Se observa que hay una sistemática negación de los derechos laborales

Flexibilización de contratos se impone en Salud, dice CEDLA

Datos:  En cuatro ciudades del eje, 49.862 personas están ocupadas en este sector, lo cual representa el 12% del total de trabajadores del área pública, según una encuesta.

Página Siete / La Paz – 13/04/2012

De acuerdo con un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), entre los médicos y trabajadores en salud del sector público prevalecen los contratos flexibilizados, mientras que los derechos laborales son sistemáticamente limitados.

La Encuesta de Empleo Urbano de 2011, impulsada por dicha organización, estableció que la población ocupada en el sector salud, en cuatro ciudades del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), abarca a 49.862 personas, hombres y mujeres. Esta cifra representa el 12% del total de trabajadores del área estatal.

“Se trata de administrativos, médicos, auxiliares de enfermería, personal de limpieza y otros trabajadores de servicios sujetos a contratos con salarios y derechos laborales desiguales y discriminadores, propios de un proceso de flexibilización laboral que hoy, como muy pocas cosas en el país, goza de buena salud”, señala el informe.

Según Bruno Rojas, investigador del CEDLA, actualmente los contratos de trabajo asumen diferentes formas -funcionarios públicos, temporales, consultorías y otros- y crean un panorama que agudiza la negación de los derechos laborales. Esto, dice, revela que la flexibilización laboral está en plena vigencia.

En la práctica, “esto significa la negación de la estabilidad laboral, el acceso al salario digno, a la seguridad social, a la jubilación y a algunos derechos que han sido conquistados por los trabajadores”, argumentó.

Agregó que en este contexto debe comprenderse la lucha emprendida por el sector salud. “Es la expresión de otros sectores que también están reclamando sus derechos”.

El decreto 1126 restituye la jornada laboral de ocho horas para el sistema nacional de salud. Los médicos y trabajadores rechazan la norma y los del sistema público piden, cuando menos, su incorporación en la Ley General del Trabajo.

El personal de las entidades aseguradoras, como la Caja Nacional de Salud, se ampara en esta ley y goza de todos los beneficios que ella otorga; el del sector público, en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

“No nos pagan por horas extras, finiquitos, turnos nocturnos ni dominicales”, reclama Aidé Vidal, ejecutiva de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia.

El Gobierno descartó la posibilidad de incorporar al sector a la citada norma. El miércoles, el ministro de Economía, Luis Arce, justificó así: “S   on 1.251 millones de dólares al año; no es una cifra pequeña”.

A fines de marzo, el Ministerio de Salud informó que elevará a rango de ley el decreto 28909 del Estatuto de los Trabajadores en Salud y que incluirá esta norma dentro de lo que será la nueva Ley General del Trabajo.

Pero lo anterior, no significa que los trabajadores gocen de beneficios sociales, así lo entendieron ellos -y así lo confirmó una fuente ministerial-, por lo que su protesta no tuvo tregua desde hace dos semanas.

Salud resalta otros beneficios

El viceministro de Salud, Martín Maturano, explicó que si bien los trabajadores sanitarios no están incorporados en la Ley General del Trabajo, éstos gozan de otros beneficios que les otorga la normativa del sector.

“El Estatuto de los Trabajadores en Salud ha sido una conquista de ellos, donde se establece una serie de beneficios como el bono de vacunación, el tema del escalafón, la estabilidad laboral y el reconocimiento a su carrera administrativa”, resaltó. En criterio de Bruno Rojas, investigador del CEDLA el Gobierno apunta a desconocer paulatinamente los derechos laborales.

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