La segunda gestión de Evo Morales empezó con grandes actos simbólicos, fuertes discursos en defensa del medio ambiente y contra el capitalismo. Se anunció un nuevo modelo de desarrollo “socialismo comunitario” y un nuevo Estado “Plurinacional”. Estos discursos colman al pueblo y principalmente a los pueblos originarios de expectativas del fin de una Bolivia pobre, desigual y capitalista. Los comunarios quieren volver a ser los dueños de los recursos naturales y de sus tierras, ya nomás sometimiento de las transnacionales imperialistas. Sin embargo, a pesar del discurso hay que tener los ojos bien abiertos frente a las verdaderas medidas del gobierno.

Los pueblos indígenas se enfrentan a las transnacionales

Las transnacionales imperialistas que siguen operando en el país, debido a los contratos renegociados con Evo en 2006, invirtieron solamente alrededor del 56 por ciento de lo que se habían comprometido en la gestión pasada. La conclusión a que llega el gobierno, es que los “socios” imperialistas no invirtieron más por culpa de los pueblos indígenas. El 2009, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu se opuso a que Petrobras opere en el campo Sábalo. El mismo caso ocurrió con el Pueblo Weenhayek en el campo Palo Marcado, operado por British Gas. En ambas situaciones los pueblos pedían proyectos productivos, fuentes de trabajo para sus habitantes y el cuidado del medio ambiente.

El Pueblo Indígena Mosetén declaró el pasado año, no permitir que en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del norte del departamento de La Paz se lleve a cabo la exploración de petróleo, debido al incumplimiento de los proyectos de desarrollo ofrecidos por parte de la empresa boliviana-venezolana Petroandina y también a los efectos medio ambientales que provocaría esta explotación.

Nueva ley pone por tierra los discursos

Según el presidente de YPFB, Carlos Villegas, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía está elaborando el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, que permitirá que los temas sociales ya no sean un “obstáculo” para la inversión. “El tema de la licencia ambiental y la consulta y participación indígena se ha constituido en un obstáculo para las inversiones”, afirmó Villegas en una entrevista al periódico La Razón (20/01/10). Y añadió “esta gestión se espera desmontar todos los obstáculos que impidieron a las empresas petroleras ejecutar el 100 por ciento de sus inversiones” sostuvo.

La nueva Ley de Hidrocarburos quitará a los pueblos indígenas el derecho a objetar la intervención de las empresas petroleras en su territorio, permitiendo solamente negociar el monto de compensación por los daños ambientales. Según el CEDLA, la idea del gobierno es una “reglamentación del proceso de consulta pública y otras acciones orientadas a lograr que la consulta y participación demuestre que los habitantes consultados no tengan derecho a vetar actividades, obras y proyectos”. Es decir, si un pueblo se opone a un proyecto de explotación en su región, el gobierno hace una consulta nacional y la impone sobre la comunidad que va sufrir los impactos ambientales. Estos deben hacer “sacrificios” a nombre de un beneficio nacional.

Esta lógica es capitalista y de dependencia. La plata que recauda el Estado para los bonos y políticas de asistencia social, viene de las regalías de la venta del gas y de la minería. Para tener más plata, y para garantizar el aparato estatal, se necesita una mayor venta de los recursos naturales. Y para eso se necesita una mayor presencia de inversiones de las transnacionales. Al final, aunque Evo en Tiwanaku haya pedido a los movimientos sociales y pueblos indígenas defender la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra, la nueva ley de hidrocarburos pretende intensificar el modelo capitalista desarrollista basado en la apropiación de la naturaleza y de dependencia de las transnacionales.

La resistencia a esta ley y modelo gubernamental estará en manos de los pueblos indígenas originarios y los trabajadores de las ciudades, contra las transnacionales, contra el gobierno y las direcciones de los movimientos sociales que a costa de pegas en el gobierno van a impedir cualquier movilización que se confronte con los planes gubernamentales.
Por seguir implementando un modelo capitalista, nosotros no apoyamos a este gobierno.
Estamos y seguiremos al lado del pueblo en la lucha por la expulsión de las transnacionales y un verdadero control de los recursos naturales bajo control obrero y de los comunarios, único camino para una Bolivia anticapitalista.

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