Los dirigentes que están en la negociación COB – gobierno para reformular la LGT, como los que quedaron al margen de ella, manifestaron su desconfianza de que la nueva norma no restituya los derechos colectivos de los trabajadores.

La amenaza de la pérdida de derechos colectivos fundamentales de los trabajadores –como el derecho a la huelga o a la sindicalización– está presente en la negociación entre el gobierno y la Central Obrera Bolivia (COB) en el proceso de reformulación de la Ley General de Trabajo (LGT). Este es el criterio tanto de los dirigentes de las organizaciones que forman parte de la comisión responsable de este trabajo, como de los que salieron de ella.

Si bien la comisión que negocia la elaboración de la nueva LGT ha desechado los proyectos del gobierno y de la COB –en los que se limitaban estos derechos– y ahora busca “compatibilizar” la anterior norma laboral con la Constitución Política del Estado (CPE), existe el temor de que en el momento de abordar estos temas, los derechos colectivos de los trabajadores sean vulnerados por el gobierno.

“Según la Constitución Política del Estado la huelga es un mecanismo de defensa de los intereses de los trabajadores. Entonces se reconoce el derecho a la huelga, pero siempre de acuerdo a ley. Es decir que la ley irá enmarcando el ejercicio de este derecho…”, observa uno de los delegados de esta comisión y representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA), Ramiro Aguilar.

Desde hace aproximadamente tres meses el gobierno ha instalado cuatro comisiones que negocian los proyectos de Ley de Reforma de Pensiones, Trabajo, Extensión de la Seguridad Social y de Reactivación del Aparato Productivo. De acuerdo a información de uno de los delegados de la Confederación General de Trabajadores Fabriles (CGTFB), Vitaliano Mamani la discusión tanto en la mesa sobre la LGT como en la de la Ley de Pensiones debió haber concluido el 30 de julio, “…la COB ha pedido una ampliación hasta el 30 de agosto”, informó el dirigente, para luego presentarla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su posterior tratamiento y aprobación.

En el caso de la discusión de la LGT, si bien aún no se ha abordado el tema sobre derechos colectivos, los que forman parte de las negociaciones consideran que “el tema central será el derecho a la huelga… en el documento del gobierno y en el de la COB se limitaba el ejercicio de la huelga…”, apunta Aguilar, quien considera que si este derecho colectivo fuera condicionado por alguna otra norma los derechos individuales de los trabajadores podrían ser fácilmente vulnerados, “si fuera así, qué sentido tendría, entonces, establecer una ley con derechos y reivindicaciones cuando la experiencia enseña que los derechos se ejercen a través de la presión”, cuestiona. Es importante destacar que el ejercicio de los derechos individuales depende en gran medida del ejercicio de los derechos colectivos, principalmente del derecho a la sindicalización.

Una traba legal

Al respecto, el representante de la Federación Departamental de Trabajadores del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez considera que, luego de finalizada la negociación, el gobierno acabará por aprobar su código laboral planteado inicialmente, a través del cual se penaliza la huelga. Es decir que “toda huelga tendrá un carácter ilegal en la medida en que no esté respaldada por dos tercios de los afiliados. Entonces, si el magisterio determinara una huelga, tendrían que firmar (en la declaratoria) por lo menos 21 mil maestros. Se trata de una traba legal para imposibilitar esta medida de presión”.

Según el dirigente del magisterio, quien rechaza los avances de esta mesa de diálogo, persiste además la amenaza de la penalización de la huelga, ya que “si un dirigente es encontrado en actos reñidos contra la ley, es decir obstaculizando el libre tránsito, por ejemplo, estaría sujeto al Código Penal”.

Dirigentes cuestionados

El otro riesgo, y quizás uno de los más funestos para las organizaciones laborales es la pérdida de la independencia político-sindical con respecto al gobierno. Actualmente, dirigentes de la COB son cuestionados por sus organizaciones de base, tal es el caso de la Federación de Fabriles de La Paz, que al igual que la Federación del Magisterio Urbano desconoce a sus representantes nacionales, así como los acuerdos logrados en las mesas de negociación con el gobierno “…estos dirigentes que están negociando con el gobierno ya han perdido la credibilidad de las bases, ya no nos representan y esto el gobierno lo sabe”, señala el dirigente de la organización fabril, Wilson Mamani, quien además, convocó a una conferencia de prensa, a inicios de agosto para romper relaciones con el gobierno de Evo Morales.

Otra amenaza

Según el dirigente de la CGTFB, Vitaliano Mamani, la nueva LGT incluirá a todos los trabajadores que estaban contemplados en la norma vigente desde 1942, y que, además de estos sectores laborales, serán incorporados otros como el de las trabajadoras del hogar o los trabajadores asalariados del campo. Según este dirigente que participa en las negociaciones con el gobierno, “…en la primera parte de la ley se señala que pertenecen a ella el sector público y privado, ahora en el artículo que se refiera a los alcances de la Ley General del Trabajo se verá quiénes entran y quiénes no”, señala Mamani.

Por otra parte, Vitaliano Mamani informó que en la negociación están participando trabajadores de diferentes sectores: salud, educación, seguridad social y trabajadores municipales, entre otros. Para Álvarez todos estos sectores pasarán a formar parte de la Ley del Servidor y Servidora Públicos, que no es más que una reedición del Estatuto del Funcionario Público, aprobado durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (27 de octubre de 1999) y contrarrestado por los sectores afectados.

Según este proyecto de ley, estarían sujetos a esta norma todos los trabajadores que dependen del Tesoro General de la Nación (TGN) o de las empresas en las que el Estado tiene acciones mayoritarias. Es decir: los trabajadores de la administración pública, de los sectores de salud, educación, y de las empresas estatales como YPFB, descon-centradas y de los gobiernos departamentales y municipales, entre otros. “En esta ley se establece, además, la prohibición a la sindicalización de los empleados públicos. En esta medida los maestros perderíamos este derecho”, señala el dirigente del magisterio.

Por su parte, el dirigente de STUMSA, hizo notar que si bien se logró que el proyecto de Ley del Servidor y Servidora Públicos quede al margen de la discusión con el gobierno, se mostró escéptico frente a la posibilidad de que esta discusión quede fuera del debate definitivamente. “La preocupación que teníamos era que estábamos dentro de esta norma y ahora persiste la preocupación de que en algún momento el gobierno nos incorpore al estatuto de manera disimulada”.

Avances en las negociaciones

Los dirigentes que participan en la discusión, que se encontraría, según ellos, en un 50 por ciento de avance, consideran importante la incorporación en la propuesta de la nueva norma de los derechos que se habían perdido con la puesta en vigencia del Decreto Supremo 21060 (1985), “…recupera las conquistas sociales de cada sector […] el gobierno de Evo Morales ha sacado decretos, esos han sido incorporados en la nueva ley, como el tema de la terciarización que está totalmente prohibida”, puntualiza Vitaliano Mamani.

Por su parte, el secretario de organización de la COB y miembro de la Comisión de la Ley General del Trabajo (LGT), Ramiro Leaño dijo al periódico Cambio: “En el ampliado nacional de la COB en Huanuni, hicimos conocer los dos temas fundamentales: el preaviso y el trabajo eventual, dos conquistas sociales que recupera la LGT. Es un acuerdo al que se ha llegado después de mucha discusión con la ministra de Trabajo, Carmen Trujillo, a quien el presidente Evo Morales le ha dado el poder de decisión”.

Otro logro según los delegados es la incorporación de los contratos colectivos en la nueva ley con la finalidad de preservar la estabilidad laboral, es decir que los contratos sean respal-dados por las organizaciones laborales como el sindicato, la federación e incluso la confederación de trabajadores de cada sector, dejando de lado los contratos individuales.

Rechazo a los acuerdos

Los sectores que están fuera de la negociación entre el gobierno y la COB son los trabajadores fabriles y del magisterio urbano, entre otros. Estos sectores rechazan los consensos logrados hasta el momento y señalan que no existió socialización a nivel de los sindicatos. La negociación se realizó solamente a nivel de confederaciones y algunas federaciones.

Reclaman a sus dirigentes haber actuado a espaldas de sus bases, debido a que la propuesta que se está aprobando es la del gobierno con ciertas concesiones “Con referencia a la Ley General de Trabajo hemos presentado un proyecto, pero se está tergiversando, no queremos avalar esas leyes, porque están digitadas desde el gobierno”, afirma Wilson Mamani.

Sumado a esto el representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Mitma,  considera que la falla fundamental de esta negociación radica en la intermediación de técnicos “comprados” por las transnacionales. Sin embargo, por las declaraciones realizadas por los dirigentes, se puede constatar que el núcleo del problema es que se trata de una negociación que no goza del respaldo de las bases, las cuales desconocen los acuerdos establecidos y cuestionan la legitimidad y representatividad de sus dirigentes nacionales a nivel de confederaciones, federaciones y COB.

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