Los ingresos, la inversión pública y los saldos de la Prefectura de Chuquisaca fueron algunos aspectos analizados ayer en el taller «Acceso a la información sobre presupuestos públicos y participación política», organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Respecto a la estructura de ingresos se conoció que el aparato prefectural subsiste en gran medida de las transferencias corrientes del Tesoro General de la Nación (TGN), de los créditos externos y otras fuentes menores.

En un análisis comparativo presentado por el facilitador del taller, Juan Luis Espada, quedó claro que los ingresos propios del Gobierno Departamental representan una miseria frente a los ingresos por hidrocarburos.

«Para el 2007 por cada 100 bolivianos que recibía de ingresos fiscales por hidrocarburos, la Prefectura generaba 17 bolivianos de ingresos propios en tanto que para 2008 sólo generó 7 bolivianos», explicó el economista del CEDLA.

A partir de estos datos, consideró muy necesario diversificar los ingresos para hacer frente a la fuerte dependencia a las transferencias fiscales que provienen sobre todo de la renta del gas. El reto planteado fue trabajar «un patrón de desarrollo alternativo».

INVERSIÓN Y SALDOS

La inversión pública fue otro punto de análisis y diálogo con los invitados al taller.

Los facilitadores hicieron énfasis en los recursos no ejecutados. Por ejemplo, dijeron que en el ámbito nacional, las prefecturas dejaron saldos por encima de los 2.500 millones de bolivianos. En el caso de Chuquisaca el monto ascendió a «Bs 427 millones que no se han ejecutado y que están en sus cuentas fiscales».

En ese momento surgió la interrogante de que ¿si las prefecturas tienen plata porque entonces no pueden generar empleo?, también se preguntaron ¿por qué los recursos no se pueden ejecutar? Javier Gómez, director ejecutivo del CEDLA, respondió que no sabe y por ello son burlados «cuando se acerca a las instituciones para demandar proyectos y les dicen que no hay plata».

Asimismo se analizó la situación del acceso a la información pública y su importancia para la cualificación de la participación política ciudadana.

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