Organizaciones no Gubernamentales esperan hace un año la respuesta del Gobierno para concluir trámites necesarios para cumplir con la Ley 351, sin embargo, mientras se cumple con estos requisitos, las entidades continúan realizando labores de investigación y análisis de datos.

Este es el caso de instituciones como Cedla y la Fundación Milenio, donde se espera se pueda cumplir con esta tramitación a la brevedad posible.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), desde hace más de un año, solicitó el trámite para la renovación de su personaría jurídica cumpliendo con los documentos exigidos por la instancia de Gobierno, sin embargo, a la fecha, no se define la conclusión del trámite, quedando como una decisión política. Mientras que el proceso de investigación, análisis en temas económicos y sociales, como el empleo, se mantiene.

De acuerdo con el investigador del Cedla, Bruno Rojas, en muchos de los talleres solicitados por trabajadores es donde están las ONG’s compartiendo sus investigaciones, reflexiones que permiten socializar una visión crítica, trabajo que fue realizado en diferentes gestiones, investigaciones y análisis que tiene como finalidad generar conocimientos, información y análisis en diferentes temáticas.

“En mi área, por ejemplo, realizamos análisis de la situación de empleo, mercado de trabajo, desempleo, condiciones laborales, seguridad social, jubilación, problemáticas que llegan a ser difundidas mediante libros, revistas, boletines y otros espacios a solicitud de los propios trabajadores”, detalló Rojas.

Mientras que la Fundación Milenio, que es identificada como un centro de estudio socio-económico con más de 25 años, realiza investigaciones académicas en el ámbito de la ciencia social y el desarrollo de un pensamiento crítico, especialmente en el campo de la economía, que le han valido el reconocimiento nacional e internacional, según explica un comunicado oficial.

Dicha organización declara absoluta independencia institucional y su estricto apego y cumplimiento de las leyes bolivianas. Entre su equipo de profesionales se incluye a estudiantes, académicos, periodistas, funcionarios públicos y privados, empresarios y otras miles de personas, que reciben las publicaciones.

La fundación Milenio está catalogada entre los 50 mejores “think tank” de América Latina, en el ranking elaborado por La Universidad de Pennsylvania.

Esta organización, al igual que Cedla y otras ONG’s y fundaciones, desde hace más de un año que realizan su trámite conforme a una nueva Ley 351, como exige el Gobierno.

OPINIONES

Entretanto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, debido a que vulneran el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Pidió que ésta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en el 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.

“Nosotros en su momento hemos sido oportunos para decir que es inconstitucional, hemos pedido que se revisen este tipo de medidas que no hacen otra cosa que poner en serio riesgo la democracia en nuestro país”, manifestó Villena, según la Agencia de Noticias Fides (ANF).

El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.

A juicio del Defensor, las ONG han jugado un papel importante en Bolivia y en la región latinoamericana en lo que se refiere a la articulación de la sociedad y el Estado. “El derecho a la libre asociación para conformar la ONG es constitucional, por lo tanto esta ley tiene que ser revisada en profundidad para que haya coherencia entre lo que dice el texto constitucional y las normas que se han venido estableciendo”, expresó.

Mientras que el relator especial de NNUU, Maina Kiai, emitió un informe que afirma que la legislación boliviana que regula a las ONG vulnera y restringe el derecho internacional de asociación.

Según la relatora de NNUU, las normas aprobadas “injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”.

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