Unas 446 mil unidades productivas campesinas e indígenas diseminadas en el altiplano (225 mil), en los valles (164 mil) y tierras bajas del oriente (57 mil)* ultiman detalles para conformar Consejos Económicos Productivos (CEP), encargados de implementar en los próximos 10 años la reactivación económica del aparato productivo de comunidades rurales, de acuerdo con su vocación productiva.

Tras ese tiempo y cumplida la labor de las CEP, se espera que en el país haya 3 millones de campesinos e indígenas que produzcan alimentos. Actualmente, se estima que en el campo trabajan alrededor de un millón de agricultores produciendo para 10 millones de habitantes.

En todo el territorio nacional existen 12 mil comunidades campesinas, con un promedio de 50 familias por comunidad, que representan el 44 por ciento de la población económicamente activa, indican datos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

“En algunas comunidades campesinas ya tenemos compañeros que van a conformar los CEP; en otras están esperando que el Gobierno apruebe y promulgue la Ley de la Década Productiva Comunitaria, para empezar a elaborar proyectos destinados a desarrollar las potencialidades productivas de nuestras comunidades”, explica Ricardo Miranda, secretario de Desarrollo Agropecuario de la CSUTCB.

Entre algunos proyectos productivos denominados “estrella” que serán ejecutados gradualmente en los próximos 10 años mencionó, por ejemplo, los complejos industriales para la producción y transformación a gran escala de castaña en Riberalta; de frutas en el valle alto de Cochabamba; de maní y otros cereales en Mizque; de camélidos en el altiplano paceño; de ovinos en Oruro; de frutas tropicales en Chapare; de café y cacao de altura en los Yungas paceños; de quinua y otros granos andinos en Oruro y La Paz; de carne y lácteos en regiones del chaco cruceño y chuquisaqueño; de producción piscícola en las cuencas del altiplano, Pilcomayo y la Amazonia, entre los más grandes.

“La diferencia es que todos estos proyectos serán administrados, fiscalizados y evaluados periódicamente por las comunidades campesinas y sus organizaciones, para evitar que se roben la plata y, fundamentalmente, la corrupción”, señala el dirigente de la CSUTCB.

Ley

Se estima que el proyecto de ley denominado “Declaración de la Estrategia Plurinacional de la Década Productiva Comunitaria”, concebido y socializado desde hace dos años por las cinco organizaciones campesinas e indígenas más representativas del país, será aprobado y promulgado el 14 de noviembre, en la localidad de Peñas, en conmemoración de los 229 años del descuartizamiento del caudillo aymara Julián Apaza, conocido como Túpac Katari.

En el ámbito de las comunidades campesinas, los municipios, las gobernaciones departamentales y todo el territorio nacional, el proyecto de ley crea los CEP con la misión de planificar, formular y ejecutar planes, proyectos y programas de desarrollo productivo, que permitan vivir bien, con equidad y justicia social.

Un decreto reglamentario establecerá las funciones, composición, duración y sesiones de las CEP.

Campesinos esperan recibir recursos no reembolsables

Los artículos 8 y 9 del proyecto de Ley de la Década Productiva disponen que los gobiernos nacional, departamental, regional, municipal y autónomo indígena, originario, campesino asignen un 35 por ciento de su presupuesto de inversión a la producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal de su respectiva jurisdicción.

Estos recursos serán transferidos de manera directa y no reembolsable a las comunidades y administrados por los Consejos Económicos Productivos en función a los planes y proyectos de desarrollo productivo que presenten.

Los recursos financiarán proyectos productivos relacionados con el uso y manejo sostenible del agua de riego; recuperación de suelos; mecanización de la producción agrícola; producción de semillas nativas y mejoradas; mejoramiento de la producción agrícola, pecuaria, apícola, hortícola, frutícola, piscícola y forestal a nivel regional y nacional; construcción de centros de acopio, silos, industrias de alimentos; y comercialización nacional y exportación de excedentes, informó Elvira Gutiérrez, técnica de la CSUTCB.

LA PRODUCCIÓN QUEDÓ REZAGADA

En los últimos 15 años de participación popular, los municipios recibieron millones de bolivianos destinados a resolver problemas de infraestructura en caminos, deportes, educación y salud, pero no para desarrollar el aparato productivo en los pueblos y comunidades campesinas abandonadas por la población joven que salió a las ciudades en busca de mejor suerte, explica Ricardo Miranda, secretario de Desarrollo Agropecuario de la CSUTCB.

Indica que con la Ley de la Década Productiva la asignación de recursos sufrirá un cambio de 180 grados porque los gobiernos municipales deberán elevar del 3 al 35 por ciento el porcentaje de sus inversiones al desarrollo productivo agropecuario, las gobernaciones del 7 al 35 por ciento y el gobierno central del 19 al 35 por ciento.

“Los recursos de las tres fuentes creemos que constituyen en un buen fondo para que las organizaciones campesinas e indígenas reactiven el aparato productivo en las comunidades, paren la migración a las ciudades, garanticen la seguridad alimentaria del país y mejoren la calidad de vida de los hombres que viven en el campo”, señala Miranda.

*En esta nota el periodista no menciones la fuente, pero  utiliza datos del CEDLA, publicados el año 2000 en el libro Campesinos, patrones y obreros agrícolas: una aproximación a las tendencias del empleo y los ingresos rurales de Enrique Ormachea y Pablo Pacheco. 

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