Mientras la difundida “informalidad” del empleo obstaculiza el cumplimiento de la cuarentena, su mayor precarización, como producto de la inactividad forzada de los trabajadores, puede convertirse en un agravante severo de la situación económica, en especial del empleo, advierte un reciente análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), que además sugirió acciones concretas de política pública.

“Los efectos negativos de esta forma de encarar la pandemia del coronavirus sobre la economía nacional, serán también particularmente abrumadores debido a dos circunstancias: la presencia de una elevada ‘informalidad’ en la estructura económica nacional y la ralentización sostenida del crecimiento económico en el último quinquenio, como producto de la caída del valor de las exportaciones, que ha desembocado en la presencia simultánea de déficit comercial y déficit fiscal”, señaló.

Dijo también que la reducida magnitud del Bono Familia no permite solventar ni siquiera una canasta básica alimentaria para una familia tipo, y el retraso en su pago contrasta con la intención gubernamental de vaciar las calles.

El Centro de Estudios llamó a atender con prioridad las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros, rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento.

Alertó que “un sesgo inopinadamente represivo” conspira en contra la eficacia de las acciones estatales y genera contraproducentes reacciones populares, por lo que no se justifica la asunción de posturas autoritarias.

“La superación de esta crisis, debería ser, al contrario, un escenario para reactivar y potenciar la iniciativa y la participación de la sociedad civil, en un marco de respeto y garantía del más amplio ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos de todo el pueblo boliviano”, añade el pronunciamiento.

SIETE PROPUESTAS El Cedla sugiere gestionar el diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa con organismos financieros internacionales y  países acreedores. También recomendó evaluar la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles, en dirección hacia una reforma tributaria más progresista. Otra alternativa que propuso es evaluar la necesidad de utilizar una parte de las Reservas Internacionales Netas para financiar la inversión en infraestructura de salud. Otro aspecto que debería considerarse, es la compra y estocamiento de minerales por parte del Estado para permitir la estabilidad del empleo y la subsistencia de las empresas estatales, las cooperativas y las pequeñas empresas productoras. Planteó, asimismo, que debería evaluarse alternativas para asesorar adecuar y/o reconvertir pequeñas industrias (proveedoras de insumos médicos, de bioseguridad, de alimentos y de otros bienes básicos) por el tiempo que dure la emergencia, con el objeto de garantizar el empleo. Señaló que existe además necesidad de establecer el seguro de cesantía para los asalariados que, en el corto plazo, podría financiarse con los recursos acumulados en el Fondo de Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social. Para generar programas de empleo de emergencia planteó usar aquellos recursos descontados a los gobiernos subnacionales con el fin de otorgar un incentivo a las empresas petroleras trasnacionales.

 LAS INDUSTRIAS El presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Ibo Blazicevic, expresó su preocupación por la situación en la que se encuentran las industrias. Señaló, citado por Urgente.bo que, si bien las medidas preventivas son las adecuadas y necesarias, las industrias no están dispuestas a continuar parando su producción después del 15 de abril, día en que fenece la declaratoria de cuarentena total, por lo que exigirán a las autoridades medidas que permitan reanudar sus operaciones.

Advirtió que sería “un crimen” permitir que las industrias continúen paralizadas porque se generaría una ola de desempleos y por eso se deben trabajar en protocolos de trabajo con medidas estrictas de bioseguridad que permitan que el aparato productivo progresivamente reanude sus operaciones.

“No podemos mirar que nuestras 30.000 industrias sigan paradas, eso sería un crimen, porque los empresarios no van a aguantar y vamos a perder los 106.000 empleos, no nos podemos dar ese lujo, en lo absoluto”, señaló.

El presidente de los industriales comentó que a nivel Bolivia existen 330.000 empresas, de los cuales 35.000 son industrias. Actualmente solo 1.300 industrias consideradas esenciales, como los que abastecen de alimentos y medicamentos, trabajan, lo que significa que hay 30.000 fábricas paradas.

Desde el Ministerio de Economía no descartan, previa evaluación, buscar nuevos sectores para otros bonos. Actualmente 10 millones de bolivianos en todo el país se beneficiarán de manera directa e indirecta de las medidas económicas, que estarán vigentes durante la cuarentena por el COVID-19. Según el ministro José Luis Parada, los bonos se pensaron, en principio, para sectores vulnerables.

EMPRESARIOS El sector empresarial, representado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), reiteró ayer, citado por ABI, su respaldo al Gobierno y presentó una serie de propuestas para reactivar la economía del país. Las sugerencias hicieron llegar al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, mediante una carta firmada por Rolando Kempff, presidente de la CNC, y Gustavo Jáuregui, gerente general.

El documento, titulado «Una mirada más allá de la emergencia», sintetiza más de 3.500 sugerencias enviadas por empresarios de todo el país y «pretende contribuir con soluciones y propuestas para superar estos críticos momentos, así como para construir de manera colectiva un nuevo modelo de desarrollo del país», cita la misiva.

Los empresarios quieren que se construya un nuevo modelo de desarrollo basado en la formalidad, la innovación y el emprendimiento con una visión inclusiva.

La CNC dividió sus propuestas en cinco acciones de efecto inmediato para que se ejecute a corto plazo (12 meses). Están: creación de un comité económico para atender la emergencia sanitaria; líneas de crédito para reposición de liquidez en las empresas; reducción de impuestos a sectores de comercio, servicios y turismo; flexibilización laboral y fondo de apoyo al empleo formal; e impulso a la inversión formal post COVID-19.

Las acciones a mediano plazo son ocho y son: reducción del gasto público y renegociación de la deuda externa; autonomías y pacto fiscal; formalización e impulso de la inversión privada; desarrollo de la cadena logística desde la perspectiva nacional y regional; acceso a créditos para la digitalización e innovación; reducción de impuestos para empresas y cambios en materia tributaria; modernización del Código Laboral, Código de Comercio y Código Tributario; e inversión en salud con mirada empresarial y social.