Por ejemplo, un trabajador de 58 años, con aportes de 25 años (15 al sistema de reparto y 10 en el seguro social obligatorio), con un salario actual de tres mil bolivianos, obtendrá una renta de 740 bolivianos, del cual el 79,5 por ciento es financiado por la CC, que es pagada por el Tesoro General de la Nación (TGN), y tan sólo el 20,5 por ciento por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Con la propuesta del Gobierno, esta renta se elevará a 1.853 bolivianos gracias a la fracción solidaria que añadirá 1.113 bolivianos. Del monto total de la renta, de acuerdo con Arze, el 60 por ciento estará cubierto con la fracción solidaria, el 32 por ciento por la CC y sólo un 8 por ciento por el PCA (capital acumulado) proveniente del ahorro individual.

En el caso de que esta persona no hubiese aportado al sistema de reparto que otorga la CC, su renta individual calculada estaría constituida sólo por PCA y por tanto la fracción solidaria será mayor para que el trabajador acceda una renta más consistente.

Según datos de la desaparecida Superintendencia de Pensiones, las rentas de las personas que se jubilaron en las AFP fueron financiadas por la CC: en 2003 en 94 por ciento y en 2006 en 93 por ciento.

AJUSTES

En opinión del especialista, a la larga el fondo solidario no podrá sostener las rentas de los trabajadores que no cuenten con la CC, lo que “significa un riesgo de insostenibilidad permanente” del propio sistema.

Por ello, señala, el Ejecutivo ha incorporado en el proyecto de Ley de Pensiones la posibilidad de actualizar cada cinco años los montos de financiamiento del fondo solidario referidos a los sueldos superiores a 13 mil bolivianos, que además es financiado por el 20 por ciento de las primas por riesgo común, el 0,5 por ciento del trabajador asegurado y el tres por ciento del aporte patronal.

Empresarios insisten en una administración mixta

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó ayer al presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado, David Sánchez (del MAS), incluir las propuestas de su sector en la nueva Ley de Pensiones antes de proceder a su sanción.

El presidente interino de la CEPB, Ronald Nostas, insistió en que sean dos las entidades, una pública y otra privada, las encargadas de manejar los aportes de los fondos de pensiones de los trabajadores y no como lo plantea el Gobierno en el proyecto de jubilación, donde se habla de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. En su opinión, así se logrará una administración transparente de los aportes de los trabajadores.

Además, Nostas señaló que como está planteada, la reforma de la Ley de Pensiones “no va a durar”. “Se debería conocer el cálculo que se ha hecho para asegurar una sostenibilidad mayor a los 35 años. Nosotros creemos que esa información debería haber sido compartida entre todos los actores, sobre todo los que en este momento están sosteniendo el sistema, que es el sector privado”, indicó Nostas. Asimismo, lamentó que representantes del Gobierno consideren a los sectores y personas que observan el proyecto de Ley Pensiones como un movimiento político.

MAS apresura sanción en el Senado

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores iniciará hoy el tratamiento del proyecto de Ley de Pensiones en pos de sancionar la norma antes de fin de semana, anunció el presidente de esta instancia, David Sánchez (MAS).

En opinión del senador, “no hay mucho que debatir” respecto al proyecto de ley porque tiene el aval de los trabajadores del país.

El 24 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, que reemplazará a Ley 1732 promulgada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

El proyecto de Ley de Pensiones que propone la administración de Evo Morales plantea reducir la edad de jubilación a los 58 años para los hombres y hasta los 55 años para las mujeres, dependiendo de la cantidad de hijos.

Además, se creará la pensión solidaria para elevar las rentas más bajas de los trabajadores y una gestora pública de seguridad social de largo plazo, a la que se traspasará la cartera que actualmente administran las AFP. Esta entidad pública brindará información actualizada sobre el estado de su cuenta individual a cualquier trabajador que lo solicite.

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