CRONOLOGÍA DE UNA CONTROVERSIA DOLOROSA

Llegaron cerca de 700. La caravana de sillas de ruedas y muletas vino hasta La Paz por un bono y no logró ni siquiera un diálogo conjunto. Con la separación del sector La Paz y el acuerdo con el Gobierno que éste suscribió, los que quedan son apenas unas decenas.

No fueron los gases lacrimógenos ni el frío, ni siquiera la violencia ni la pérdida progresiva de la dignidad. No hizo falta ni la razón ni la fuerza. No hubo que seguir conteniendo la rebeldía. Como un trámite más y sin encanto, fueron desapareciendo las vallas y las barreras. El muro metálico y fuertemente resguardado empezó a ser desmantelado como cuando se acaba una fiesta y llega la resaca. Ya no había razón de ser ni estar.

Después de casi 80 días, sin despedidas ni celebraciones, sin éxito ni derrota, la vigilia de las personas con discapacidad que se habían apostado frente al centro del poder para hacerle llegar una demanda y un llamado de atención sobre sus condiciones de vida, quedó agotada; y de lo que un día fueron bríos para defender una causa y enfrentarse con uñas y dientes, con palabras y hechos al poder político, sólo quedaba desorientación y frustración.

Con la última y definitiva división del sector de La Paz, el más numeroso de los que quedaban en la protesta (85% según las autoridades), la que fue la movilización más dura y conmovedora de que hayamos sido testigos los bolivianos en los últimos tiempos, por su alto grado de exclusión, pobreza y sufrimiento, empezó a desvanecerse. Sola y simplemente, se hizo invisible.

El 25 de abril de este año, después de una larga y tortuosa caminata de aproximadamente 400 kilómetros (los que separan a Cochabamba de La Paz), aproximadamente 700 personas con diferentes tipos de discapacidad, entre ellos niños, ancianos y familiares de los mismos, llegaron a la sede de Gobierno en una caravana inusual e interpeladora: en sillas de ruedas, empujados por carritos manuales, algunos con muletas, decidieron mostrar cómo son y cómo viven no solamente a las autoridades, de quienes reclaman un bono de 500 bolivianos, sino a todo un país que sabiéndolos los ignora.

La demanda

Todo ha sido exceso en este conflicto. Y es que hay veces que sólo el exceso puede llamar la atención. El bono anual de 1.000 bolivianos que recibe la población con discapacidad –que según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) alcanza aproximadamente a 151 mil personas en todo el país- es visto como insuficiente hace mucho tiempo.

Las dirigencias –como es tradición en el país, la población más vulnerable dentro del sector autodenominado como «discapacitados” se ha reunido en asociaciones departamentales para hacer más efectivas sus demandas- han ido exigiendo, también de acuerdo a la lógica rentista que nos gobierna, un incremento del subsidio que actualmente reciben (Bs 1.000 ).

Según el sector, la renta que reciben es insuficiente para cubrir sus necesidades elementales y necesitan un aporte mensual; por otro lado, denunciaron que gran parte de la población «discapacitada” no cuenta con una fuente de ingreso, sufre diversos tipos de discriminación y no accede a oportunidades de salud, educación y mucho menos de empleo.

Esta radiografía, en La Paz ha podido ser vista y visitada como en un museo viviente por la ciudadanía y las autoridades –aunque estas últimas en menor grado, pese a tenerlos enfrente- y ha abierto un debate que nunca fue ni empático ni plural.

Las condiciones en que vive la población con algún tipo de discapacidad en el país no pueden ser menos excluyentes y discriminadoras. A pesar de una ley que los ampara (Ley 223 para personas con discapacidad) y que presuntamente les garantiza una existencia digna y el acceso a servicios y atenciones elementales, el retrato que brindaron las 700 personas que llegaron a La Paz con un sacrificio impensable para cualquier sociedad democrática, es más ilustrativo que las cifras que se manejan.

Gran parte de las personas con discapacidades graves –aquellas que tienen problemas para desplazarse o no pueden hacerlo; aquellas con discapacidades auditivas, del habla o de la vista; o aquellas con deficiencias neurológicas- no consiguen insertarse en la sociedad, no tienen recursos para llevar una vida digna; no acuden a centros de atención especializados –los hay muy pocos y sólo en las principales ciudades del país-; son en su mayoría analfabetos o no han cursado el bachillerato completo y muchos menos tienen un oficio o profesión; y dependen del cuidado de familiares o personas cercanas.

Además, viven en y de la mendicidad, y prácticamente su única aspiración es contar con algo de dinero para solventar sus necesidades más elementales.

No es No

Desde que empezaron las movilizaciones de la población discapacitada este año en Cochabamba y antes que emprendieran la marcha hacia La Paz, la posición gubernamental ha sido invariable: no es posible el pago de un bono de 500 bolivianos.

El viceministro de Tesoro y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, dijo que en caso de acceder al pedido de los discapacitados, el costo del beneficio pasaría de Bs 22,1 millones a Bs 368 millones al año, cifra que está por encima del presupuesto que se asigna a las gobernaciones, lo que hace inviable la demanda.

Recordó que la renta solidaria de Bs 1.000 se paga con el dinero que antes se financiaba a los partidos políticos y que suma Bs 40.000.000, recursos con los fue creado el Fondo Nacional de Solidaridad y de Equidad. Este monto, agregó, se divide en dos partes, el 50% para la política asistencialista (pago de la renta) y el resto para proyectos que beneficien a ese sector en los ámbitos educativo, salud, laboral y otros.

El presidente Evo Morales fue, también enfático: «Es imposible de atender”, dijo sobre la demanda del bono. «Un pequeño grupo de personas con discapacidad (tiene) su pedido de 500 bolivianos, eso se hace como 400 a 500 millones al año, es como el presupuesto de dos departamentos”, sostuvo.

El Primer Mandatario manifestó que se dieron numerosos beneficios a las personas con discapacidad y dio el ejemplo de que se construyeron sedes para ellos en diferentes departamentos.

En contraste con las declaraciones presidenciales y oficiales, se debatió que las sedes departamentales poco pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de esta población y que ni siquiera ciudades como la sede de Gobierno se han ocupado de ofrecer condiciones de tránsito o trato especial en espacios públicos para quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Catarsis y abandono

Pero, un escenario ha sido el de la negociación y el diálogo –que no hubo-, y otro el que se hizo parte de la retina y cotidianidad de los paceños.

La Paz, que suele ser anfitriona de las grandes movilizaciones sociales, no se había sentido nunca tan cuestionada como conmovida. La presencia de un contingente de personas sin otra posibilidad que la de permanecer postrada frente al centro del poder con un pedido desahuciado de principio, generó un efecto de solidaridad en la ciudadanía. O de catarsis, porque las primeras semanas de la estadía de 77 días dieron lugar a un estallido de generosidad y caridad que, aunque frecuente en esta sociedad, tuvo rasgos de expiación de culpas: familias enteras peregrinaron a la ciudadela que se fue asentando en pleno centro; la ciudadela de la miseria y el abandono.

Mientras los discapacitados se organizaban en plena calle, primero en colchones y luego en carpas para resistir el frío, y se las ingeniaban para atender a los que caían enfermos y alimentar a todos, la gente les aportaba vituallas, ropa, mantas, medicamentos y una diversidad de enseres que veían prescindibles en sus hogares. Fue tal el caudal de donaciones diarias que en pocas semanas el campo de vigilia se parecía a un mercado de cosas usadas. Sólo la presencia estoica de los movilizados permitía advertir las diferencias: sumidos en la ropa donada vencían al frío, y al hambre lo enfrentaban con raciones de comida que llevaban itinerantes grupos de ciudadanos compasivos.

El Estado no tuvo -aunque tampoco quiso- que ocuparse por ellos. A pocos pasos de la vigilia, la gestión pública se las arregló para seguir su curso. Sólo de tanto en tanto alguna autoridad se acordaba de insistir que su petición era imposible y que su radicalización e intereses políticos les impedía aceptar lo que ellos, generosamente, sí querían ofrecer. Como el vals peruano, fue más indiferencia y olvido, que rencor.

De más a menos

Hubo un momento en que la unidad en torno a la demanda de un bono, parecía inquebrantable. Juntos administraban los escasos recursos para sobrevivir, juntos escribían papeles con la sangre que (unidos) se extraían unos a los otros…. Juntos fueron reprimidos y abusados por las fuerzas policiales, pero juntos se levantaron de nuevo para insistir en que nada los movería de su posición.

Pero, como el virus que contamina silencioso, poco a poco la división se fue instalando entre ellos. Primero se fueron los que contaban con más recursos y/o familiares para sacarlos de ese tormento; luego, algunos dirigentes fueron pactando acuerdos menores y retirándose discretamente. Menos discreta fue la intervención del nuevo Defensor del Pueblo, que nunca llegó a ejercer un rol intermediador –nadie en realidad pudo hacerlo- y que «con sus propios recursos” ayudó a un puñado de manifestantes a regresar a sus ciudades de origen.

Los que quedaban, sin nada ya que perder, decían que nunca se irían, y aún sin la esperanza de lograr su conquista, decían estar dispuestos a morir por ella. Sin embargo, la cantidad de carpas fue menguando, al igual que las energías. Sólo un grupo de jóvenes voluntarios, unidos por una coincidente y rara vocación de servicio, permanecía dando aliento y ayuda a los que iban quedando. El ambiente pasó de la rebeldía a la resignación.
Desde el centro del poder llegó una amenaza. Primero encubierta, cuando uno de sus miembros, un joven parapléjico, fue acusado de abusar sexualmente de una de sus compañeras: Juan C. fue encarcelado rápidamente y el caso quedó sellado. La siguiente amenaza fue a las autoridades municipales: no se podrían realizar las fiestas julianas si la plaza Murillo seguía sucia e intransitable. Así, de pronto, llegó el desenlace.

El sector La Paz, encabezado por su dirigente Jorge Flores, decidió separarse del grupo para firmar un acuerdo de 42 puntos con el Gobierno y dar por resuelto el conflicto. A los que quedaban, se les ofreció trasladarlos a un coliseo de la UMSA y ellos –que declararon traidor al dirigente Flores- anunciaron que continuarán con su pedido.

Como una señal, el defensor del Pueblo, David Tezanos anunció que intercederá para que a las personas con capacidades diferentes, se les dé una alternativa. ¿Cuál?, ¿cuándo? Nadie sabe.

Florentina, una insignia

Sólo algunos perros que ya saben que su hambre histórica puede ser saciada con los restos de comida que en enormes cantidades se depositan en la esquina de la calle Junín e Indaburo, son capaces de entorpecer la ternura del cuadro: Lilian cumple nueve años y ese sábado se han dado cita los payasos, la torta, las canastitas y los aplausos para celebrarlo.

La basura causa mal olor, y también otros desechos, pero cuando se empieza a caminar por la intersección de calles que se ha hecho ya un pequeño barrio de carpas y trastos, la normalidad atrapa.

Es un día más, de tantos que se van sumando en una tranquilidad que parece eterna. ¿Dónde está la Florentina?, es la pregunta. Y junto a la respuesta llega la asistencia, como de un guía turístico, de Alejandra Nuñez del Prado. «Es que se ha movido, ya no está en el lugar de siempre porque está enferma”, explica la joven voluntaria que en ese momento hace guardia y orienta los pasos al lugar correcto.

Allí, en efecto, está Florentina. Está pero no es. Envuelta en varias capas de mantas y edredones, Florentina ha perdido el brío con el que pese a ser parapléjica de nacimiento, analfabeta y estar sola, llegó a la vigilia.

Ella, que es de Cochabamba, partió de Caracollo en una silla de ruedas prestada y así arribó a La Paz. Diabética, epiléptica y con todas las limitaciones propias de su condición, Florentina era una de las más activas y comunicativas. Recordaba todo detalle y era capaz de seducir con sus historias a los visitantes. Coqueta y simpática, lograba que muchos y muchas quedaran encantados y se comprometieran a traerle algunos de sus antojos, como sopita de maní. Fue así que, con la sonrisa de lado a lado, logró que le donaran una silla de ruedas, para devolver la prestada y poder movilizarse de un lado a otro como le gustaba. Fue así también que se ofreció a colgarse en la pasarela de la Pérez Velasco, cuando sus compañeros lo hicieron esperando poner fin al silencio y la indiferencia del Gobierno. No la dejaron, pero con su silla de ruedas iba y venía por dónde le parecía.

¡Qué sensación de independencia!

Pero el gusto duró poco, menos de lo ella calculaba. En la protesta en que sus compañeros fueron golpeados, mojados y gasificados por pretender entrar a la plaza Murillo, un policía arremetió contra ella y la silla se rompió.

Luego llegó la gripe, y los malestares que parecían haberse ido con la adrenalina de la marcha y las protestas, se instalaron en ella con más fuerza que nunca. Florentina parecía desfallecer, y aunque no se rindió, la energía era infinitamente menor. No recordaba algunos rostros y ya no tenía ganas de relatar sus historias. Abandonada a su suerte, ya no preguntaba: «¿crees que nos den el bono?”, apenas insinuaba una decisión: «yo creo que acá me quedo, hasta morir me he de quedar”.

Florentina está entre los quedados, los que irán a parar quién sabe dónde, como los sueños que los trajeron y que ahora sólo son parte de un recuento de hechos.

El perfil de un sector vulnerable
Cantidad La Encuesta de hogares del INE-2014 reporta un total de 151.882 personas que viven con algún tipo de limitación permanente, informa Giovanna Hurtado Aponte del CEDLA.
De los casos La mayoría de las personas que tienen alguna limitación tienen edades que están por encima de los 49 años (60%),
La auditiva Los casos más comunes de discapacidad corresponden a la limitación auditiva, según esta investigadora.
Oportunidad Hurtado también indica que el 29,7% de esta población no tuvo ningún tipo de oportunidad de ingreso al sistema educativo.
Labor La investigadora explica que en 2014, seis de cada diez personas con discapacidad no tenían trabajo y no estaban disponibles para trabajar.
El porcentaje Hurtado explica que las personas con algún tipo de limitación permanente que tienen un trabajo representan el 1% de todos los ocupados del país con 54.190 personas.