Autoridades de gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) concertaron en más de seis meses de negociación un proyecto de Ley de Pensiones que reduce la edad de jubilación a 58 años y que establece una nueva escala de rentas y un bono solidario para los jubilados que ganan entre 1.300 y 2.400 bolivianos. Los trabajadores del país aprobarán o rechazarán la norma en un ampliado nacional el 12 de noviembre en la ciudad de Cochabamba.

El gobierno de Evo Morales y la COB negocian desde abril de este año cuatro leyes sociales: la Ley de Pensiones, la Ley General del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Reactivación del Aparato Productivo.

La máxima organización laboral y el Presidente Morales terminaron de concertar el martes de esta semana el texto del proyecto de Ley de Pensiones, informó el Vicepresidente Alvaro García Linera. Las otras comisiones continúan negociando los tres proyectos de ley pendientes, precisó el secretario general de la COB Pedro Montes.

La COB demandaba una renta mínima de 2.000 bolivianos para los trabajadores con 20 años de servicio, 2.500 para quienes aportaron durante 25 años y 3.000 para los empleados con más de 30 años de servicio. También pedía reducir la edad de jubilación hasta 55 años para varones y hasta 50 años para mujeres.

Finalmente, los dirigentes de la COB negociaron una renta de 1.540 bolivianos para los trabajadores con 20 años de aportes; 2.200 bolivianos para los que contribuyeron durante 25 años; 2.400 para empleados con 30 años de servicio y un mínimo de 2.600 bolivianos para los aportantes con más de 30 años de servicio.

“Se modificó el monto de la renta, partimos de 1.800 y ahora estamos en 2.600; a los mineros se les ha mejorado un poco más… y se redujo la edad de jubilación a 58 años”, informó el Vicepresidente.

También se acordó asignar un bono solidario a los jubilados que perciben rentas mínimas de entre 1.300 y 2.400 bolivianos; los que ganan más no accederán a este fondo solidario.

El ministro de Economía Luis Arce dijo que la sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones “está absolutamente garantizada” por un período superior a los 35 años.

El Vicepresidente pidió a la COB que agilice la revisión de la norma para garantizar su consideración en la presente legislatura: “La ley puede atrasarse una semana más, pero ya que hemos resuelto todos los temas, ojalá que podamos mandarla (a la Asamblea Legislativa Plurinacional) la siguiente, máximo la subsiguiente semana”.

García Linera dijo que la nueva Ley de Pensiones es muy progresista porque garantiza los derechos del 70 por ciento de los trabajadores no asalariados. Sin embargo, reconoció que todavía “hay la tensión y la pelea con algunos dirigentes desubicados del magisterio que se preocupan de defender el interés de un pequeño cuerpo privilegiado de salarios altos… están en un despiste político terrible”.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de La Paz José Luis Álvarez rechazó el proyecto de ley negociado por la COB porque no responde a las verdaderas demandas laborales: jubilación a los 55 años para los varones y 50 para las mujeres, y una renta calculada en base a las últimas 12 papeletas de pago del trabajador, financiada con aporte patronal y estatal.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Carlos Arze aseguró que el proyecto de Ley de Pensiones no es “nada revolucionario”; en esencia el trabajador no sólo continúa financiando su propia jubilación sino que también debe aportar a un fondo de rentistas que ganan poco, mientras que el Estado no contribuye ni un peso.

Pedro Montes advirtió que procesará a los “dirigentes indisciplinados” que critican la nueva norma consensuada con el gobierno y que “están convocando a algunas asambleas o cabildos o reuniones”, aludiendo a Vilma Plata del magisterio y a Wilson Mamani de la Federación de Fabriles.

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