Cedla: precariedad laboral reduce el impacto del aumento salarial

El Diario, 6 de mayo de 2013.- El contexto de precariedad laboral vigente en el país y otros factores específicos en su aplicación minimizarán el impacto real final del aumento salarial dispuesto recientemente por el Gobierno, que para muchos trabajadores “no significará ni siquiera la reposición de la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación”, señala un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

El pasado 10 de abril, tras un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y con muestras de apoyo del sector privado, se promulgó el DS Nº 1549 que dispone un aumento de 8% al salario básico de los trabajadores y funcionarios del magisterio, Salud, Educación, Policía y Fuerzas Armadas; y de 20% al salario mínimo nacional (SMN) para la gestión 2013.

Según el Cedla, en 2011, en las ciudades del eje central urbano del país y El Alto, 79 de 100 ocupados contaban con empleos precarios y 51 con fuentes de trabajo extremadamente pobres; y entre los trabajadores asalariados, 81 de 100 de ellos laboraban en empleos con algún grado de precariedad y 29 en empleos precarios en extremo (de muy mala calidad), estando los salarios por debajo de una canasta alimentaria básica, uno de sus indicadores importantes.

PRECARIEDAD LABORAL, SIN CAMBIOS

Con datos propios y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Cedla muestra que el estado de precariedad en el que viven los asalariados urbanos de Bolivia –que afecta con mayor crudeza a las mujeres, que alcanzan a ganar sólo hasta el 66% del ingreso que obtienen los hombres– no sufrió variaciones significativas durante el período 2001-2011.

Así, para las ciudades capitales del eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto), el año 2011 la población ocupada sumaba un total de 1 millón 755 mil personas, de los cuales sólo 21 de 100 ocupados contaban con empleos no precarios, menor al del año 2001 cuando 22 personas accedieron a este tipo de fuentes laborales, revelando que la calidad del empleo no tuvo mejora alguna y pareció mostrar más bien un proceso regresivo.

Aún más, en el mismo período de análisis se produjo una disminución de la proporción de funcionarios con empleos adecuados de 51 a 41 ocupados en el sector estatal, y de 29 a 20 personas en el sector empresarial.

“El estado de la precariedad del empleo adquiere un rostro más crítico al observar el incremento alarmante de la población ocupada con empleos precarios extremos en el período señalado, vale decir, más personas con fuentes de trabajo eventuales o temporales, ingresos por debajo de una canasta alimentaria básica y sin seguridad social de largo plazo”, señala.

Efectivamente, en 2011 la cantidad de ocupados con empleos precarios extremos se elevó a 51 en comparación con los 22 existentes el año 2001, mientras que en el caso de las mujeres ocupadas afectó a 65 de ellas, “cambios alarmantes que se registraron en todos los sectores del mercado laboral urbano, particularmente en el mundo familiar, donde la precariedad extrema creció en un 150%”.

Para el Cedla, el incremento de 8% al salario básico para muchos trabajadores no significará ni siquiera la reposición de la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación registrada el 2012. ¿Por qué? En primer lugar, porque este aumento es al salario básico y en el caso de las Fuerzas Armadas a la masa salarial; dependiendo de su distribución, existirán grupos de trabajadores que reciban más y otros menos. Los que reciban menos de 4,5% verán disminuir el poder de compra de sus salarios.

En segundo lugar, el aumento no se aplicará a todos los trabajadores. En el sector público, el aumento es sólo para algunos sectores: Magisterio, Salud, Educación, FFAA y Policía, marginando así a los demás trabajadores dependientes del Estado. No obstante, el decreto reglamentario hace algunas reservas, como en el caso de la seguridad social de corto plazo donde el incremento dependerá de la “disponibilidad y previo estudio de sostenibilidad”; asimismo, en las “entidades” con mayoría accionaria del Estado (empresas públicas), este porcentaje de incremento será la base de negociación.

En el sector privado, el aumento tampoco se aplicará a todos los trabajadores sino básicamente a los que están incorporados en planillas (que sólo representan el 55% de los asalariados). Además, el aumento no se aplicará en todas las empresas, en particular en las pequeñas y medianas que representan más del 75% del universo de establecimientos que contratan asalariados y donde el poder de negociación de los trabajadores es escaso o nulo; “la falta de fiscalización del cumplimiento de la norma por parte de las instancias estatales llamadas a hacerlo, una vez más facilitará el deterioro de los salarios a favor de la ganancia empresarial”, señala el documento.

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