Las reacciones de sectores de clase media y de la izquierda principalmente académica a las amenazas del Vicepresidente dirigidas a medios y fundaciones de investigadores bolivianos, lo han obligado a una rectificación que la premura de ministros y legisladores oficialistas de dar contenido legal a las intimidaciones hacen aún más parcial. El contexto en que se dan estos ataques demuestra claramente quienes son sus destinatarios últimos.

Hace pocas semanas una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha afrontado la situación boliviana describiéndola así: “ya está en marcha un modelo político enunciado como socialista y comunitario… [que] busca la toma definitiva del poder con el dominio total de la economía y los medios de producción, que supone el control en la emisión de ideas, opiniones y mensajes a través de los medios masivos”. Sin pestañear ante el terrorismo mediático de la CNN en Venezuela o el asesinato de periodistas en Colombia, Brasil y México, la SIP ha individuado en los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y la Argentina, las principales amenazas continentales a la libertad de expresión. En esta sublime hipocresía pro-imperialista un periodista muerto no falta a la libertad de expresión, a lo mucho es un caso espinoso de impunidad.

Quién ha escuchado García Linera en San Cristóbal se ríe con nosotros de estas alarmas, lamentablemente, infundadas. Los mismos grandes medios bolivianos no parecen ni particularmente turbados ni interesados a sostener la batalla por la existencia de ONGes o radios de gran audiencia como ERBOL. La prensa en nuestro país sigue controlada por grandes grupos con intereses extendidos a la finanza, la industria, la construcción etc. Ahí están los Monasterios (UNITEL), Rivero (Grupo Líder que controla todos los principales matutinos nacionales), Kuljis (Red Uno), Canelas y otros internacionales. Estos grupos que hostigaron el gobierno en pasado, ahora aceptaron cederle la dirección formal de la economía y el país en la medida que defienda y sostenga sus lucros privados.

En su arenga contra ERBOL, el CEDLA, CEDIB y las fundaciones Tierra y Milenio, Álvaro García Linera los ha cuestionado de estar mintiendo para reducir las posibilidades de desarrollo de Bolivia al papel de “guardián de los bosques”. La alusión es claramente al temor que las críticas de ONGes como CEDLA y CEDIB sobre la ampliación de la frontera hidrocarburífera, se traduzcan en apoyo activo para un nuevo escenario como el de la marcha en defensa del TIPNIS.

En un contexto económico desfavorable, el gobierno se juega buena parte de los recursos para la Agenda Patriótica 2025 con la ampliación de la frontera hidrocarburífera. Después de una serie de foros internacionales infructuosos, el gobierno ha encontrado la manera de apetecer el interés de las multinacionales cumpliendo con el sueño de estas: la posibilidad de penetrar en las áreas protegidas del país a la cola de subsidiarias de YPFB, flexibilidad en el tema de la fracturación hidráulica y de impuestos, amplias garantías de paz social etc. A estas concesiones al capitalismo mundial suman las que se vienen haciendo a los agroindustriales del país, los bancos, los especuladores de la construcción etc.

Estas cuantiosas concesiones a multinacionales y empresariado nacional ponen severos límites a las políticas redistributiva y a la participación democrática. Semejante giro no sería posible sin un simultáneo ataque a toda posible fuente de disenso social y sin el control de los sindicatos como de las voces críticas de la información. Entonces domesticar a medios independientes e investigadores sociales no es, como dicen la SIP y sus representantes bolivianos, para preparar el “dominio total de la economía” sino exactamente el contrario; consolidar políticas de sostén a la acumulación privada precaviéndose de las reacciones de “los de abajo”.

Son estos, la clase obrera, el movimiento campesino-indígena y popular que esperaría del gobierno una respuesta a la crisis, los destinatarios finales de la arremetida de Álvaro García Linera. Cuando un gobierno con todas las posibilidades de enfrentar las críticas dice que el problema no son las opiniones vertidas por las ONGes, sino su supuesto papel activo en organizar la protesta, lo que está diciendo es que el problema es la protesta, la crítica social y, en el fondo, la siempre mayor dificultad de movilizar a sus bases activas en su defensa. El mismo uso de la palabra “trotskista” como insulto – cosa que, como señalamos, pone a García Linera en la alegre compañía de la derecha mundial – sirve a apartar a las nuevas generaciones de las ideas que le permitirían entender la crisis y de buscar una alternativa por la izquierda a esta.

En su momento apoyamos la decisión de expulsar USAID y volveríamos a hacerlo frente a la  injerencia imperialista. Hoy pero defendemos el derecho al trabajo investigativo y de organización de fundaciones con una trayectoria decenal en la izquierda o con las cuales en unos casos abiertamente polemizamos (como Milenio). Lo hacemos sin concesiones a la peluda concepción de la democracia al estilo de la SIP, sino como parte de y en la lucha por la “libertad de expresión” que realmente necesitamos garantizar: la independencia de los sindicatos obreros y campesinos basada en un programa para enfrentar la crisis desde sus intereses de clase y desde los problemas irresueltos de la revolución inconclusa. Un programa por la transformación revolucionaria de la agricultura y el aparato productivo, que nos permitan superar el lastre del extractivismo y que solo puede ser llevado a cabo por la clase obrera aliada al movimiento campesino-indígena administrando las principales palancas de la economía como vanguardia de la revolución mundial.

La Izquierda Diario Evo Morales, el ajuste y despido de periodistas 15/08/2015

Al despido de varios renombrados periodistas de sus fuentes laborales, se le ha sumado las últimas semanas, la amenaza de seguimiento y eventual cierre de algunas ONGs que según el vicepresidente Álvaro García Linera, estarían copadas por derechistas “trotskistas verdes”. La ofensiva gubernamental sobre diversos sectores opositores de la prensa y de ONG vinculadas a investigaciones en el mundo obrero, indígena o campesino que han vertido críticas a las políticas del gobierno está provocando un creciente rechazo de amplios sectores de intelectuales.

El primero en quedarse sin trabajo fue el periodista cruceño Enrique Salazar, quien luego de un altercado en el canal 11 con la ministra de comunicaciones del gobierno de Evo Morales, Marianela Paco, fue despedido inmediatamente. Luego vinieron los anuncios de que Amalia Pando, renombrada periodista boliviana, finalizaría su trabajo en la red ERBOL, ya que este medio estaría siendo asfixiado económicamente por el gobierno quién afirmó, también por boca del vicepresidente, que no se puede dar publicidad a medios opositores y derechistas que mienten en sus programas.

Finalmente, otro reconocido conductor de TV, John Arandia del Canal 36 dio a conocer que su contrato fue abruptamente interrumpido, aparentemente por la solidaridad del periodista con las movilizaciones regionales de Potosí que culminaron hace menos de un mes. La Asociación de Periodistas de Las Paz (APLP) afirmó que realizarían una denuncia internacional para dar a conocer estos atropellos que vulneran la libertad de expresión y los derechos a la información del conjunto de la población.

No paso mucho de esta censura a la prensa que García Linera, con motivo de visitar la Feria del Libro de la ciudad de La Paz, afirmó que existían publicaciones de diversas ONG’s como Fundación Milenio, Fundación Tierra, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación e Información (CEDIB), que eran derechistas y no necesarias. Particularmente de las dos últimas (CEDLA y CEDIB) afirmo que estaban compuestas por “trotskistas verdes” que habían vendido su ideología por plata. Este ataque a estas organizaciones ya ha levantado un cúmulo de rechazo a las afirmaciones de García, donde las más destacable es una carta firmada por 28 intelectuales que formaron parte del proyecto venezolano del socialismo del Siglo XXI como Edgardo Lander, Boaventura de Souza, o Raquel Gutiérrez entre otros reconocidos intelectuales afines al proceso de cambio de Morales, quienes empiezan a tomar distancia ante los gestos y medidas que alientan ataques a las libertades democráticas.

Sin embargo estos ataques a sectores críticos de la política económica del MAS contrasta con los buenos oficios desplegados para restablecer relaciones diplomáticas con EEUU, donde luego de la reunión de Morales con el encargado de negocios Peter Brennan, está conduciendo a que Bolivia nuevamente aceptaría la “ayuda” Norteamérica en la lucha contra el narcotráfico como anuncio el viceministro Cáceres.

Contrasta con las relaciones establecidas entre el gobierno de Evo y los representantes de la oligarquía agroindustrial cruceña, a quienes se les está otorgando todo lo que pidan para el desarrollo de sus negocios. Esta creciente voluntad de acallar la oposición en realidad es preparativa para “blindar” el Estado ante el inicio de un nuevo ciclo económico y político luego del fin de la bonanza de precios de materias primas. Evo Morales empieza a preparar a su gobierno y al Estado para llevar adelante los ajustes necesarios para mantener la estabilidad macro económica. Como es “natural” estos ajustes los pagaran los trabajadores y el pueblo pobre.

Se hace urgente rechazar los recortes que se vienen produciendo a la libertades democráticas, ya que aunque pretendan justificar todas estas medidas con una retórica popular, en realidad estos recortes están preparados para limitar las posibilidades de organización y movilización de los trabajadores asalariados en momentos en que nuevamente se verán empujados a la movilización para defender sus derechos y sus conquistas sociales.

Reproducimos los nombres de los firmantes de la carta dirigida al gobierno boliviano contra los ataques a periodistas.

Los firmantes de la carta son las siguientes personas: Maristella Svampa (socióloga, escritora, Investigadora del Conicet, Argentina); Pablo Ospina Peralta, (Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador); Boaventura de Sousa Santos, (sociologo, Universidad de Coimbra, Portugal), Pierre Salama (Economista, Profesor Emérito de la Universidad de Paris); Enrique Viale (Asociación de Abogados Ambientalistas, Argentina), Eduardo Gudynas (Clades, Uruguay), Pablo Bertinat (Ingeniero, UTN Argentina), Alberto Acosta (Economista, Flacso, Ecuador); Edgardo Lander (Sociólogo, Universidad Central de Venezuela), Tatiana Roa Avendaño (Coordinadora General Censat Agua Viva, Colombia), Beatriz Sarlo (Escritora, ensayista, Argentina), Raquel Gutiérrez Aguilar (Universidad de Puebla, México), Raúl Zibechi (ensayista, Uruguay), Klaus Meschkat (Sociólogo, Profesor Emérito de la Universidad de Hannover, Alemania), Roberto Gargarella (Constitucionalista, Universidad de Buenos Aires, Argentina), Pierre Beaudet (Universidad de Ottawa, Canadá), Enrique Leff (Filósofo y Sociólogo, Méixco), Emiliano Teran Mantovani (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – Universidad Central de Venezuela), Alicia Lissidini (Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Claudia Briones (Antropologa, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina), Ezequiel Adamovsky (Historiador, UBA-Conicet, Argentina), Catalina Toro Pérez (Universidad Nacional, Colombia), Camila Moreno (UFRRJ, Brasil), Claudia Korol (Equipo de Educación Popular Pañuelos en rebeldía, Argentina), Mirta Antonelli (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Massimo Modonesi (UNAM, México), Esperanza Martínez (Acción Ecológica, Ecuador), Ruben Lo Vuolo (Economista, CIEPP; Argentina), Raphael Hoetmer, investigador del Programa Democracia y Transformación Global) Enrique Leff (sociologo, México)

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