El investigador en temas laborales del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, afirmó que actualmente se encuentran restringidos los derechos de trabajadores a formar un sindicato y protestar para conseguir reivindicaciones.

“Varios derechos colectivos, como tener un sindicato, el de realizar una huelga o una medida de protesta o negociar colectivamente una demando o propiciar una conquista a favor de los trabajadores, están restringidos pese a lo que dice la Constitución”, indicó en entrevista con ERBOL.

Al respecto, el numeral III del artículo 51 de la Carta Magna dice “se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad”.

Rojas indicó que en el país se está viviendo en una “alta precariedad laboral” traducida en empleos eventuales temporales e ingresos bajos.

Agregó que la precariedad del trabajo también se expresa en la falta de seguros de salud y aportes a los seguros de pensiones.

En el área urbana, el profesional señaló que las normas que precautelan a los trabajadores no tienen apoyo del Estado para garantizar su cumplimiento y en el área rural el único derecho del obrero es el salario.

“Contar con una fuente de trabajo ya no es garantía de poder cumplir con las necesidades básicas como educación, salud, educación y vivienda”, dijo.

Rojas explicó que la situación afecta en mayor medida a las mujeres, los pobres y los jóvenes, quienes son los sectores que presentan mayor índice de desempleo, 11 por ciento los primeros dos y 13 el tercero, de acuerdo a datos del 2011.

Sostuvo que estas condiciones laborales coadyuvan a la desestructuración de las familias, puesto que algunos padres optan por otras opciones para subsistir como el trabajo infantil, informal, la migración y la economía campesina.

El especialista aseveró, de acuerdo a encuestas de hogares de 2012, que en el país hay 5,3 millones de personas económicamente activas, de las cuales 1,9 millones (36 por ciento) viven de salario.

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