrados, aquellos que proporcionan escasa o ninguna información son: Arabia Saudita (1%), Argelia (1%), la República Democrática del Congo (0%), Sudán (0%), Ruanda (0%), Guinea Ecuatorial (0%) y Santo Tomé y Príncipe (0%).

En el otro extremo, algunos países son muy transparentes y publican abundante información a lo largo del proceso presupuestario estos son: el Reino Unido (88%), Sudáfrica (87%), Francia (87%), Nueva Zelanda (86%) y los Estados Unidos (82%).

Cabe destacar que la transparencia en el manejo de los recursos públicos, tanto en la formulación como en la ejecución de los presupuestos, no depende únicamente del grado de desarrollo de los países. Este es el ejemplo de Sudáfrica (87%), Eslovenia (73%), Sri Lanka (64%). O de países latinoamericanos como: Brasil (74%), Perú (66%) y Colombia (60%).

Estos países proporcionan una buena cantidad de información a sus ciudadanos lo que demuestra que es posible lograr transparencia siempre que haya suficiente disposición por parte de los gobiernos para ser abiertos y responsables ante los ciudadanos.

La falta de transparencia permite a los gobiernos esconder gastos por

ejemplo: En Guinea Ecuatorial, un país rico en petróleo, el presidente

gastó 35 millones de dólares en una casa de veraneo en Malibú, California.

Arabia Saudita, que cuenta estimativamente con 400 mil millones de dólares en activos por ganancias petroleras, publica tan poca información que no queda claro ¿qué gastos se reportan en los documentos públicos y cuáles no?.

Como parte del presente «boom» en productos básicos, China ha realizado acuerdos con los gobiernos de Angola, Sudán, y la República Democrática del Congo para el desarrollo lucrativo de depósitos de petróleo y cobre. Poco se sabe sobre estos acuerdos, lo cual deja al público sin saber si los ingresos que los gobiernos reciben de estos proyectos van a las arcas públicas para beneficio de la gente, o si se queda en manos de los funcionarios públicos.

El acuerdo de paz de 2005 en Sudán exigía la publicación del ingreso por la explotación petrolera, pero el gobierno en Jartum y el de Sudán del Sur no han proporcionado dicha información. Esto lleva a la sospecha que el dinero ha sido usado para comprar armas y no para aliviar la pobreza. Esta situación amenaza la estabilidad del acuerdo de paz.

El gobierno de Nicaragua se rehúsa a dar cuenta de los fondos que recibe del gobierno de Venezuela, rico en petróleo. Estos recursos habrían sido usados aparentemente para préstamos no documentados a compañías ligadas al gobierno y a modo de recompensa mediante proyectos en tierras públicas.

El Índice de Presupuesto Abierto está dirigido a orientar a: legisladores, activistas de la sociedad civil, periodistas, investigadores, académicos, diseñadores de políticas, economistas, especialistas en desarrollo y otros interesados en el uso de los recursos públicos.

Su objetivo es proporcionar una serie de medidas fundamentales que los funcionarios públicos podrían adoptar para mejorar el desempeño de sus presupuestos.

Existe evidencia de que cuando los ciudadanos tienen acceso a la información y oportunidades de participar en el proceso presupuestario, pueden mejorar las decisiones respecto al uso de los fondos públicos y utilizarlos más efectivamente. De esta manera, la asignación de recursos públicos escasos es más equitativa y efectiva.

Por ejemplo: En México, Fundar, una organización no gubernamental, encontró que el presupuesto no asignaba fondos para combatir la pérdida de vidas durante el parto y abogó de manera exitosa para que se asignaran fondos para cuidados obstétricos de urgencia, especialmente en áreas rurales.

En India, Mazdoor Kisan Shakarti Sangathan, una organización de pequeños agricultores y trabajadores, recopiló información presupuestaria para descubrir instancias de corrupción, tales como la existencia de nombres de personas fallecidas o ficticias en nóminas de personal, así como pagos por trabajos nunca realizados.

El primer Índice de Presupuesto Abierto, abarcó 59 países, el último incluye 85 países elegidos con la finalidad de brindar una muestra geográfica balanceada de países en el mundo.

En los 59 países donde se repitió el estudio, se registró una ligera mejoría en algunos de los países. Según los datos comparativos de los dos primeros índices, las mejoras en el desempeño se pueden atribuir principalmente a cambios en las políticas gubernamentales.

Por ejemplo, en Bulgaria y Croacia el deseo de unirse a la Unión Europea llevó a una mayor transparencia en el presupuesto. Entre otros países que mostraron mejorías están Ghana, Egipto, Uganda, Georgia, Indonesia, El Salvador, Ecuador, Mongolia, y Marruecos.

Todos lo gobiernos incluidos en el estudio tienen páginas web en funcionamiento en las que se podría publicar información disponible, si deciden hacerlo o emplear otros medios para masificar la distribución del mensaje.

El IPA 2008 encontró que los gobiernos de 17 países producen Presupuestos Ciudadanos, incluyendo Angola, Uganda, India y Ghana, aunque hay variaciones en la cantidad de información que proporcionan. A pesar de que esto representa un mejoramiento con respecto a 2006, cuando se producían solamente en 10 países, la gran mayoría de los países (80%) no producen ningún documento de este tipo.