El informe sostiene que la política gubernamental no garantiza ni prioriza el abastecimiento del mercado interno.

La actual política energética de Bolivia tiene 15 grandes problemas que inviabilizan a este sector estratégico, como eje de la transformación de la economía nacional y de una mejor calidad de vida para los bolivianos, revela una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Con la actual política energética, -advierte el Centro de estudios- Bolivia corre el serio riesgo de repetir, en una escala mayor, la amarga historia del estaño, que a lo largo del siglo XX dejó una fortuna en muy pocas manos, socavones vacíos, mucha pobreza en las minas y un país viviendo en el atraso y sin poder resolver sus grandes falencias.

El informe sostiene que la política gubernamental no garantiza ni prioriza el abastecimiento del mercado interno, no asegura la ampliación y universalización de la cobertura de los servicios básicos de energía para la población e ignora las necesidades de energía de la población rural tanto para su vida diaria como para la producción.

Por ello, no es casual que hoy, pese a sus enormes potencialidades, Bolivia se vea en la necesidad de importar el 25 por ciento de los hidrocarburos líquidos que consume, que sólo cerca del 5 por ciento de la población urbana tenga acceso a gas domiciliario y que más de dos tercios de la población rural sigan usando leña como combustible.

En la actualidad, Bolivia ignora su real capacidad energética y su enorme potencialidad, por la ausencia de un sólido y serio balance energético, falencia que impide una adecuada y racional planificación, que es vital para definir cómo y en qué plazos el país puede cubrir las necesidades energéticas de la población y convertir a la energía en factor de desarrollo.

Otro problema de la actual política es que frena e impide la industrialización de los hidrocarburos, consolidando al país en su rol de exportador de materias primas, por lo que los grandes beneficios derivados de la industrialización quedan en manos de otros países y de las grandes transnacionales del sector.

Ante ello, el estudio considera que es imprescindible que la sociedad boliviana debata seriamente sobre esta política, para que no se frustre la expectativa que aún tiene la población que cree que las potencialidades energéticas del país, y en especial sus riquezas en hidrocarburos, pueden sacar a Bolivia del atraso.

Para facilitar este proceso, el CEDLA se propone constituir una “Plataforma Energética”, sobre la base del conocimiento científico y el debate público, con el concurso de las universidades públicas y privadas, instituciones de promoción y desarrollo, instituciones públicas nacionales y regionales, organizaciones sociales, empresariales, sindicales y vecinales, expertos y especialistas y ciudadanos interesados en la problemática energética.

Esta Plataforma será un espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis, generar conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y, dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos en Bolivia.

El informe del CEDLA sostiene, además, que la actual política energética no impulsa un profundo e imprescindible cambio de la matriz energética, como tampoco garantiza la soberanía, independencia, seguridad y diversificación energética, que son objetivos fundamentales para cualquier país del mundo, mucho más si éste cuenta con grandes reservas de gas, importantes yacimientos de petróleo y abundantes fuentes para generar electricidad y otros tipos de energías renovables.

Según la evaluación, la política energética no es sólida ni coherente, ya que sus objetivos son poco claros y confusos, y, en muchos casos, propugna y utiliza instrumentos y mecanismos que son contradictorios entre sí. Además, esta política no es integral, ya que está desarticulada entre hidrocarburos y electricidad, no es de largo plazo e ignora el rol de energías renovables y la eficiencia en la oferta y uso de la energía.

Otro pecado capital de la política energética es su marcada y peligrosa orientación, casi exclusiva, a la generación de excedentes para el resto de la economía, similar a la trazada el pasado siglo en el caso de la minería estañífera.

Así, el sector energético, especialmente los hidrocarburos y la energía eléctrica, ha sido reducido a un simple generador de excedentes económicos que son utilizados, casi en su totalidad, para atender el pago de bonos asistenciales y cubrir parte de los gastos del Estado, de las Prefecturas y Municipios, en proyectos pequeños, fragmentados y sin un fuerte impacto en la economía y bienestar regional.

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