Silvia Escóbar de Pabón¹

 

CEDLA, 18 de junio de 2012.- Las estadísticas oficiales muestran que el trabajo infantil es un problema estructural enraizado en nuestra sociedad (INE, con cifras de 2008). Considerando a las personas menores de 14 años (edad mínima establecida para trabajar en Bolivia) que hubieran realizado alguna actividad económica por lo menos durante una hora a la semana, se estima que 23 de cada cien niños y niñas entre 5 y 13 años trabaja en el país, 11 de cada cien en las ciudades y 60 de cada cien en el campo. En cifras absolutas, el trabajo infantil alcanza a 491.000 niños y niñas, a 181.500 en el área urbana y a 310.000 en el área rural. Es decir, dos de cada tres menores que trabajan viven en el campo. En las dos áreas, la proporción de niños es ligeramente superior a la de las niñas (53%).

La mayoría trabaja en una actividad o negocio familiar (77%), o lo hace por su cuenta (19%). Un porcentaje menor –que no llega al 4% en las ciudades ni al 3% en el campo– trabaja como asalariado. Este es un cambio respecto a las décadas anteriores, debido a la sustitución de la demanda de trabajo infantil por la abundante mano de obra adolescente y juvenil, dispuesta a trabajar por bajos salarios para no caer en el desempleo.

Sin embargo, esto no debe llevar a desconocer que existe alta presencia de trabajo infantil asalariada en el seno de familias que trabajan para terceros, con remuneraciones a destajo. Esta forma de contratación que promueve el trabajo infantil es muy visible en actividades agrícolas, manufactureras y mineras, pero no se refleja en las estadísticas con la magnitud que alcanza.

Además del trabajo en actividades económicas, la mayor parte de los niños y niñas (85%) asumen responsabilidades en el ámbito del trabajo doméstico, sustituyendo incluso a las que tiene los padres en el cuidado de los menores o la preparación de alimentos, para mencionar las menos propias de su edad.

La incorporación prematura de los niños y niñas al mundo del trabajo remunerado y doméstico está sometida a intensidades diferentes; es mayor en el campo que en las ciudades, pero siempre interfiere con el ejercicio de sus derechos a la educación, la salud, el descanso, el esparcimiento, entre otros. Una muestra de esto es que aún cuando la mayor parte de ellos no deja la escuela cuando trabaja, presentan bajos resultados de aprendizaje, menores rendimientos en asignaturas centrales como lenguaje y matemática, altos índices de rezago y deserción escolar.

Con frecuencia se pregunta sobre los ingresos que perciben los niños que trabajan y su importancia en el ingreso familiar. Desde una perspectiva de derechos, lo central no es saber cuánto ganan, sino precisamente cuánto pierden por trabajar siendo niños en términos de su bienestar inmediato y futuro. Al respecto, son también muchas las evidencias que muestran al trabajo infantil como el punto de partida de historias laborales precarias o como un mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza.

El desafío entonces es luchar contra el trabajo infantil, pero no eliminándolo por decreto, sino a través de la acción, creando desde el Estado y la sociedad las condiciones para incidir en los factores estructurales que lo originan. Es decir, actuando para trasformar el contexto económico, laboral, social y político que sigue propiciando la distribución desigual de la riqueza y de los ingresos, profundizando la desigualdad social. Actuando para cambiar las condiciones generales del mercado de trabajo para los adultos y sancionar la demanda de trabajo infantil. Pero también, actuando para modificar las concepciones culturales que naturalizan el trabajo de los niños y las niñas y que transmiten la idea de la imposibilidad de su erradicación.

En esta perspectiva, un punto de apoyo importante es la baja tolerancia de la población al trabajo infantil; una encuesta reciente realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) muestra que el 80% de la población que vive en las ciudades capitales manifiesta una baja tolerancia al trabajo en edades tempranas. Detrás, pero con un firme rechazo se encuentra la población que habita en el resto urbano (64%). Solo la población que vive en el área rural es más tolerante, aunque más de la mitad todavía se pronuncia por su erradicación 56,7%, sin distinción de sus formas, como suelen definir los operadores de políticas.

En estos términos, más allá de las percepciones o las posiciones sobre este fenómeno, el imperativo es encontrar los mejores caminos para avanzar en el respeto integral de los derechos humanos de los niños y niñas para que disfruten de una vida plena y digna, rompiendo el círculo vicioso que se engendra con el trabajo infantil.

 

Nota:

1. Socióloga. Investigador del CEDLA.