Gustavo Luna

Casi un lugar común resulta señalar que varios países de la región de América Latina cuentan con importantes ingresos fiscales por la explotación de recursos no renovables; de acuerdo a la CEPAL, Venezuela, Ecuador, México y Bolivia, tienen alrededor del 30 por ciento del total de los ingresos fiscales originados por actividades extractivas (petróleo y gas).

En el caso de Bolivia, si bien los ingresos fiscales de la renta del gas fueron fundamentales para superar el déficit fiscal nacional, es persistente la orientación regresiva del sistema tributario, que sigue presionando sobre el ciudadano. La presión tributaria sobre los consumidores ha subido del 7,2 por ciento del PIB en 1990 a prácticamente el doble el 2009, con un 14,2 por ciento del PIB. Es decir, seguimos siendo los de a pie, los que más damos para financiar al Estado.

En esta misma dirección, una investigación del CEDLA mostró que el 2009 la participación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el total recaudado fue del 35%, aunque sobre la base de una mayor recaudación absoluta (pensemos que el 2000 se recaudó por IVA 420 millones de dólares, mientras que el 2009 este monto llegó a 1.235 millones de dólares); en el caso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ese mismo año la participación del total recaudado fue del 22% (unos 802 millones de dólares), debido, fundamentalmente, al efecto precio.

Respecto del gasto, este incremento de los ingresos no se expresó en mayor inversión pública en sectores productivos. El CEDLA mostró que el uso de los recursos provenientes de la renta del gas estuvo dirigido fundamentalmente a infraestructura caminera, y muy escasamente a rubros como la agricultura o la manufactura.

Esto tiene mucho que ver con la forma de integración comercial que tiene Bolivia, siendo más un puente integrador bioceánico que permite el flujo de mercancías entre países vecinos, antes que a la promoción de la comercialización de la producción local.

Este hecho hace que la esperanza puesta en una coyuntura favorable de precios para promover procesos de transformación del patrón primario exportador, tienda a diluirse ante los desafíos enormes del país; pero, sobre todo, por la continuidad de las empresas transnacionales como los protagonistas de la inversión en sectores extractivos, que dejan casi ningún margen a los Estados para revertir la apropiación privada del excedente. Y para ello, nos basta un dato. El 2005, los pagos que hacen las empresas transnacionales por rentas procedentes de acciones, otras participaciones de capital y por concepto de “desinversión” (una especie de devolución de capital hacia su dueño, según el FMI) significaron el 200% de la inversión extranjera directa bruta.

Es que, además de materias primas, somos unos buenos “exportadores” de capital excedentario. Esa quizás sea la traducción más fiel del eslogan gubernamental “queremos socios y no patrones”.

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