Las duras condiciones laborales de la extracción de la castaña amazónica han permitido a Bolivia convertirse en el primer exportador mundial de este alimento.

LA PAZ, 5 oct (Tierramérica).- Bolivia es el primer exportador mundial de nuez de Brasil sin cáscara, un nutritivo fruto abundante en los bosques nativos de la húmeda y cálida zona amazónica. Pero en ese paraíso, sus recolectores viven un infierno.

Los bolivianos la llaman simplemente castaña, pero la Bertholletia excelsa no forma parte del género de especies de la castaña europea. En América del Sur se la conoce como nuez de Brasil o castaña de Pará, entre muchos otros nombres tradicionales.

Es un alimento rico en selenio y otros minerales, en proteínas, carbohidratos y aceites. Representa 30 por ciento de la riqueza forestal amazónica en los norteños departamentos de Pando y Beni, limítrofes con Brasil. De hecho, su recolección constituye la principal actividad económica local, tras la caída del caucho a mediados de los años 80.

Pero el precio competitivo del producto boliviano entraña un alto componente de explotación de familias pobres, niños y adolescentes.

Esa es la advertencia de un estudio impulsado por el Ministerio de Trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el holandés Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (Hivos) y elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

La recolección de castaña coloca en situación de extrema vulnerabilidad a los trabajadores y a sus familias, afirma ese estudio.

La pobreza, la exclusión de los derechos laborales legales y una explotación “cruel” imperan en la recolección de castaña en el norte amazónico boliviano, según el investigador del Cedla, Bruno Rojas.

En la temporada 2008, que se extiende desde noviembre a marzo, la recolección de castaña movilizó a unas 17.000 personas en Pando, dijo Rojas a Tierramérica.

Las exportaciones del alimento generaron en el mismo período 75 por ciento del movimiento económico de la región. Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior señalan que las ventas externas alcanzaron 80 millones de dólares y crearon empleo para 30.000 personas, incluyendo el procesamiento y transporte.

Bajo la modalidad de trabajo “a destajo”, cada trabajador percibe entre 11 y 17 dólares por una caja de 23 kilogramos de frutos, lo que demanda entre 12 y 14 horas de labor.

Es una retribución escasa por esta centenaria actividad, porque obliga al trabajador a emplear más de las ocho horas estipuladas por la legislación laboral, y va más allá, pues debe incluir en la faena al resto de su familia.

En la temporada de recolección del año pasado, los empresarios provocaron una caída artificial del precio de la caja de 23 kilogramos de 17 dólares a sólo tres, dijo a Tierramérica la secretaria de comunicaciones de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, María Saravia.

Esta práctica es común entre los empresarios y comerciantes mayoristas, para «disminuir sus obligaciones con las familias recolectoras y luego ignorar el pago de saldos adeudados durante la zafra», explicó.

Algunos pueblos indígenas que obtuvieron el reconocimiento gubernamental de sus tierras pueden obtener mejores precios y entregar sus productos a quienes ofrecen un mejor pago, pero los asalariados y dependientes que llegan desde regiones lejanas deben someterse a la imposición de los mayoristas, agregó. «Ésta es una lucha permanente por un cambio de vida para las familias castañeras», expresó la dirigente.

Según Rojas, “cuanto más se produce, más se quebranta la forma legal de trabajo”. Familias enteras se desplazan en los tupidos bosques, libradas a su suerte frente a los peligros de la selva, las enfermedades y las largas distancias que deben recorrer con el fruto recolectado a cuestas.

“No tienen seguro médico o contra accidentes, no aportan al seguro social de largo plazo y están desprotegidos por las leyes laborales y por un Estado débil que carece de efectividad para hacer cumplir las normas a los empresarios”, resumió el investigador.

Silvia Escóbar, coordinadora del estudio e investigadora del Cedla, dijo a Tierramérica que “muchas veces la ley se negocia, cuando en realidad se tiene que cumplir. Se necesita un Estado que haga aplicar la ley y no un Estado que lleve a la conciliación de partes para la aplicación de la ley”.

Sesenta por ciento de las personas empleadas en la cosecha y procesamiento de la castaña son de origen urbano, y 40 por ciento restante pertenecen a áreas rurales de Beni, Pando y del extremo norte del departamento de La Paz.

La zona productora de castaña es un bosque húmedo, situado a una altura media de 300 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas de entre 30 y 38 grados. Los árboles, de hasta 50 metros, cubren el territorio atravesado por ríos, dijo a Tierramérica el coautor del estudio, Wilson Rojas.

Por su topografía y las condiciones del suelo, la zona no es apta para la ganadería o para cultivos como el arroz y los tubérculos, agregó.

Los recolectores de hoy son sucesores de los antiguos peones que laboraban en la extracción de castaña, algodón y caucho, los productos de mayor demanda internacional a inicios del siglo XX.

La explotación de estas materias primas en los años 20 y 30 impuso modos de explotación laboral de servidumbre y semiesclavitud. Además de recolectar caucho y castaña, los trabajadores eran obligados a labores gratuitas en los hogares y haciendas de grandes terratenientes, recordó Bruno Rojas.

En esas zonas amazónicas imperaba entonces una economía precapitalista. Hoy, pese a los años transcurridos, la recolección de la castaña aún no está legislada para proteger de modo específico los derechos laborales de sus trabajadores.

Según el Ministerio de Trabajo, hasta 2007 se empleaban 2.600 niños y niñas y poco más de 2.000 adolescentes en la recolección, mientras en la fase de procesamiento del producto lo hacían 450 niños y 1.400 adolescentes.

En el proceso de quebrado, pelado y selección de la castaña, dos de cada tres niños de la zona trabajan cinco días a la semana entre las dos y las siete de la mañana, y “los que tienen suerte van a la escuela a las ocho, sin dormir, sin comer y se quedan dormidos en las clases”, describió el representante de Unicef en Bolivia, Gordon Jonathan Lewis.

“Hagamos algo. Es una obligación y es un deber”, dijo a manera de desafío al gobierno boliviano en la presentación del informe, a mediados de septiembre.

Deben adoptarse decisiones oportunas para erradicar el trabajo infantil en los bosques y en las barracas donde se clasifica el producto, del cual Bolivia apenas consume dos por ciento, mientras 98 por ciento es exportado a Europa, Estados Unidos y Asia, entre los mercados más importantes, según Escóbar.

Durante décadas no ha cambiado la forma de trabajo manual, que requiere el uso hábil de un machete y una caja para cargar los frutos, que puede pesar hasta 46 kilogramos, señaló.

El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, prometió considerar los hallazgos de este informe en el Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil que forma parte del proceso de reformas a la legislación laboral.

Bolivia tiene 1,5 millones de niñas y niños de entre siete y 13 años de edad. Unos 116.000 de ellos laboran en diferentes actividades. El gobierno desea crear una “lista de trabajos prohibidos para los niños”, dijo Chipana.

Para mayor información haga clic aquí