LA PAZ, nov (IPS) – La petrolera estatal brasileña Petrobras mantiene casi inalterable su presencia y vigor en la producción de gas natural en territorio boliviano, pese a la nacionalización de los hidrocarburos impulsada en 2006 por el presidente izquierdista Evo Morales.

Con la firma en 1992 de un contrato preliminar de compra-venta de gas natural entre los gobiernos de Bolivia y Brasil, comenzó la historia de transferencia del poder petrolero boliviano a Petrobras y a otras transnacionales interesadas en las grandes reservas de hidrocarburos del país andino.

En 1995, la brasileña instaló sus oficinas en Bolivia, exactamente un año antes del llamado proceso de capitalización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que significó la privatización de todas sus actividades operativas.

Petrobras (Petróleo Brasileño) avanzó por delante de las demás compañías extranjeras y consiguió una negociación ampliamente favorable para explorar, explotar, transportar, refinar y exportar hidrocarburos, antes todos privilegios de YPFB.

A cuatro años de la nacionalización de los hidrocarburos impulsada por Morales (2006-2009 y en segundo mandato desde enero), expertos ponen en duda la profundidad y efectividad de los cambios introducidos en esta industria, especialmente en relación al gigante sudamericano.

«No hubo una nacionalización del petróleo, sino una migración (cambio) de contratos petroleros», que ratificaron a Brasil las condiciones excepcionales de explotación del gas natural otorgadas en 1996, afirmó a IPS el periodista especializado en temas energéticos, Mirko Orgaz.

Carlos Arze, experto en hidrocarburos del no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, coincide: «La nacionalización de los hidrocarburos no fue tal, en el sentido de la recuperación de la capacidad estatal de dirigir y controlar la actividad de este sector estratégico de la economía».

Tras la nacionalización anunciada el 1 de mayo de 2006, el presidente Morales firmó el 28 de octubre de ese mismo año nuevos contratos con petroleras extranjeras que incrementaron el impuesto a la producción de 18 a 80 por ciento a favor del Estado.

Arze aseguró a IPS que «como representante de los intereses brasileños» Petrobras fue actor principal de las «reformas neoliberales» de 1996 en el sector petrolero boliviano.

La presencia brasileña comenzó, según Arze, «con la firma del contrato de exportación de gas a Brasil, y la introducción de los contratos de riesgo compartido en la normativa nacional, para permitir la privatización de los recursos hidrocarburíferos y la presencia dominante del capital extranjero».

En el primer trimestre de este año, Bolivia vendió gas a Brasil por un valor de 1.700 millones de dólares, la décima parte del producto interno bruto (PIB) de la nación altiplánica. En igual lapso, Argentina compró hidrocarburo por 362 millones de dólares.

Pese al cambio tributario, Petrobras «se acomodó a la nueva situación porque no era racional abandonar un negocio millonario que mostraba grandes perspectivas por la elevación extraordinaria de precios de las materias primas», opinó Arce.

«Otros elementos adicionales que explican la decisión de mantenerse en el país fueron la necesidades de energía de su economía en acelerado crecimiento y la estrategia geopolítica que la burguesía brasileña despliega en América del Sur», agregó.

En interpretación de Orgaz, «como no ha cambiado nada (en las condiciones de la explotación de gas natural), Brasil anunció que desea ampliar el contrato de compra-venta de gas natural por veinte años y duplicar los volúmenes», que actualmente ascienden a 30 millones de metros cúbicos por día.

El poder de la firma brasileña sobre el sector petrolero boliviano, según estudios de Arze y con datos de 2008, se expresa en el control de 10 por ciento de las áreas de operación del país, equivalentes a 606.490 hectáreas.

En 2008 Petrobras controlaba 17,08 por ciento de las reservas de gas boliviano, frente al 16,7 por ciento de 2004, aseguró el analista. Asimismo, en 2004 era responsable de 56,7 por ciento de la producción de gas natural y petróleo de Bolivia, porcentaje que habría subido a 61,5 por ciento en 2008.

En cuanto al transporte por ductos internos, la estatal brasileña maneja un poco más de 12 por ciento de esta actividad, proporción similar al periodo anterior a la nacionalización, según datos de Arze.

El especialista explica que las refinerías, que estuvieron a cargo de Petrobras en 93,6 por ciento, fueron transferidas en calidad de venta al Estado boliviano.

La economía boliviana fue sacudida en septiembre por un estudio preliminar de la consultora estadounidense Ryder Scott Company, que reveló que las reservas probadas de gas natural del país conocidas hasta 2005 –15 trillones de pies cúbicos (TCF)– ahora se encuentran en 8,3 TCF, poniendo en duda los contratos de venta a Argentina y Brasil.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, afirmó que estas reservas alcanzan a 12,8 TCF, pero aún espera el informe final de la consultora.

Orgaz apunta a otra desventaja en el negocio boliviano del gas natural. Brasil paga cerca de 5,62 dólares por millar de pies cúbicos, precio que a su juicio debería elevarse al doble si se aplicara una fórmula que considere el valor calórico y las ventajas ambientales del gas como energía limpia.

De acuerdo a sus cálculos, que toman como referencia el precio internacional del barril de petróleo (86 dólares), el valor que debería cancelar el gigante sudamericano por millar de pies cúbicos sería de 14 dólares.

Según Orgaz, Brasil comercializa ese mismo volumen de gas en 23 dólares, «un excelente negocio para Petrobras, en desmedro de YPFB y el Estado boliviano», enfatizó.

En este marco, el reciente anuncio de industrialización de gas natural boliviano en dos plantas localizadas en territorio brasileño es considerado por Arze «un escollo difícil de salvar para el proyecto boliviano de establecer una planta de urea y amoníaco, debido a la restricción, o por lo menos la competencia, en el mercado brasileño».

Arze y Orgaz cuestionan la demora en las decisiones del gobierno de La Paz, y anticipan una frustración de las demandas populares generadas en la rebelión de 2003, que terminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) en la denominada «guerra del gas», que resultó con 60 civiles muertos.

Brasil no tendría impedimento legal para industrializar el gas boliviano, según Arze, mientras Orgaz lamenta que el gobierno no apueste a transformarlo en un tipo de diesel ecológico (libre del cancerígeno azufre), cuyo millar de pies cúbicos se cotizaría en 13 dólares, el doble del precio que paga hoy el vecino país. Ambos analistas observan a Brasil en una posición altamente influyente sobre la política boliviana, y citan proyectos estratégicos como la construcción de una carretera y un tren eléctrico que uniría las costas de los océanos Pacífico y Atlántico a través de Bolivia, y el interés de explotar el litio del Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, al sureste de La Paz.

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