Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Bolivia se ven «acosadas» y «asfixiadas» por el Gobierno, dijo a Sputnik Nóvosti la directora de una coalición de más de 25 ONG, Susana Eróstegui, quien rechazó las acusaciones gubernamentales de que estos grupos se entrometen en cuestiones políticas.

«Las declaraciones del vicepresidente (Álvaro) García Linera y las de otros funcionarios del Gobierno estarían evidenciando una intención de acosar, de asfixiar, por diferentes mecanismos, el trabajo que hacen las ONG», dijo Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), que agrupa a más de 25 ONG de todo el país.

Respecto de las declaraciones de representantes del Gobierno, que acusan a algunas organizaciones de conspiración, Eróstegui replicó: «Nada más falso».

«Se supone que en una sociedad democrática, la sociedad civil puede participar con cualquier tipo de opinión y, ojalá, entrar a un nivel mayor de debate político, no partidario, sino en visión más amplia de lo que es participar en el desarrollo y la democracia de este país», añadió.

El vicepresidente García Linera había acusado la semana pasada a cuatro ONG, Milenio, Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), de entrometerse en las actividades políticas del país, y amenazó con expulsarlas de Bolivia.

Este martes García Linera se defendió en un comunicado de las críticas y aseguró que nunca amenazó con la expulsión a esos grupos.

«En mis declaraciones sobre las cuatro ONG, ni ahora, ni en ninguna oportunidad anterior, he planteado su cierre, expulsión o restricción alguna de su actividad», agregó.

El vicepresidente aseguró que las cuatro organizaciones «mienten» y «camuflan su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad ‘no gubernamental'».

Estas ONG, dijo García Linera, «tienen todo el derecho a existir», e «incluso a hacer política».

«Sin embargo, nosotros tenemos el derecho y la necesidad (…) de criticar su sorprendente encuadre ideológico en el discurso medioambientalista emitido y financiado desde los centros imperiales», agregó.

En oportunidades anteriores el presidente Evo Morales y otras autoridades han proferido comentarios similares sobre organizaciones sociales y no gubernamentales.

«Hay una intención muy clara de distorsionar el rol que tienen las ONG», dijo Eróstegui.

Las declaraciones de García Linera fueron cuestionadas por intelectuales latinoamericanos, así como por el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, para quien estas entidades «no hacen un trabajo contra el Gobierno», según consignó este martes el diario local La Razón.

Las ONG cuestionadas, al igual que la gran mayoría de estas instituciones de Bolivia, se financian mediante fondos de la cooperación internacional.

«El Estado de ninguna manera provee de fondos públicos a las ONG de Bolivia», afirmó Eróstegui.

Vulnerabilidad política, financiera y legal

El Gobierno aprobó en 2013 la ley 351, que habilita al Poder Ejecutivo a disolver una ONG o fundación sin autorización judicial y sin tener que argumentar sus razones.

La norma establece además que, para ser reconocidas por el Estado, las ONG deben adaptar sus estatutos y objetivos al Plan Nacional de Desarrollo.

A poco de entrada en vigor esta ley, el Gobierno expulsó a la organización danesa ISIS, a la que acusó de «injerencia política».

Según la directora de Unitas, tanto ese episodio de 2013 como las recientes declaraciones del vicepresidente ponen a las ONG en una «situación de vulnerabilidad política, financiera y legal».

 

«Las agencias de cooperación internacional se sienten mucho más vulnerables, por esta amenaza que se hace, de ser expulsadas en caso de que se apuntara a alguna de ellas, por lo que podrían retirar su apoyo a las ONG; a estas cuatro, o a cualquiera que esté trabajando directamente en el país», explicó.

 

Eróstegui criticó los «criterios políticos» que «impiden» que las organizaciones «accedan» a cumplir lo establecido la ley, por ejemplo mediante «trabas burocráticas» para tramitar su personería jurídica, dijo.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo el 5 de este mes que la ley «permite que se tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación».

Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó en 2013 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, que contó con apoyo del relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, Maina Kiai.

El TCP aún no se ha expedido.

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