El pasado martes 26 de abril, Página Siete editorializó sobre diferencias en las tasas de desempleo que aparecen en publicaciones y declaraciones oficiales. Es muy cierto que no todos aceptan como exactos los datos del INE, pero, en mi opinión, insistir en debates sobre estas cifras oculta la verdadera naturaleza del complejo problema del empleo y, como consecuencia, impide identificar las acciones pertinentes para resolverlo.

Hace tres años, en este mismo medio, enumeré cinco aspectos que destacan en el debate sobre el empleo en Bolivia, y que muestran que la Tasa de Desempleo Abierto (urbano o rural) no expresa nuestra dramática realidad. El primero es, por cierto, la propia Tasa de Desempleo Abierto, en relación con cómo la mide el INE, qué realmente mide (los grados de subempleo), o en la incidencia del desempleo en los grupos sociales o económicos. Así, para algunos, tiene prioridad el desempleo de grupos vulnerables, como mujeres o jóvenes, pero es obvio que si el jefe del hogar (hombre o mujer) tuviera acceso a un empleo dignamente remunerado, los jóvenes no estarían forzados a entrar al mercado laboral y podrían dedicar sus esfuerzos a lograr una sólida formación técnico-profesional para la producción.

El segundo ámbito es la calidad y la «formalidad” del empleo. Se sabe que cuatro de cada cinco personas ocupadas (el 80%) están en actividades de muy baja productividad y con diferentes grados de precariedad. La Mesa de Concertación Productiva de El Alto, en 2012, señalaba que en tanto las políticas tributarias estén guiadas por metas de recaudación y no por objetivos estratégicos de desarrollo productivo, la informalidad es una condición casi necesaria para la existencia del empleo por cuenta propia.

Pero, además, estimaciones recientes del Inaset, CIDES, Inesad o CEDLA, con base en datos del INE, concluyen que cuando menos el 70% de los empleados no tienen protección de la seguridad social ni a corto ni a largo plazo y que no más del 20% de la población ocupada tiene el beneficio de vacaciones o aguinaldo; es decir, ¡tener pega no implica necesariamente tener empleo!

El tercero se refiere a cuánto empleo cada sector (construcción, comercio, etcétera) reclama ser capaz de crear, pero sin considerar criterios básicos de valor agregado, productividad o de sostenibilidad. Estas omisiones impiden distinguir entre empleo digno, ocupación o auto-explotación laboral. Por ello no se analizan los efectos negativos que, por ejemplo, tiene la creciente ocupación en microcomercio ligado al contrabando (y alentado por el microcrédito) sobre las otras actividades capaces de generar empleo más productivo: implica que no todos los «empleos” son iguales ni son deseables.

El cuarto se refiere a los criterios usados para remunerar el trabajo. Desde 2006 se aplica la tasa de inflación como base de reposición del poder adquisitivo y el sueldo del Presidente del Estado como el techo para «sectores no estratégicos”. Ninguno de estos criterios es relevante para mejorar la distribución del ingreso y asegurar que las mejoras en la productividad y el crecimiento de la economía se trasladen de manera equitativa y oportuna a los trabajadores y a sus hogares por la vía de los salarios y de las remuneraciones. De hecho, la CEPAL en sus informes económicos para América Latina y el Caribe coloca a Bolivia en los últimos lugares en relación con el crecimiento del salario medio real.

Finalmente, la mayoría de las acciones públicas y las de la cooperación ignoran el desarrollo de las políticas de empleo y se limitan a ejecutar proyectos de mercado laboral: endurecer la Ley General del Trabajo, aumentar el salario mínimo, acceso al financiamiento y el microcrédito, programas de capacitación laboral, de «empleabilidad” y, naturalmente, empleo de emergencia que, con cierta regularidad, se aplican desde 1986. Ninguna de estas acciones elimina las causas estructurales que impiden crear puestos de trabajo dignamente remunerados.

En suma, los debates sobre el empleo se diluyen discutiendo los medios y no los fines, los síntomas y no las causas. Crece la trivialización del problema, se acentúa el uso de «empleo” como sinónimo de «ocupación” y, con el eufemismo de emprendedorismo, tapamos el cuenta-propismo al que muchos ciudadanos están forzados por la incapacidad estructural de nuestra economía para crear oportunidades económicas productivas y de ingreso digno.

En consecuencia, reitero la necesidad de abordar, en serio, el debate sobre crecimiento, empleo y distribución del ingreso. El empleo digno no es un tema de política social: la creación de puestos de trabajo productivos, en un marco de equidad e inclusión, es la condición básica para aumentar el ingreso real de los hogares y es determinante para mejorar el desarrollo humano.

Por ello, el desafío central no es tener, sin mayor precisión, baja tasa de «desempleo”, es colocar el empleo digno como el objetivo fundamental de las políticas de desarrollo; asumir que la fuente de la riqueza es el esfuerzo humano, no los recursos naturales; y que las personas y sus hogares deben ser los destinatarios directos, y finales de los beneficios del crecimiento, no el Estado ni, menos, solo los dueños del capital.

¿Podemos asumir, pero en serio, los cambios estructurales que esto implica para dar contenido real a los discursos sobre el empleo?

Enrique Velazco Reckling, Ph.D.

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