Raúl Zibechi*
La explotación y exportación de recursos primarios o bienes comunes, está permitiendo a los gobiernos de la región atravesar la crisis global sin grandes cataclismos internos, a lo que pueden sumar extensas políticas sociales. Queda en el tintero un amplio debate sobre el modelo extractivo y sus consecuencias a mediano plazo.

El gobierno de Evo Morales consiguió acumular, por vez primera en la historia de Bolivia, reservas internacionales que superan los 9.000 millones de dólares que el próximo año superarán los 10.000 millones. En los últimos 15 años Bolivia casi duplicó el ingreso per cápita pasando de 896 dólares anuales a 1.683 dólares en 2009, aunque esas cifras no contemplan la inflación. Ambos incrementos se deben al impacto de los ingresos que percibe el país por sus exportaciones.

Hace doce años, en 1998, las exportaciones mineras e hidrocarburíferas suponían el 47 por ciento de las exportaciones de Bolivia. Hoy representan el 80 por ciento, según un reciente informe difundido por el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario). Una tendencia no muy diferente a la que se registra en la mayor parte de los países de la región, donde la reprimarización de la producción y las exportaciones viene siendo la norma. Los altos precios de las commodities alientan esta tendencia que, sin embargo, augura problemas para el futuro inmediato.

Neoliberalismo y neocolonialismo

Por extractivismo entendemos la apropiación de los bienes comunes, de modo directo o indirecto, para convertirlos en mercancías. Se trata de una fase diferente del modelo neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y financiera y la desregulación laboral. Forma parte del proceso de financierización de las economías, toda vez que podemos considerar el extractivismo como un proceso más especulativo que productivo: las inversiones son mínimas y el retorno del capital es tan veloz como sucede en el sistema financiero.

En la producción de soja, y en otros rubros de la agricultura, se alquilan las tierras y las máquinas, de modo que la inversión fija es muy baja en el conjunto del capital movilizado. Pero el retorno se produce en apenas una cosecha, al cabo de la cual el pool de siembra puede emigrar a cualquier otro lugar porque -precisamente- no se ha fijado en ningún espacio físico. Algo similar sucede con la minería, con la peculiaridad de que las ganancias son fabulosas.

Es un modelo excluyente porque no necesita personas. Más aún, las personas son un obstáculo. Mientras el modelo basado en la producción industrial durante la sustitución de importaciones necesitaba trabajadores calificados y gran cantidad de obreros y empleados en la producción y la distribución, y necesitaba a los consumidores de esas mercancías, con el modelo extractivo sucede todo lo contrario: la mecanización hace irrelevante el trabajo humano (la minería tiene un sistema muy similar al de las plataformas petrolíferas con alta rotación de trabajadores especializados que viven muy lejos del lugar de trabajo). Y no hay consumidores, ya que los productos primarios son exportados a países lejanos para alimentar ganado o para ser procesados.

Es un modo de producir mercancías que destruye la naturaleza. “El proceso de privatización y concesiones de lotes petroleros, gasíferos, mineros y forestales, se ha ido profundizando con los últimos tres gobiernos: Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori dejó el 15 por ciento de la Amazonía lotizada y concesionada; Toledo avanzó puntos más y García ha llegado a privatizar el 72 por ciento del territorio amazónico en lotes concesionados y entregados al gran capital transnacional, muchos de los cuales se superponen a las reservas territoriales de pueblos en aislamiento voluntario”, dijo el dirigente indígena peruano Alberto Pizango al cumplirse el primer aniversario de la masacre de Bagua, el pasado 5 de junio.

Pobreza y control territorial

La extracción empobrece a los países productores y enriquece a las multinacionales. Paga impuestos apenas simbólicos y en ocasiones nada, ya que estos emprendimientos suelen implantarse en limbos jurídicos como las zonas francas y aprovechan todas las ventajas que les ofrecen los países propietarios de esas riquezas.

Forma parte de lo que el geógrafo David Harvey ha definido como “acumulación por desposesión” o, si se prefiere, por robo o apropiación. Aún cuando pueda cuestionarse el desarrollismo, el exctractivismo no se inscribe ni siquiera en esa genealogía, ya que se salta el proceso industrializador en los países donde se instala. El reciente informe del Banco Mundial, “Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?”, afirma que los países de la región “llegaron a ser de los más prósperos del mundo gracias a la producción de metales precios, azúcar, caucho, granos, café, cobre y petróleo”.

Suena extraño que la expoliación colonial sea leída de ese modo por una institución que pretende orientar las políticas nacionales. Más aún, asegura que “las exportaciones de bienes primarios siempre han activado las economías de la región, llenando las arcas de los gobiernos”, y que América Latina “puede derivar beneficios significativos por ser la mina y el granero” de las economías centrales. Casi un insulto.

Omite, por ejemplo, la creciente militarización de áreas enteras para despejar población molesta para este tipo de acumulación, que tiene en la guerra colombiana su mayor expresión. Los territorios de la guerra son exactamente aquellos donde las multinacionales han puesto sus ojos para apropiarse de los bienes comunes como lo muestran varios estudios. En paralelo, el agronegocio se apropia de millones de hectáreas desplazando a la población campesina productora de alimentos, con lo que la seguridad alimentaria de las naciones de debilita.
En consecuencia, este modelo genera pobreza y exclusión. El economista argentino Claudio Katz recordó un estudio de CEPAL que afirma que en la Argentina el decil más rico tiene un ingreso per cápita mayor que ese mismo sector en los países anglosajones, en tanto la población con menores ingresos es veinte veces más pobre que los estratos más bajos de los países desarrollados.

Debate urgente

Esta etapa del modelo neoliberal está siendo conducida en buena medida por gobiernos progresistas y de izquierda. Desde el lado de quienes defienden los monocultivos, la minería y la explotación de los hidrocarburos pueden aportarse argumentos valiosos para establecer un debate realista sobre los problemas y ventajas del modelo extractivo. Estos emprendimientos aseguran un flujo de caja a los estados para poder cumplir con sus obligaciones, entre las que destacan el pago mensual de salarios y beneficios sociales para los más pobres. Más aún, se podría argumentar que cierto nivel de extractivismo es un “mal necesario” para amasar los excedentes que permitan dar un salto industrialista.

El informe del CEDLA sobre Bolivia señala por lo menos tres debilidades inherentes a este modelo: la volatilidad de los ingresos fiscales por la inestabilidad de los precios internacionales de las commodities; la fragilidad en la ejecución del gasto ya que “la eventual caída de estos ingresos afecta a la ejecución de proyectos estratégicos”; y finalmente que “la creciente explotación de recursos no renovables requiere de fuertes inversiones lo que conduce a que los gobiernos opten por contratan deuda externa a fin de sostener esas inversiones”.

Un problema adicional es que aún no existen actores sociales y políticos poderosos como para presionar para ir más allá del extractivismo. Durante la fase de las privatizaciones existían sujetos que pudieron resistirlas, en particular los sindicatos estatales. Ahora no existen esos sujetos, deben ser construidos en una situación muy compleja: predomina un discurso estatal “progresista” que justifica el extractivismo, pero la mayor parte de la población no puede “ver” el modelo cuyos emprendimientos están en áreas rurales lejanas a las grandes ciudades.

Como mínimo, sería deseable que se instalara un debate público sobre el tema que no se reduzca al porcentaje de impuestos que deben pagar las empresas. Algo se ha avanzado sobre el tema, sobre todo en el costado ambiental. Pero la madeja está lejos de desovillarse: el nudo de la cuestión es cómo transitar de la extracción hacia la producción, no sólo sumando algo de valor agregado (el mal menor) sino estableciendo pautas para un crecimiento autónomo de los precios internacionales, tan caprichosos en sus explosivos aumentos como depredadores en las debacles.

*Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

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