En el reporte anual se encuentra la cancelación de la personería de UD en el Beni y la inhabilitación de 228 candidatos a las subnacionales a sólo nueve días de la votación.

El Observatorio Boliviano de Derechos Humanos registra 268 casos de discriminación política durante el 2015 contra personas críticas con el Gobierno central y gobiernos subnacionales. En su reporte anual de violaciones de derechos humanos sucedidas en Bolivia en el periodo de enero a diciembre del año pasado, el Observatorio destaca como los casos más emblemáticos la cancelación de la personería jurídica de UD y la inhabilitación de sus 228 candidatos en el Beni; la polémica circular 071/2014 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la cual se impidió a exasambleístas a postularse en las elecciones subnacionales de marzo de 2015; la detención considerada arbitraria en contra de tres suboficiales por exigir la «descolonización» en las Fuerzas Armadas, así como los ataques desde el Gobierno en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) La inhabilitación de 228 candidatos de UD a las elecciones subnacionales no sólo es observada porque ser ejecutada a sólo nueve días del día del sufragio, sino también porque motivó a los electores a ir a votar con una papeleta desactualizada.

El Observatorio considera el caso de Beni como «una patente vulneración de los derechos políticos» debido a que ninguno de los candidatos cumplía con una de las tres causales para ser inhabilitados como es el de tener una sentencia ejecutoriada por tomar armadas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos o por traición a la patria. Polémica circular 071/2014 La polémica circular 071/2014 del TSE por la cual se estableció la prohibición de los exasambleístas nacionales (senadores y diputados) del periodo legislativo 2010-2015 de ser candidatos en el proceso eleccionario subnacional de 2015.

Bajo el argumento de que los candidatos del proceso electoral subnacional debían tener residencia permanente de al menos dos años en la circunscripción donde se postularían, sin considerar que la residencia permanente para el caso de los asambleístas nacionales es el lugar donde cumplen sus funciones en la ciudad de La Paz, lo cual no implica que hayan perdido su residencia principal debido a que están cumpliendo con un mandato popular de representación de su departamento.

La polémica circular materialmente reglamentó el ejercicio de los derechos de los candidatos, y al mismo tiempo usurpó la función legislativa. Curiosamente el TSE aplicó la medida de residencia para las elecciones subnacionales y lo así para los comicios nacionales de octubre de 2014. Una vez agotado el derecho interno, la exdiputada Rebeca Delgado y el exsenador Eduardo Maldonado demandaron al Estado bolivianos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Nacional Unidas (ONU).

Ambas denuncias fueron admitidas. Caso Chapetón Respecto a la alcaldesa opositora de El Alto, Soledad Chapetón (UN), el Observatorio señala que había una decisión política desde el Ejecutivo de no trabajar con ella que fue reflejada por el presidente Evo Morales quien dijo que coordinaría con todas las autoridades electas en las elecciones subnacionales de marzo, excepto con la Alcaldesa por las diferencias ideológicas que mantiene con el partido al que pertenece.

En el informe también se indica que a sólo semanas de haberse posesionado Chapetón, vecinos de tres distritos de ese municipio protagonizaron un cerco a la Alcaldía, exigiendo que se les permita la elección de los subalcaldes por «usos y costumbres», cuando estos principios se aplican únicamente en determinados municipios de áreas rurales.

«De esta manera se trató de coartarle (a Chapetón) una de las facultades como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) designada por voto popular, como es el de la libre designación de personal de su confianza para los cargos de subalcaldes», señala el documento de 148 páginas. Hostigamiento a las ONG Durante el 2015, el Observatorio monitoreó diversas declaraciones de presión, hostigamiento y censura por diferentes autoridades del Ejecutivo y legislativas de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que no se encuentran alineadas al Gobierno y a sus políticas públicas.

En su reporte el Observatorio también menciona las acusaciones del vicepresidente Álvaro García Linera en contra de Fundación Tierra, el Centro de Documentación e Información (Cedib), Fundación Milenio y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), así como el apoyo captado por estas instituciones por más de 30 intelectuales de América Latina y el mundo, en una carta abierta al segundo mandatario.

La declaración de 38 ONG de «irregulares» por parte del Gobierno, por no haber readecuado sus estatutos en el marco de la nueva Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas en el plazo de un año, también es mencionado por el reporte anual, así como la instrucción a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que exija la tramitación de personerías antes de dar curso a las transacciones financieras. Suboficiales presos por pedir descolonización El Observatorio también incluyó en su informe anual el caso referidos a los suboficiales Jhonny Gil, Freddy Sucojayo y Franklin Colque, quienes luego de movilizarse para exigir la descolonización en las Fuerzas Armadas fueron detenidos «indebidamente».

A pesar que los tres suboficiales fueron dados de baja de la institución castrense, los procesos continúan en su contra por la vía ordinaria. Entre otros casos que contempla el informe se destacan los referidos al exdirigente indígena del oriente, Adolfo Chávez; a la diputada opositora Norma Piérola (PDC); exdirigente campesino y excandidato a la gobernación de Chuquisaca, Damián Condori; la generala de la Policía, Rosario Chávez, exdiputado Edwin Tupa; exgobernador y excandidato de UD en el Beni, Ernesto Suárez; dirigente del Comité Cívico Potosinista, Jhony Llally, entre otros.

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