Mientras en el exterior se postula la protección de la Madre Tierra, en Bolivia se emprenden proyectos como desmontes y explotación de hidrocarburos en parques.

Juan Carlos Véliz M. / La Paz

En Bolivia, la Pachamama o Madre Tierra tiene vida, es «sagrada” y tiene derechos. Sobre ella se han escrito y proclamado inspiradoras declaraciones y recientemente el presidente Evo Morales en la ONU planteó la disyuntiva: ¡Pachamama o muerte!

La prédica fascina sobre todo en el exterior; sin embargo, en Bolivia las acciones gubernamentales en la última década develan que el modelo desarrollista está asfixiando a la Madre Tierra y contradicen el discurso «pachamamista”. Página Siete cotejó algunos de los postulados gubernamentales sobre la Pachamama y los hechos.

En 2006, el Gobierno presentó un Plan Nacional de Desarrollo que debía desmontar el modelo de desarrollo primario exportador con la diversificación de la matriz productiva; sin embargo, 10 años más tarde la principal fuente de ingreso es la venta de gas y se proyecta la explotación de hidrocarburos en reservas naturales y territorios indígenas.

En septiembre de 2007, el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista realizada por la socióloga Maristella Svampa y Pablo Stefanoni explica que si el Estado es el principal generador de riquezas, debe comenzar a transferir recursos y tecnología hacia los sectores microempresariales y campesinos. «Ahí, este proyecto se distancia del desarrollismo que predominó en los años 40 y 50”.

Carlos Arze, investigador del CEDLA, afirma que no hubo ningún giro de timón en el Gobierno sobre su modelo de desarrollo sino fue siempre el de 2006. Svampa, en una entrevista con este diario en octubre de 2015, reconoció que la corriente desarrollista del Gobierno se impuso a la línea ecologista encarnada por el canciller David Choquehuanca.

No es para menos, mientras el Presidente arenga «¡Pachamama o muerte!” en las Naciones Unidas en el mismo día en que 155 gobiernos firmaron el acuerdo climático de la COP21 de París, en Bolivia está prevista la deforestación de al menos tres millones de hectáreas de bosque hasta el año 2030, lo que para Pablo Solón, exembajador de Bolivia en la ONU y especialista en cambio climático, va en contrarruta de lo establecido en el acuerdo climático porque no ayuda a reducir la temperatura del planeta.

Bolivia, en el documento que presentó a la cumbre climática de París en 2015, no habla nada de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

El Gobierno en reiteradas ocasiones defendió su programa de desarrollo que durante una década dio estabilidad económica al país. De hecho, en la Agenda Patriótica 2025 se ratifica que «Bolivia habrá consolidado un sector hidrocarburífero y minero con un significativo incremento de las reservas naturales de gas y de los recursos mineros y metales, garantizando que en su producción se utilicen las mejores tecnologías disponibles para prevenir, mitigar y remediar los daños causados y para restaurar los componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra que resultan de estas actividades”.

A esto se suma la meta de convertir a Bolivia en un centro energético de la región con la generación de energía eléctrica mediante hidroeléctricas, geotérmicas y otros proyectos que implican un alto impacto para la «sagrada” Pachamama como la exploración y explotación hidrocarburífera en parques y territorios indígenas.

En este escenario quedan aún abiertas las heridas del TIPNIS que en 2008 fue condenada en ser atravesada por una carretera asfaltada sin una consulta previa; no obstante, una marcha indígena histórica dobló el brazo al Gobierno mientras en Takovo Mora, indígenas guaraníes fueron reprimidos brutalmente porque demandaron consulta previa para la explotación de petróleo en sus territorios.

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