Trabajadores fabriles, mineros, asalariados del campo, de educación, salud y servicios públicos, entre otros, expresaron su desacuerdo con el Anteproyecto del Código del Trabajo propuesto por el gobierno. Delegados de más de una veintena de organizaciones laborales, debatieron esta propuesta en la Plataforma por el Derecho del Trabajo (PDT), coordinada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Si bien, el gobierno viene socializando el anteproyecto con algunas organizaciones laborales en las ciudades capitales del país, los participantes denunciaron no haber intervenido en su elaboración.

El Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución Ministerial 131/10 ha facultado solamente a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana
(COB) nominar a los delegados a los talleres de discusión, lo que habría derivado, incluso, en la participación de trabajadores sin relación laboral. “No se ha socializado el código (del gobierno) y en su elaboración, tampoco, ha contado con la participación de los trabajadores”, señala el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani.

Después de más de 60 años el gobierno intenta aprobar una nueva norma laboral que sustituya a la Ley General del Trabajo vigente, adecuándola a la Constitución Política del Estado actual. El Ministerio de Trabajo, que encabeza la comitiva para socializar el documento, tiene previsto entregar el documento “consensuado” el 13 de abril al Poder Ejecutivo, y luego, el 1 de mayo, enviarlo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y posterior aprobación.

Los trabajadores interpelaron, además, el papel de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana en el proceso de socialización y consenso del anteproyecto gubernamental: “no es posible que la COB admita la aprobación de este documento, porque no es de conocimiento de los trabajadores (…) no hemos sido convocados a un solo ampliado para debatir, no solo ésta, sino otras leyes que el gobierno está aprobando”, denuncia José Luís Delgado, representante de los trabajadores en Salud Pública.

Exclusiones del código del gobierno

Pero no solamente por estas razones los trabajadores rechazan la aprobación del Anteproyecto de Código del Trabajo del gobierno, sino porque no se sienten incluidos n el mismo “en un Estado plurinacional incluyente como éste, el código no toma en cuenta al sector asalariado del campo, así como no lo hace el proyecto de la COB, ni siquiera la Ley General del Trabajo”, apunta Martín Quispe, dirigente de este sector laboral.

Al respecto, la representante de la Federación del Magisterio de La Paz, Vilma Plata considera que tampoco las demandas de su sector han sido incorporadas en el código del gobierno, tampoco en el de COB y que incluso la Ley General del Trabajo los ha excluido desde que está en vigencia “… los maestros no tenemos muchos beneficios que tienen los asalariados. No tenemos indemnización ni desahucio; lo único que tenemos los maestros es el escalafón docente… El código no es imparcial es antiobrero y devela la orientación política del MAS que mantiene vigente el 21060”.

Desde la perspectiva de los trabajadores

La PDT resume la perspectiva de los trabajadores en el sentido de que una nueva norma debe superar las limitaciones históricas, exclusiones, discriminaciones y otros problemas establecidos en la legislación en actual vigencia, en la perspectiva de fortalecer el ejercicio pleno de los derechos laborales –individuales y colectivos– de todos los trabajadores asalariados, sin exclusión alguna. De manera unánime, manifestaron que todos los trabajadores del sector público, de las micro y pequeñas empresas, del campo y de otras formas de trabajo, deben ser protegidos en la nueva ley.

Asimismo, se planteó la necesidad de recuperar los principios del Derecho del Trabajo para avanzar en la consolidación de los derechos adquiridos e incorporar otros derechos fundamentales adquiridos e incorporar otros para todos los trabajadores asalariados.

Finalmente, los representantes de varias organizaciones laborales que participaron en la Plataforma por el Derecho del Trabajo, rechazaron el anteproyecto de Código del Trabajo del gobierno de Evo Morales, definiendo la urgencia de avanzar en la elaboración de una propuesta conjunta de de todos los trabajadores del país.

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