Ingresamos en el nuevo año con el debate sobre el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, particularmente sobre el trabajo infantil. Aunque ya fue aprobado el 18 de diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados, quedaron sueltos algunos cabos debido a las demandas manifestadas por los niños, niñas y adolescentes trabajadores con relación a la edad permitida para trabajar.

Dado el elevado número de trabajadores menores de 14 años, el trabajo infantil debería ser debidamente abordado tanto por la ley como por las políticas gubernamentales.  En cifras absolutas, según información del Instituto Nacional de Estadísticas, existen casi 500.000 trabajadores menores de 14, casi dos terceras partes en el campo y el tercio restante en el área urbana (Escóbar: 2011).  Si  bien la ley busca regular el trabajo infantil desde los 14 años, continúa el vacío en cuanto a políticas y estrategias para reducir la necesidad u obligación de trabajar de los niños mejorando sustancialmente los ingresos y las condiciones de trabajo de los padres.  Si se toma en cuenta que 87de cada 100 niños con edades entre 5 a 17 años, trabajan en actividades peligrosas y dañinas para su salud, según datos del Ministerio de Trabajo (El Diario, 05/01/13), resulta urgente definir acciones que eviten que esta realidad se siga profundizándose.  

La Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) demanda que sus derechos en tanto trabajadores sean reconocidos y puedan acceder al seguro de salud y a otros beneficios (UNATSBO, Manifiesto: 2013) y, se les permita trabajar en condición de dependientes desde los 12 años (El Diario, 09/01/13).  Si bien estas demandas son justificadas por la realidad que representan, no oculta el riesgo que el trabajo de niños y niñas se legalice permitiendo al capital y a las empresas en general contar con fuerza de trabajo barata y en condiciones de trabajo precarias, tal como hoy en día viene reproduciéndose. En consecuencia, a nadie alegra que los niños trabajen “legalmente” desde los 12 años, menos hoy cuando el mercado de trabajo se caracteriza por una alta precariedad laboral y adversa para el “trabajo” de los niños.

Se ha demostrado que el trabajo infantil crea un ciclo vicioso de la pobreza porque, si bien los niños pueden continuar estudiando, es altamente probable que el rendimiento y aprovechamiento escolar sea deficiente con relación a otros alumnos que no trabajen (www.ilo.org/ipec). En este sentido, los niños que trabajan y estudian al mismo tiempo en condiciones de desigualdad, no son precisamente los ciudadanos del futuro que todos deseamos.

¿A quién o a quiénes beneficia bajar la edad mínima para trabajar? Con excepción del capital y los empresarios de algunos rubros y sectores económicos, a nadie más. Amparar a los trabajadores desde los 12 años solo podría tener el efecto de incrementar el número de los niños que trabajen desde esta edad, esperando que las empresas abran sus puertas a estos potenciales trabajadores. Trabajar desde los 12 años podría tener serias consecuencias  en la educación de los niños y niñas, en su salud, en su crecimiento emocional y en todos los derechos que les corresponde en tanto niños. El trabajo infantil, particularmente aquel en condiciones de explotación es evidencia de pobreza y desprotección social extrema.