31 de diciembre de 2010.- Bolivia entró el viernes en una suerte de tregua por el Año Nuevo tras cuatro días de intensas protestas que dejaron decenas de heridos y demandas de renuncia de Evo Morales por primera vez en su mandato, como rechazo al fuerte aumento de los combustibles decretado por su Gobierno.

La mayor ola de desaprobación a la que se enfrenta el indígena izquierdista en sus casi cinco años de Gobierno podría resurgir la semana venidera, para cuando dirigentes vecinales, sindicales y políticos opositores anunciaron protestas pese a la mejora salarial y otras medidas oficiales compensatorias.

Morales subió los precios de los combustibles en hasta un 83 por ciento el pasado fin de semana, con el objeto declarado de cortar una millonaria subvención y alentar inversiones petroleras, pero la sorpresiva medida desató una subida desmesurada de precios de alimentos y transporte que encendió reclamos hasta de grupos aliados para que fuera anulada.

«La próxima vez veremos cuánto más pueden fortalecerse las protestas, pero en todo caso tendremos un año 2011 muy difícil, principalmente porque la vida nacional vuelve a politizarse en extremo», dijo el analista Jorge Lazarte, un catedrático universitario de línea centrista.

Los bloqueos de carreteras en diversas vías entre La Paz y la vecina ciudad altiplánica de El Alto fueron levantados en la madrugada del viernes y el transporte reanudó servicios, dando a ambas ciudades la apariencia de total normalidad.

Panorama similar transmitía la televisión desde otras ciudades importantes, en contraste con la violencia del día anterior que tuvo su clímax en la quema de una estación de peaje y de la sede de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), además del apedreamiento de la Vicepresidencia.

Morales, que decretó un aumento salarial del 20 por ciento para compensar el reajuste de combustibles, expresó confianza el jueves en que «todo volverá a la normalidad a medida que el pueblo entienda el beneficio de las medidas», de cuyo costo político dijo que se hacía totalmente responsable.

Por delante tiene negociaciones con transportistas, que demandan un alza tarifaria de un 100 por ciento que el Gobierno no acepta y mientras tanto cobran hasta el 150 por ciento más del costo a una de las poblaciones más pobres de América Latina, altamente usuaria del servicio público.

Pese a haber congelado las tarifas de agua, electricidad y telefonía como paliativos, los sectores del comercio y agroalimentarios han subido unilateralmente los precios de bienes básicos, anticipando un fuerte impacto inflacionario que el Gobierno llegó a calcular hasta en un 20 por ciento.

BOOMERANG POLITICO

Gritos como «¡Que se vaya Evo!» o «¡Evo, cuidado, el pueblo está enojado!» se escucharon en las manifestaciones por primera vez desde que el dirigente cocalero emergiera en el 2005 como tabla de salvación para un país sumido en un caos político.

Su discurso indigenista y «anti neoliberal» lo llevó a tener una cadena de triunfos electorales, incluida su reelección en diciembre del 2009, que le dieron un poder político que se puso a prueba con la impopular medida sobre los combustibles, según analistas.

Ahora está siendo cuestionado y hay demandas de renuncia surgidas hasta de los mismos sectores que ayudaron a encumbrarlo.

«Morales está sufriendo las consecuencias de los excesos de su propio discurso, que sus bases le exigen que cumpla», dijo Lazarte.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (CEDLA), una antigua organización no gubernamental que dirige un centro de estudios petroleros, afirmó tras las protestas del jueves que «Evo pierde base social, miles repudian su política petrolera».

Los manifestantes, según el CEDLA, cuestionan principalmente la decisión «neoliberal» de Morales de romper un quinquenio de estabilidad económica para beneficiar a las transnacionales petroleras que en la última década concentraron su negocio en la exportación de gas a Argentina y Brasil.

Los cuestionamientos crecían también entre los sindicatos cocaleros, que convocaron para el viernes a una asamblea de emergencia a la que Morales, su líder, decidió no acudir enviando en cambio al vicepresidente Alvaro García.

Un sindicato de productores de coca de Chapare, la cuna política de Morales, se sumó a los pedidos de anulación del llamado «gasolinazo» y bloqueó carreteras por varias horas.

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