Señala que en diez años este tipo de trabajo escaló del 22% al 51%. Los trabajadores se ven obligados a aceptar malas condiciones laborales, bajos sueldos e incluso hay restaurantes que les obligan a dormir en el mismo establecimiento.

Cada noche esperaba que salgan los últimos comensales, alrededor de las 23:30. A esa hora ya debía tener decenas de papas peladas, verduras picadas y carne trozada listas para cocinarlas al día siguiente. Lo último que hacía era ordenar las mesas, limpiar los pisos y los baños del restaurante hasta las 0:30   pero, a diferencia de otros empleados, Mariana no salía de su trabajo en las noches.

Ella descansaba en un pequeño cubículo de aproximadamente  90 centímetros de ancho por 80 centímetros de alto y cerca de  dos metros de largo en uno de los muros de la bodega.

Ahí tenía su colchón, un par de frazadas y una almohada. En el lado derecho de su «cama” guardaba algunos objetos de aseo personal como jaboncillos, cepillo dental o alguna toalla.

Estas precarias condiciones de vida y trabajo fueron descubiertas en un operativo desplegado por el Viceministerio de Defensa del Consumidor. La exautoridad, Dante Justiniano, tenía como objetivo verificar la calidad de los alimentos que se sirven en esta chifa de la avenida Buenos Aires, uno de los barrios más populosos y comerciales de la urbe.

«Verificábamos que cumplan con las normas básicas de salubridad, pero al ingresar a la bodega encontramos estos espacios que claramente sirven para que las señoritas descansen”, declaró Justiniano en el operativo hecho en marzo pasado.

La joven de 22 años, con el rostro cubierto, declaró a algunos medios de comunicación reunidos en el lugar que llegó a La Paz en noviembre de 2014 «para poder ganar más dinero”. Su salario, dijo, llegaba a los 1.200 bolivianos.

«Ganamos el mínimo (1.440 bolivianos) pero nos descuentan como 240 bolivianos”. Sin embargo, desconocía si esta reducción iba para su jubilación. Tampoco tenía un seguro de salud o un contrato formal.

De lo que sí estaba segura  era que a fin de año podría cobrar su aguinaldo. Mariana -junto con otras dos compañeras- consideraba que estaba ahorrando porque no debía preocuparse por una vivienda.

Este tipo de empleos se los considera como precarios porque ganan menos del salario mínimo nacional que, tras las reformas hechas en mayo pasado, alcanza a los 1.656 bolivianos.

Además, la legislación laboral obliga a los empleadores a prestar un seguro de salud, vacaciones, aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otros.

Sin embargo, según los datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el porcentaje de los empleos precarios creció del 22%, registrado en  2001, hasta llegar a un 51% en  2011, lo que revela que la mitad de los trabajadores del país no cuentan con las condiciones mínimas laborales y corren el riesgo de caer en la pobreza ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, una enfermedad les impediría continuar trabajando y generando ingresos.

El caso de Alejandra S. fue evidente. Ella era una trabajadora del hogar y, pese a las normas que se crearon para el beneficio del sector, tenía un ingreso mensual de 1.800 bolivianos, superior al mínimo nacional del país. Sin embargo, en 2012 descubrió que tenía cáncer.

«Trabajó más de 25 años, nunca tuvo dolor alguno ni necesitó ir al médico. Pero de un día al otro tuvimos que vender nuestra vivienda para cubrir el tratamiento. Llegamos al punto de desprendernos de los electrodomésticos y muebles”, declaró Pedro C., su esposo,  que la acompañaba en una cama de la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas.

Economía paceña

La economía de La Paz se caracteriza por el predominio de las actividades relacionadas con  servicios que representan un 58,7%; y, en un segundo lugar, se encuentra el comercio que llega al 26,7%.
Las principales actividades económicas son: hoteles y restaurantes, comercio al por menor en almacenes, servicios empresariales y seguros, comercio y mantenimiento y reparación de vehículos,  informó  Bruno Rojas,  investigador del CEDLA.

Estos datos fueron comprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas al informar que las ventas de los restaurantes crecieron de 67 millones de dólares registrados en  2005 a los 635 millones de dólares en 2014, lo que implica un aumento del 853%.

El año pasado, La Paz registró la apertura de nuevos restaurantes de comida rápida y de aquellos «temáticos”, especializados en comida andina que ofrecen recetas a base de quinua, amaranto y racacha, entre otros ingredientes, según el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano (MIGA).

Pese a que los restaurantes tienen un Número de Identificación Tributaria (NIT), dan factura a los clientes, pagan sus impuestos y cumplen con las normas de salubridad,  no prestan las mejores condiciones laborales a sus empleados. En otras chifas de la misma avenida Buenos Aires, los ingresos de los meseros, cocineros y ayudantes son mínimos, considerando que deben cubrir jornadas laborales de hasta 10 a 11 horas diarias.

«Llegamos a las 6:00 para comenzar a cocinar. Al mediodía es el momento más ajetreado. Luego, podemos almorzar a las cuatro de la tarde y de nuevo tenemos que volver a limpiar todo para el día siguiente. Al final salimos a las 18:00”, declaró Leonardo, otro de los empleados de una chifa en inmediaciones de  la plaza España en Sopocachi.

Él aseguró que pasado el mediodía entran otros empleados para cubrir el turno nocturno.
En la avenida Landaeta, otras chifas aun más pequeñas no contratan personal. Son los hijos de los propietarios quienes tienen la obligación de ayudar en la limpieza como en la atención de los clientes.

Informalidad

En la misma avenida Buenos Aires y calles paralelas, los negocios ambulantes o «puestos de venta” se extienden por millares. En la vía se ofertan productos incluso por horas.

Temprano salen las «mañaneras” a vender ropa; pasadas las 10:00, las vías son tomadas con abarrotes, más prendas de vestir y en  las noches, las comideras arman comedores callejeros.

La calle Uyustus se especializó en el comercio informal al punto de volverse un paseo peatonal. Lo propio sucede en  la Cancha  en Cochabamba o  La Ramada  en Santa Cruz. A estos comercios se los considera «informales”.

A  2012, la tasa de informalidad en el país era del 81% del total de los trabajadores y es la tercera más grande de la región después de Honduras (83%), e igual que Nicaragua (81%).

Además, Bolivia está por encima de 15 países y el último de ellos es Uruguay con una tasa de informalidad del 23%, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Sistema de Información de Mercado Laboral y Seguridad Social (SIMS), a base de Encuestas de Hogares de América Latina.

«Cuando hablamos de los no asalariados, sólo el 3% está cotizando para la jubilación. Su situación es compleja  porque no valora la importancia de tener una jubilación o no tienen los fondos para cotizar una jubilación y esto crea una posible pobreza futura”, alertó el especialista en Mercados Laborales del BID, Manuel Urquidi.

Peligro de la informalidad

El 57% de los trabajadores informales lleva más de cinco años realizando esa actividad. «Conforme más tiempo estés en un puesto informal,  las posibilidades que te vuelvas formal y encuentres un empleo más estable se van reduciendo. Además, depende de qué clase de formación tengas”, advirtió el especialista del BID.

Por ejemplo, citó a un abogado que se volvió taxista. «Tras cinco años, sus estudios de derecho prácticamente no valen nada porque no tienen experiencia relevante. Ni siquiera leyó lo que aprendió en la universidad, se olvidó o cambiaron algunas normas. Eso significa un costo para la sociedad  que te formó y no está rentando”.

Protección laboral

«Trabajé 20 años en el Ministerio de Salud soportando varios cambios de gobierno y de directores generales. Pero, al final me dieron una carta de agradecimiento y me retiraron sin mayores conflictos”, declaró Armando C. un exempleado público que ahora atiende un restaurante en la  avenida Landaeta. Por fortuna suya, logró ahorrar un capital que le permitió abrir su negocio.

«No es sencillo conseguir un empleo cuando tienes 50 años. Además, no podía jubilarme, los aportes que había hecho eran insuficientes. Estos últimos años estoy aportando el mínimo para que al final tenga una renta”, agregó. Armando era contador y trabajó en la parte administrativa por dos décadas; pero no pudo hacer ningún reclamo.

El 19% de los trabajadores son formales porque tienen aportes a su jubilación, seguro social, pero  no todos tienen la protección estatal. Un funcionario público como Armando C. no puede exigir una cesantía de tres meses de salario, quinquenio si corresponde, vacaciones o la opción de reclamar al Ministerio de Trabajo para ser restituido en su fuente laboral.

El estudio del BID da cuenta que sólo el 9% de los trabajadores  del sector privado  están protegidos por todas las normas laborales.

Para  los próximos cinco años, nueve de cada 10 empresas tienen la intención de crear empleos para los jóvenes. Pero el CEDLA alertó que el 30% serán requeridos para el comercio y ventas, otro 30% en producción, un 20% a la administración y 16% a servicios generales.

Sin embargo, el empleo informal tiende a crecer en el país a un rito más acelerado que la oferta de empleos dignos.

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