El proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos promueve que los pueblos indígenas no tengan derecho a objetar la intervención de las empresas petroleras en su territorio y que sólo puedan negociar el monto de compensación contraviniendo la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas a la que Bolivia está adscrita, de acuerdo con el análisis de Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

En tanto, la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) reveló que un diagnóstico del Ministerio de Hidrocarburos y Energía señala que el carácter de la negociación sobre compensaciones entre las empresas petroleras y los pueblos indígenas, la preservación estricta de las áreas protegidas, los procesos de consulta y participación, el proceso de obtención de la Licencia Ambiental y los pasivos ambientales representan amenazas “que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional”.

Según el informe gubernamental, se propone una “reglamentación del proceso de consulta pública” y otras acciones orientadas a lograr que “la consulta y participación demuestre que los habitantes consultados no tengan derecho a vetar actividades, obras y proyectos”.

Otro aspecto que se observa en el actual proyecto de Ley es que la elaboración de la ficha ambiental, que actualmente está en manos de las mismas empresas petroleras, pasa a manos de YPFB.

“Sin embargo, si bien representa un avance el traspasar esta responsabilidad a manos de la estatal petrolera,  lo más acertado sería que sea el ministerio del ramo, en este caso el de Medio Ambiente, el que elabore un estudio técnico de esta ficha ambiental. Es decir una instancia que no esté involucrada directamente en la explotación de hidrocarburos”, acotó el investigador.

Rodríguez explicó que el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos no reconoce la Declaración de las Naciones Unidas respecto a los Derechos Indígenas y “su espíritu en esta materia es meramente mercantil, de compensación económica”.

Agregó que el proyecto de ley establece la misma lógica que hasta ahora se ha mantenido que consiste en que si bien se lleva a cabo la consulta, ésta sirve más que nada para cuantificar el monto de compensación del daño ambiental que causará la actividad exploratoria o hidrocarburífera en general.

“La consulta no es vinculante, no es determinante que los pueblos indígenas acepten o no la exploración y explotación de su territorio, basta con que se lleven a cabo las consultas respectivas. La declaración de las Naciones Unidas ya había superado esta deficiencia y exige el consentimiento de los pueblos. En el proyecto no está mencionada esta obligatoriedad”, afirma.

Prevén discrepancias sobre compensación

Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador del Cedib, indicó que el proyecto de ley no reconoce los avances que se han dado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el artículo 32 que señala: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo”.

Lo que sí está contemplado en el proyecto de ley, a diferencia de la actual, es el reconocimiento de que puede haber discrepancia respecto al monto de compensación que la empresa debe pagar por los daños medioambientales.

“Lo que dice la nueva propuesta es que el Ministerio que esté a la cabeza del sector, promovería la negociación. Ellos podrían negarse a cualquier exploración en su territorio, pero se señala que únicamente tienen derecho a negociar la compensación”, dijo.

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