El Gobierno expulsó del país a Usaid en 2013, luego echó a la ONG IBIS por supuesta injerencia y conspiración. Una ley exige la regularización de licencias.

El presidente Evo Morales advirtió ayer que enfrentará políticamente a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) «que conspiren” contra su gobierno, pero dio la bienvenida a las que trabajen y se sumen al proceso cambio.

«Si hay ONG financiadas especialmente por el imperio norteamericano es para conspiración, mientras seamos gobierno (sean) bienvenidas las ONG que aporten con su experiencia y su conocimiento, (eso) respetamos, pero ONG que vienen a conspirar, ahí estamos enfrentados políticamente”, advirtió.

Las críticas a las ONG se reavivaron después de que el Tribunal Constitucional declarara la constitucionalidad de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, promulgada el 19 de marzo de 2013, que obliga a las entidades no gubernamentales, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro a adecuar sus estatutos y reglamentos para obtener su personalidad jurídica.

La entidad que no cumpla con los requisitos de la norma sufrirá la reversión de su personería jurídica y dejará de funcionar.

Varias organizaciones observaron la norma porque viola el derecho a la libre asociación garantizada por la Carta Magna.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, respondió que las ONG «no pueden hacer política en el país” y tampoco «ponerse en contraposición de la Constitución, de las leyes y del propio Estado, (eso) no se admite en ninguna parte del mundo”.

En esa línea, Morales ayer manifestó que «las ONG que se suman, que trabajen (tienen) nuestra admiración”, pero repudió a las entidades que «están recibiendo plata para conspirar contra nuestro gobierno, contra la democracia no sólo legal, sino legítima” y advirtió que Bolivia ahora vive otros tiempos.

«Ahora con la conciencia del pueblo hay democracia, y se hace un plan, a ese plan deben sumarse. Ya se han sumado algunos compañeros, ese es el trabajo conjunto para que Bolivia siga creciendo”, indicó.

En mayo de 2013, Morales expulsó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), acusada de injerencia política en los sindicatos campesinos y de conspirar contra su gobierno.

Más tarde echó a la ONG IBIS por presunta injerencia política y luego, en 2015, amenazó con expulsar a las fundaciones Tierra y Milenio, al Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB) de Cochabamba y al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) porque supuestamente hacen política y mienten.

El domingo, el ministro Siles dijo que un 99% de las entidades sin fines de lucro están adecuando sus estatutos a la Ley 351 con excepción del CEDLA.

Las críticas del Gobierno contra las ONG se endurecieron desde las marchas de los indígenas en defensa del parque TIPNIS que pretendía ser atravesado con una carretera entre Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).

Personería en trámite

Personalidad El ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó el fin de semana que el 99% de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), adecúa sus estatutos y reglamentos internos a la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas a excepción del CEDLA, que paralizó su trámite desde mayo de 2015.
Crítica El relator especial de la ONU calificó la Ley 351 y su decreto reglamentario como «un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación” de las organizaciones no gubernamentales.

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