Por René Quenallata Paredes

La Asamblea Legislativa de Bolivia promueve una nueva ley para fiscalizar los recursos que manejan las organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades que reciben donaciones, además de observar el cumplimiento de sus objetivos.

El proyecto de ley «Control para transparentar los fines y objetivos del manejo económico de las ONG y otras entidades que contengan recursos externos o donados» es analizado en la Comisión de Economía y Finanza de Diputado, la cual prevé presentar en los próximos días un informe para su tratamiento en el pleno del Poder Legislativo.

El objetivo es «establecer procedimientos para el funcionamiento de fundaciones, ONG, agencias de competencias internacionales para controlar el cumplimiento de los objetivos y fines, además para transparentar su manejo económico», bajo el principio de soberanía, explicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Borda señaló que la futura ley prohíbe las donaciones en dinero y en especie que impliquen condicionamientos políticos e ideológicos que afecten al principio de soberanía, al ser ésta una causal para el cierre de las ONG y toda entidad que reciba recursos externos o donaciones de organismos financieros multilaterales y agencias de cooperación.

El diputado dijo que en Bolivia funcionan 1.287 ONG, de las cuales sólo 237 están legalmente facultadas para ejercer sus atribuciones y funciones, lo cual es un dato «alarmante».

En consecuencia, el 80 por ciento de estas organizaciones funcionan de forma irregular, alertó el legislador boliviano.

Según Borda, muchas ONG no cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas, lo que motiva a proyectar una ley específica.

Una entidad no gubernamental debe tener un estatuto y especificar sus objetivos y justificar su presencia en el país, reiteró.

«Además captan recursos externos, por ejemplo para medio ambiente, pero luego están en otros afanes de carácter político entrometiéndose en asuntos internos, eso se debe regular», explicó al señalar que con esta norma se pretende regular y evitar excesos.

Por su parte la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, lamentó que se pretenda acelerar esta normativa cuando ni siquiera se la distribuyó en la Asamblea Legislativa para darle el estudio correspondiente.

«Sabemos que el objetivo del oficialismo es controlar las organizaciones no gubernamentales y alinearlos al servicio del gobierno, las que no quieren seguramente serán expulsadas», señaló.

A su vez el senador opositor Víctor Hugo Zamora dijo que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) está desesperado para recaudar recursos y sumar respaldos, incluso de ONG para la reelección de Evo Morales.

«Esta ley es una presión para las entidades no gubernamentales para que no trabajen en contra del proyecto de reelección presidencial, en otros casos seguramente buscan sumar apoyos a cambio darles el aval para que puedan funcionar en el país», aseveró.

Las ONG que trabajan en Bolivia están en la mira del gobierno desde 2011, cuando se realizó la movilización en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Seis meses después, en diciembre de 2013, el presidente Evo Morales expulsó a la ONG danesa IBIS, que trabajó en Bolivia durante 30 años, por presunta injerencia política.

El gobierno acusó en agosto pasado al Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y las fundaciones Milenio y Tierra mienten y tergiversan información para hacer política y defender intereses de las empresas transnacionales.

Identifican a la fundación Milenio y la fundación Tierra como dependencias del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del dinero de las transnacionales.

El vicepresidente boliviano Alvaro García enfatizó que las ONG «no pueden hacer política» y si quieren hacerlo deben armar su partido político, presentarse en las elecciones y no poner de pretexto la defensa de la naturaleza.

DUALIDAD DE LA LEY

La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui, consideró un «desacierto» que el diputado Borda promueva otra ley de regulación y sanción contra las ONG, cuando ya existe una vigente desde 2013.

La representante de la red de organizaciones no gubernamentales dijo que se tiene una norma sobre las ONG, la cual busca sancionar incluso con la «pérdida de personería jurídica» si se apartan un milímetro de sus estatutos.

Sobre la dualidad de la ley, el vicepresidente de la Cámara de Diputados precisó que la Ley 351, de otorgación de personalidades jurídicas, habla sobre la conformación y el trámite de la personalidad jurídica.

En cambio la futura norma de «control para transparentar los objetivos y manejo económico de las ONG» es una complementación precisa sobre las actividades de estas entidades sin fines de lucro, explicó.

«La Ley 351 delimita las competencias de cómo elaborar y estructurar la personería jurídica de una ONG o fundación, en cambio la futura ley es complementaria para implementar los mecanismos de fiscalización posterior al nacimiento de una entidad no gubernamental», detalló.

A decir del asambleísta, en la norma se establece que instancias del gobierno realicen el seguimiento respectivo para determinar si una ONG no cumple sus objetivos.

Si en la fiscalización de estas organizaciones se determina el incumplimiento de sus fines, se prevé el retiro de la personería jurídica, por tanto deja de operar en el país.

Además dijo los recursos provenientes de donaciones del extranjero deben ser transparentados porque son recursos que se piden a nombre de Bolivia.

«Estamos incorporando la obligatoriedad de que las entidades no gubernamentales deban registrar bienes donados y adquiridos en sus inventarios, reflejados en sus estados financieros que deben ser presentados al Ministerio de Economía, además esta información debe ser pública que esté contenida en su página ‘web’ (de internet)», aseveró.

En síntesis, Borda dijo que las ONG deben rendir cuentas de todas sus actividades y los recursos que manejan de forma transparente.

En la actualidad «no existe esta disposición legal obligatoria, pues era libre y muchos optaban por no rendir cuentas», agregó.

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