El gobierno del MAS y la consolidación de la base material del “poder empresarial hacendal”

Posteriormente y en un acto de entrega de títulos de propiedad a campesinos realizado en Pucarani en marzo de 2013, García Linera reitera que: “Entre 1950 y 2005, 39 millones de hectáreas pertenecían a privados y 17 millones eran de campesinos e indígenas”, mientras que “tras siete años de gobierno del MAS, (…) las propiedades a manos de empresarios suman sólo cuatro millones de hectáreas. Los empresarios ya no son los que tienen muchas tierras, el presidente Evo (Morales) ha ido recortando y recortando (…)”[2].

Recientemente, en una entrevista concedida al periódico Los Tiempos de Cochabamba, García Linera, ratifica ese escenario de tenencia de la tierra que se habría gestado durante su gobierno. Sostiene que uno de sus aportes a la consolidación del modelo cruceño de desarrollo económico que se asienta en la agricultura y que está fuertemente articulado a los mercados internacionales, es la “democratización de la riqueza (…) comenzando por la tierra (pues) hace 10 años atrás, entre Santa Cruz y Beni había 39 millones de hectáreas, en el sector empresarial grande, mientras que el sector campesino tenía 9 millones en toda Bolivia. Hoy el sector productivo cruceño empresarial tiene 4 millones de hectáreas y el sector productivo campesino pequeño, mediano e indígenas, a nivel de todo el país, suman como 30 millones de hectáreas, hay una democratización del principal medio de producción, que es la tierra”[3].

Veamos, a la luz de las propias estadísticas oficiales, si estas afirmaciones son ciertas.

Es importante aclarar inicialmente que la Ley INRA de 1996 –como consecuencia de una serie de irregularidades que se cometieron en la distribución de tierras y con el objetivo de subsanar lo que el Banco Mundial señalaba entonces como “incertidumbre” en la titulación y tenencia de la tierra- contempló la realización de un proceso de saneamiento con el objetivo de realizar una nueva titulación que diera “certidumbre” a sus propietarios y que permitiera contar con un catastro lo suficientemente claro que facilitara un funcionamiento “transparente” del mercado de tierras. En este sentido, se planteó el saneamiento de tierras sobre un total de 106,7 millones de hectáreas.

Entre 1953 y 1993, las medianas y grandes empresas lograron titular 39,2 millones de hectáreas sobre un total de 56,4 millones de hectáreas. Ahora bien, como fruto del proceso de saneamiento que se inició en 1996, entre este año y 2012 se ha titulado efectivamente a medianas y grandes empresas 4,2 millones de hectáreas, de ellas 3 millones durante el gobierno del MAS. Sin embargo, García Linera olvida señalar que aún están en proceso de saneamiento o por ser saneadas alrededor de 34,9 millones de hectáreas que siguen siendo –hasta que no se dictamine legalmente lo contrario- propiedad de medianas y grandes empresas.

En este sentido, cuando el vicepresidente del Estado afirma que existiría una nueva estructura de tenencia de la tierra en el país, en la cual los empresarios ya solamente tienen 4,2 millones de hectáreas, cuando antes tenían 39,2 millones de hectáreas, no hace más que faltar a la verdad, pues se basa en datos del viceministerio de Tierras que presenta –en su último informe- una estructura de la tenencia de la tierra que corresponde al saneamiento de sólo 63 millones de hectáreas realizado entre 1996-2012 y no a la totalidad de la superficie que aún debe sanearse (106,7 millones de hectáreas). De 43,2 millones de hectáreas que aún restan por sanear, alrededor del 80% corresponden a grandes y medianas propiedades.

Origen de la distribución de tierras

Para poder cuantificar la verdadera magnitud de la afectación que ha tenido el “poder empresarial-hacendal” durante el gobierno de Morales Ayma, es importante conocer cuál es el origen de las tierras que han sido distribuidas o redistribuidas.

Según el gobierno, la “redistribución” de tierras como consecuencia del proceso de saneamiento para la titulación de TCO alcanza supuestamente a 2,9 millones de hectáreas[4]. Sin embargo, de este total, la gran mayoría de las tierras (72,8%) corresponde strictus censu a tierras que siempre fueron fiscales. Un 15,3% a tierras que eran usufructuadas por barraqueros sobre las cuales formalmente nunca tuvieron derechos propietarios. Un 35,2% proviene de concesiones forestales, un 14,6% de tierras fiscales baldías que nunca fueron distribuidas y un 8% corresponde a expedientes anulados; es decir, tierras sobre las cuales los supuestos titulares nunca ejercieron derecho propietario alguno.

Por ello, las tierras efectivamente redistribuidas a TCO, que han sido obtenidas por concepto de incumplimiento de la función económica y social de medianos y grandes propietarios, alcanzan a 821.000 hectáreas, es decir, representan solamente el 27,2% del total “redistribuido” (14,3% por recortes totales a terceros y 12,8% por recortes parciales a terceros). Por ello, el proceso de saneamiento o la verificación de la función económica social no ha sido, como muchos creían y otros aún creen, el instrumento para la redistribución de tierras sino, sobre todo, para la identificación de tierras fiscales que son las que sí han sido distribuidas fundamentalmente a las poblaciones indígenas de las tierras bajas en calidad de TCO desde 1996 a la fecha.

Según el último informe del viceministerio de Tierras, a 2012 la superficie revertida a medianas y grandes propiedades por incumplimiento de la función económica social, relaciones de servidumbre y prácticas fraudulentas durante el gobierno del MAS, que no corresponden a demandas para titulación de TCO, asciende solamente a 126.860 hectáreas[5].

Por todos estos datos, en realidad es justo reconocer que las medianas y grandes empresas ya no están efectivamente en poder de 39,2 millones de hectáreas sino en poder de 38,2 millones de hectáreas, pues entre los gobiernos neoliberales y el gobierno “revolucionario” de Morales Ayma/García Linera sólo pudieron expropiarles 948.000 hectáreas.

La “Reconducción comunitaria de la reforma agraria” del gobierno del MAS, por tanto, no ha tenido un carácter redistributivo pues no ha afectado sustancialmente las tierras en manos de las medianas y grandes propiedades. En este sentido, la reforma agraria del MAS no se diferencia de aquellas llevadas a cabo en distintas épocas por diferentes gobiernos liberales de la región que se dedicaron a distribuir tierras fiscales disponibles a los campesinos -generalmente marginales y las menos apropiadas para la producción agrícola- sin afectar los intereses de terratenientes y medianos y grandes empresarios poseedores de las mejores tierras para la producción agrícola y pecuaria.

Si aplicaríamos los mismos criterios demagógicos de García Linera para dar cuenta acerca de la situación de la tenencia de la tierra en el país utilizando únicamente información parcial que corresponde a un determinado período, podríamos señalar sin ningún empacho –como puede verse en el cuadro 8– que durante el neoliberalismo (1996-2005), las medianas y grandes empresas apenas tenían 1,2 millones de hectáreas, mientras que los pequeños campesinos, las propiedades comunitarias y las tierras comunitarias de origen 8 millones de hectáreas. Es más, podríamos también indicar que durante el gobierno del MAS se tituló una mayor cantidad de tierras a las medianas y grandes empresas (3,0 millones de hectáreas) pues durante el neoliberalismo éstas apenas titularon 1,2 millones de hectáreas.

Las mejores tierras siguen en manos de medianos y grandes propietarios

Lo cierto es que tomando en cuenta la distribución de tierras entre 1953 y 1993 y 1996-2012, la estructura agraria actual se orienta a consolidar una situación donde las medianas y grandes empresas seguirán en poder de alrededor de 38 millones de hectáreas, los campesinos 17 millones, las TCO/TIOC alrededor de 22 millones de hectáreas y el Estado en poder de otro tanto.

Es importante señalar que una buena parte de las tierras fiscales identificadas no son disponibles pues una parte están concedidas a barraqueros y empresarios madereros y, otra parte, son parques o reservas nacionales que, como ya lo ha señalado García Linera, son áreas que estarán reservadas para la exploración y explotación petrolera a cargo de transnacionales que están recibiendo “incentivos” de importancia para el efecto.

En la medida que el mercado capitalista funciona todos los días –a pesar de las declaraciones y conferencias académicas acerca del socialismo comunitario- esta estructura de tenencia de la tierra no quedará inmutable, pues las tendencias hacia la concentración de la tierra seguirán su curso tanto a través de la compra venta como mediante su alquiler.

Por otro lado, es también importante señalar que la actual estructura de la tenencia de la tierra en el país, que a muchos se les antojará “equitativa”, esconde realidades que el gobierno del MAS calla. Las tierras en manos de las medianas y grandes empresas agropecuarias son las mejores tierras para el desarrollo de la agricultura y la ganadería por lo que la producción agrícola y pecuaria seguirá concentrándose entre este tipo de propietarios.

En este sentido, la mayor parte de las nuevas tierra distribuidas a los campesinos no son ciertamente las más aptas para estas actividades y la mayor parte de las tierras tituladas nuevamente en altiplano y valles ya han sufrido un agudo proceso de parcelación. Por ello, cuando Evo Morales y García Linera entregan en diferentes actos los nuevos títulos de propiedad a campesinos de estas regiones como resultado del proceso de saneamiento, no hacen otra cosa que legitimar, en la gran mayoría de los casos, documentos de propiedad que en realidad corresponden a muy pequeñas y hasta minúsculas parcelas, recreando las bases materiales para la continuidad de la miseria de los mismos.

Notas:

[1] GARCÍA LINERA, Álvaro. (2012) Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista. Pp 50. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz.

[2] “El INRA revirtió de empresarios 35 MM de hectáreas de tierras”. La Razón, La Paz, 18 de marzo de 2013.

[3] “Estamos cosechando los frutos del auge económico”. Los Tiempos, Cochabamba, 25 de agosto de 2013

[4] Este dato excluye alrededor de 1 millón de hectáreas que el gobierno presenta en las estadísticas como “afectación a terceros” cuando en realidad se trata de la conversión de áreas proindiviso de comunidades campesinas a TCO en tierras altas.

[5] VICEMINISTERIO DE TIERRAS/MDRyT (2012) Sembrando esfuerzos para vivir bien. Enwww.victierras.gob.bo.

* Investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA); texto extraído del libro Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial hacendal”; La Paz, 2013.

 

 

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