En la medida en que la “reforma agraria” del MAS no ha tocado —ni va a tocar— los intereses de los terratenientes y grandes empresarios agrícolas y ganaderos (nacionales y extranjeros) que concentran las mejores tierras y gran parte de la producción agrícola y ganadera del país, el nuevo curso de la “reforma agraria” del gobierno de MoralesAyma tendrá la siguiente orientación.

En primer lugar, distribuirá las tierras fiscales disponibles, que son fundamentalmente forestales, para su conversión en áreas de producción agrícola o ganadera. En segundo lugar, consolidará legalmente los asentamientos de colonizadores sobre TCO y parques nacionales ya existentes y promoverá mayores asentamientos en este tipo de territorios con el argumento de la necesidad de inversiones estatales en infraes-tructura vial. En tercer lugar, “identificará” tierras con supuesta vocación agrícola o ganadera en parques nacionales para su posterior distribución. Y, en cuarto lugar, seguirá protegiendo a la mediana y gran propiedad agropecuaria.

La estructura agraria que ha consolidado la reconducción comunitaria de la reforma agraria, la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria  agropecuaria”, la propuesta de ley de tierras de la CSUTCB, las reiteradas declaraciones de dirigentes campesinos oficialistas en sentido de “auditar” a las TCO para identificar tierras supuestamente excedentarias, las intenciones gubernamentales en relación a la construcción de una carretera que atraviese el TIPNIS y las conclusiones del denominado “Encuentro Plurinacional”, son señales que permiten inferir  la orientación de la futura política de tierras del gobierno.

Es preciso remarcar que lo que el gobierno considera verdaderamente importante en el plano de la producción agrícola, según el vicepresidente García Linera, es consolidar una alianza estratégica entre el Estado y los agroindustriales que permita a estos ampliar la frontera agrícola “por lo menos hasta 8 millones de hectáreas” pues, como se ha visto, cuentan con las tierras suficientes para ello. Esta será, entonces, la efectiva orientación de la política agraria gubernamental ya que, como lo señala esta autoridad de gobierno, “la prioridad del Estado no es competir con el empresariado sino invertir en grandes obras de infraestructura para potenciar y ayudar a los productores privados”.

En este sentido, y a contramano de las elucubraciones teóricas subjetivistas del MAS acerca de la posibilidad de construir una economía agraria pluralbasada en los principios de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad,redistribución e igualdad entre formas de producción o de propiedad, lo cierto es que —como hemos demostrado en este documento— es más bien la denominada “economía empresarial” beneficiada por las políticas agrarias y de tierras del gobierno del MAS la que va concentrando la producción en desmedro de la pequeña producción parcelaria campesina o de la “economía comunitaria”, como le gusta llamarla al MAS.

A futuro estas tendencias se agudizarán, pues el gobierno, a nombre de la construcción de la “economía plural”, encontrará siempre el justificativo—ante sus seguidores y ante los incautos— para seguir apoyando en la práctica a la economía empresarial agroexportadora. Es decir, seguirá promoviendo el patrón de desarrollo agrario neoliberal que inicialmente criticó y que, en los hechos, fue incapaz de superar.