Tal como se había alertado, la crisis capitalista ha ingresado en una nueva fase caracterizada por la quiebra ya no sólo de algunas empresas, sino de países enteros. La razón de ello, es que las soluciones adoptadas el 2008 y 2009, consistentes en la emisión de millonarios rescates en favor de las entidades financieras, no han sido suficientes –ni mucho menos– para revertir la crisis estructural del sistema, sino que, por el contrario, al inflar más la enorme deuda pública preexistente, han acabado haciendo detonar el déficit fiscal de muchos Estados europeos. Del mismo modo en que viene ocurriendo desde hace varias décadas atrás, el capitalismo posterga el estallido de la crisis. Pues en lugar de arrasar con aquellos capitales ineficientes para restituir la normalidad; recurre al expediente de incrementar la deuda pública y, consecuentemente, el déficit fiscal, para financiar esos “salvatajes”, que tienen como beneficiarios principales a los capitalistas: banqueros y financistas, que especularon con los títulos, acciones, hipotecas, etc. obteniendo grandes réditos aunque sin crear un ápice de nueva riqueza real.

Los síntomas de recuperación que vieron los gobiernos de los países imperialistas y los funcionarios de los organismos internacionales desde mediados del 2009 no fueron más que fuegos artificiales. El incremento del comercio y del consumo merced a las reducciones impositivas y la reanimación del crédito por la reducción de la tasa de interés a cero, así como la recuperación de la capacidad de préstamo de algunas entidades financieras que recuperaron activos “tóxicos” –gracias a los millonarios “salvatajes” emitidos por los gobiernos– se han ido sumando a la deuda ya impagable de muchos países. Más aún, el costo de las políticas de “reactivación” que favorecieron a las industrias bélicas, vía reanimación de las guerras e invasiones en medio oriente, también se cargó a cuenta del déficit y la deuda pública de muchos países.

La eurozona en bancarota

Como señala un analista francés[1], el origen de las enormes deudas de varios Estados de Europa, fueron la naturaleza regresiva de las políticas tributarias –basada en la exención de impuestos a las ganancias y la priorización de impuestos a los consumidores, que redujo los ingresos fiscales– la evasión fiscal de las empresas capitalistas y los bajos niveles de crecimiento económico, que, al enfrentarse al incremento de los gastos militares y la corrupción, dieron como resultado el crecimiento del déficit fiscal.

El crecimiento de las deudas estatales fue alentado, posteriormente, por la extrema liberalización financiera que permitió hacer grandes negocios especulativos con los títulos de deuda pública. La deuda de los países de la eurozona habría llegado este año al 83,6% respecto al PIB, destacando como países más endeudados Italia, Grecia, Bélgica, Hungría, Francia y Portugal. Por su parte los datos del déficit fiscal, destacan a Irlanda, Grecia, Reino Unido, España y Portugal, como los países con mayores déficits, que van de 9% a 14% de su PIB[2].

En esas circunstancias, los países europeos más débiles, ahogados por la presión de los acreedores y su insolvencia fiscal, fueron obligados por la Unión Europea (UE) a implementar una serie de ajustes fiscales y reformas laborales –que, como en el caso de Grecia, será monitoreada por inspectores internacionales– para acceder a la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la propia UE, con el objetivo de convertirse nuevamente en buenos pagadores de su deuda con banqueros y países más poderosos.

Reducir el gasto público es el dictamen

La principal condición puesta para restaurar el equilibrio fiscal, es la reducción del gasto público dirigido a financiar las políticas sociales y al pago de salarios. Así, por ejemplo, Grecia, que empezó con la aplicación de ajustes desde el año 2009, optó por medidas como la reducción de salarios de trabajadores estatales de hasta 16%, la eliminación del pago de horas extras, el congelamiento de salarios públicos durante tres años, reducción de oficinas administrativas de 1.300 a 340, autorización al gobierno para privatizar empresas públicas y acciones en otras empresas, además del aumento de impuestos como el IVA que subiría de 19% a 21%[3].

Por su parte, España ha resuelto reducir el gasto público en 50.000 millones de euros en los próximos cuatro años que implicará el recorte de la inversión pública, la reducción de personal, la reducción de la demanda de trabajo estatal y el congelamiento de los incrementos salariales de los trabajadores estatales hasta 2012.

Facilidades para el despido de trabajadores

Sin embargo, las medidas más alarmantes son las dirigidas a facilitar el despido de los trabajadores y la reducción de los salarios, que permitirían una mayor explotación laboral con el fin de restaurar los niveles de ganancia de los capitalistas. Estas medidas, sin embargo, repercutirán en el incremento del desempleo en esos países, caracterizados precisamente por la presencia de una elevada tasa de desocupación.

El gobierno “socialista” de Grecia, negoció con el FMI y el Banco Central Europeo una reforma laboral que: i) facilita el despido, al elevar del 2% al 5% el número de trabajadores que pueden ser despedidos mensualmente por las empresas con más de 150 empleados y al reducir el valor de la indemnización por despido en 50%; ii) reduce los salarios de los empleados de la administración pública en 30% y el mínimo para los jóvenes menores de 25 años a sólo el 80% del salario mínimo de los adultos; iii) exime de responsabilidades al Estado, al determinar la liberalización de algunas profesiones y iv) reduce las jubilaciones futuras al ligarlas a la esperanza de vida, eleva la edad de jubilación de 61 a 65 años y aumenta de 35 a 40 los años de aporte necesarios para jubilarse.

En España, el gobierno también “socialista”, aprobó una amplia reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1995, apuntando a facilitar el despido y abaratar los costos de contratación. La nueva norma incluye: i) la reducción de la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año trabajado, el reconocimiento de la “situación de crisis de las empresas o empresas con pérdidas” como causales de despido y la creación de un Fondo de Garantía Salarial, mediante el cual el Estado se hace cargo de gran parte de la indemnización de ciertos tipos de trabajadores; ii) la posibilidad de que, merced a un acuerdo entre trabajador y empleador, se eluda algunos aspectos comprendidos en el contrato colectivo, como el régimen salarial; iii) la ampliación de la duración de los contratos temporales entre 3 y 4 años; iv) la reducción de la jornada de trabajo diaria entre 10 y 70 por ciento con reducción similar del salario, permitiéndole al trabajador que se considere desempleado “parcial” y pueda reclamar prestación por desocupación durante los 180 días que puede durar la reducción de jornada y v) la flexibilización de la autorización de “traslado geográfico” de las actividades de la empresa.

El costo de la crisis recae en el trabajador

Como se puede ver, los gobiernos de los países en crisis trasladan todo el costo de la misma sobre las espaldas de la clase obrera y los demás asalariados, exacerbando el aumento de la explotación para impulsar la recuperación de las ganancias empresariales. Empero, estas medidas ocasionarán mayor desempleo del que ya existe (España tiene una tasa de desocupación de 20% equivalente a 3,9 millones de personas y Grecia con una tasa de 12% o más de 600 mil personas) y precarizarán más las condiciones de trabajo, en la medida en que la economía no salga de la crisis. Como se sabe, este tipo de políticas están empezando a ser aplicadas por otros países que no se hallan en quiebra, como Alemania, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de las ganancias empresariales, aunque su efecto, probablemente, sea el de reducir aún más la demanda y, en consecuencia, afectar a la producción llevando a la economía a una recesión más profunda.

Finalmente, se debe señalar que, como ha venido sucediendo, los grupos más afectados por la continuidad y profundización de la crisis, traducida en desempleo, serán los inmigrantes extranjeros: según el Observatorio Permanente de Inmigración de España, desde 2008 se viene reduciendo el número de inmigrantes, debido a la pérdida de sus fuentes de trabajo. Sólo en el segundo trimestre de 2010 más de 98.000 personas habrían abandonado ese país. La misma fuente indica que los latinoamericanos son la comunidad más afectada –especialmente ecuatorianos, colombianos, argentinos, bolivianos y peruanos– y que los trabajadores no calificados son las principales víctimas de este fenómeno[4].

• La presente nota es extractada del Boletín Alerta Laboral Nº 63 (agosto de 2010) del CEDLA. Se agradece su difusión citando la fuente de referencia.

[1] Chesnais, F. La deuda odiosa de Grecia en www.herramienta.com.ar, 05/08/2010.

[2] Eurostat, Newsrelease euroindicators, 22/04/2010.

[3] www.fortunaweb.com.ar de 06/05/2010.

[4] La Razón.es, 10/08/2010.

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