Haciendo cálculos, 97 legisladores del MAS aportan 763.875 bolivianos cada mes a su partido. Los partidos políticos deben pagar sus campañas porque no tienen financiamiento del Estado.

Empleados públicos de al menos dos entidades estatales denunciaron que son obligados a realizar nuevamente aportes forzosos para financiar la campaña de reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones generales del 6 de diciembre, aunque la Ley Electoral Transitoria prohíbe la recolección de aportes para sustentar el proselitismo.

El Gobierno negó oficialmente que se pida a los empleados contribuciones para la temporada preelectoral.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseveró: “No existe ninguna orden, no sé de dónde saca esa información”. Su colega de Justicia, Wilfredo Chávez, también evitó hablar del asunto alegando que “son denuncias graves que tendrán que probarse y que no sean solamente acusaciones”.

Según las denuncias recibidas, el oficialismo puso en marcha la recolección de fondos que ya no se efectúan mediante descuentos por planillas, sino bajo una lista para “aportes voluntarios” que al final resultan también obligatorios para la campaña del presidente Evo Morales en los comicios de diciembre.

Sin embargo, esto contradice lo dispuesto en el artículo transitorio 8 de la nueva Ley Electoral que señala que se “prohíbe el descuento económico por planillas de los salarios de los funcionarios públicos para el financiamiento de campañas electorales”.

Una funcionaria del Ministerio de Salud, quien pidió que no se grabe la conversación porque teme perder su trabajo por quejarse de los “diezmos” que son obligatorios y una suerte de chantaje para mantener un empleo, dijo: “Sabemos que tenemos trabajo por el MAS y lo apoyamos, pero eso de que cada vez nos pidan los aportes ya cansa, porque no es nada voluntario, al contrario, ellos fijan porcentajes que van desde el 5 por ciento al 20 por ciento o más, eso es dependiendo de cuánto se gana en cada nivel, pero eso sí, nadie se salva, todos tienen que aportar”.

La empleada tiene un haber básico de al menos 3.500 bolivianos y desde mayo le descontarán 350 bolivianos, es decir el 10 por ciento, y así será hasta las elecciones de diciembre. Ése es el costo de tener un empleo, pero los dirigentes del partido oficialista y las autoridades gubernamentales niegan rotundamente estas denuncias.

En Bolivia, actualmente, el desempleo de los profesionales, según estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), llega casi al 70 por ciento, es decir, sólo un 30 por ciento (25.000 personas) tiene trabajo.

La Prensa conoció que, hasta el año pasado, los descuentos se llevaban a cabo por planilla en las instituciones del Órgano Ejecutivo y también del Legislativo, además de las empresas descentralizadas como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel); las superintendencias de Electricidad, Forestal, Telecomunicaciones, de Empresas; el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otros; pero este procedimiento ponía en riesgo el concepto de “aporte voluntario” porque había constancia del descuento.

De hecho, este año se descubrió que se pedían “diezmos” a trabajadores de Yacimientos mediante MAS Petrol, una dependencia que era administrada por Sabino Carme, un abogado potosino que se encargaba de cobrar para actividades como la marcha de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) en octubre, cuando organizó una caminata hacia La Paz por la aprobación de la convocatoria a referendos para la aprobación de la nueva Constitución Política que se efectuó el 25 de enero.

Otro funcionario de Ministerio de Salud contó que algunos trabajadores, el año pasado, amenazaron con denunciar este hecho a los medios de comunicación, por eso, al parecer, se cambió el sistema de cobro en esa institución, pues así no queda constancia del aporte que efectúan los empleados públicos.

En la actualidad existe un encargado en cada despacho ministerial que recorre oficina por oficina y escritorio para cobrar en efectivo, luego el nombre del empleado es tachado de una lista previamente elaborada.

¿Qué pasa con los que no entregan sus aportes? La respuesta sale de los labios de un empleado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): “No puedes dejar de aportar porque tu nombre seguirá figurando en la lista y en la siguiente contratación primero revisan esas nóminas”.

La Prensa buscó la versión de los directivos de la ABC, pero en sus oficinas informaron que no se referirán a este asunto.

Los legisladores también

El senador del MAS Félix Rojas admitió que según una resolución interna de los parlamentarios de este partido hay un acuerdo para aportar el 50 por ciento de sus dietas, monto que asciende a más de 5.000 bolivianos por cada legislador, tomando en cuenta que un senador o diputado percibe una remuneración mensual de 10.500 bolivianos.

“Los aportes, eso ya se ha decidido hacer de forma corporativa de todos los parlamentarios, al igual que en las justas electorales anteriores, vamos a cotizar nuestros aportes de nuestros sueldos. La vez pasada (referendos por la nueva Constitución) apoyamos con la mitad de nuestros sueldos y vamos a asumir la misma medida, y mucho más ahora porque hay la necesidad de que haya una victoria total para llegar a los dos tercios del MAS (en el Congreso)”.

Haciendo un cálculo, los legisladores titulares y suplentes aportan mensualmente al partido alrededor de 763.875 bolivianos, que cotizados en dólares hacen 99.204.

Los 97 parlamentarios titulares del MAS (72 diputados y 25 senadores) aportarían 509.250 bolivianos. En el caso de los suplentes, que perciben sólo el 50 por ciento de los 10.500, es decir 5.250 bolivianos, el aporte mensual asciende a 254.625, lo que hace un total de 763.875 bolivianos. Si la cifra final se multiplica por 12 meses, el total sube a 9.166.500 bolivianos, que en dólares serían 1.190.954.

Respecto del aporte de los funcionarios públicos, el senador Rojas aclaró que la resolución se “limita a diputados y senadores, pero no a funcionarios (públicos)”. Su colega Ricardo Díaz prefiere hablar de “aportes voluntarios” sin conminatoria. “En el MAS no se obliga a nadie”.

En los tres años de Gobierno, el país ha vivido por lo menos tres procesos electorales nacionales: el 2 de julio de 2006, de la consulta por la autonomía departamental; el 10 de agosto de 2008 se realizó el referéndum revocatorio en el que el Jefe de Estado fue ratificado, y el 25 de enero de este año se celebraron las consultas por la nueva Constitución Política del Estado.

Estos comicios fueron financiados por los ya conocidos “aportes”, en ausencia del financiamiento fiscal para partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que fue eliminado por el Gobierno de Morales, mediante una ley para dar paso a la creación de un fondo en favor de los discapacitados.

Los partidos deben realizar propaganda con sus recursos.

El Gobierno no puede entregar obras 30 días antes del 6 de diciembre

Una de las conductas constantes en los que ha incurrido el Gobierno del presidente Evo Morales, en etapas preelectorales, ha sido la entrega de obras, hacer anuncios de beneficios de carácter social, entrega de proyectos y otros, bajo el denominativo de “trabajo de gestión”, con el objetivo de inducir al voto de los electores como ocurrió el 25 de enero, en los referendos por la nueva Constitución.

Organismos internacionales, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), hicieron referencia a un acto de entrega de maquinaria pesada a los cooperativistas mineros faltando dos días para el acto electoral. Esta figura ahora está normada en la nueva Ley Electoral Transitoria aprobada el 14 de abril por el Congreso. El capítulo VII, en las disposiciones finales, parágrafo cuatro, establece: “Para todo proceso electoral, treinta (30) días antes del acto de votación, cualquier servidor público, sin que importe su jerarquía constitucional o legal, que realice actos públicos de entrega de obras, bienes, servicios, programas o proyectos no podrá difundirlo en medios de comunicación social”.

Por tanto, el servidor público que infrinja esta prohibición incurrirá en los delitos de abuso de poder en procesos electorales y malversación de fondos públicos. Verificado el hecho, el organismo electoral competente remitirá antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

Esta normativa prohíbe a los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante las horas de trabajo a actividades relacionadas con propaganda o campaña política.

La misma norma prohíbe la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de votación. También queda prohibido el uso de bienes públicos de cualquier tipo en actividades partidarias, electorales o proselitistas. Pero, de comprobarse la violación de esta disposición, las cortes electorales están facultadas para solicitar la suspensión inmediata del funcionario infractor y la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público para el inicio de las acciones legales correspondientes.

Diputado del MSM vaticina una campaña “dura”

Los actos de corrupción, los discursos totalitarios, los ataques a la prensa y a la Iglesia Católica, las constantes amenazas a sectores opositores y otras acciones “totalitarias” pesarán a la hora de votar por el Movimiento Al Socialismo ( MAS), que afronta el alejamiento de varios líderes fundadores y organizaciones sociales, vaticinó el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Javier Zavaleta.

El único aliado político del partido oficialista dice que estos alejamientos irán en aumento producto de la “inexperiencia e inmadurez política” del MAS que ha incurrido en la comisión de varios errores que pesarán en los electores. “Es previsible que en los próximos meses haya más de estos síntomas como los de Román Loayza, los de los indígenas del oriente boliviano y otros, pero la única actitud que debe tomar el MAS es de que a partir de los errores cometidos se corrijan actitudes de soberbia, autosuficiencia, totalitarismo, que son las que están originando esta crisis”. Si bien el parlamentario reiteró que en junio el MSM evaluará su alianza con el partido oficialista, sobre la base de sus expectativas, logros y proyecciones, serán los errores e incoherencias los que serán juzgados a la hora de adscribirse, votar o aliarse con el MAS.

“Reitero y lo atribuyo más a una falta de experiencia política o a una inmadurez política en el Gobierno del MAS, estimo que los mismos se los ha hecho notar el Movimiento Sin Miedo de forma pública y a costa de que algunos miembros del Gobierno se molesten por estas observaciones, pero lo cierto es que llega el momento electoral y esas cosas son las que pesan en el electorado”.

Por su parte, el diputado del MAS René Martínez afirmó que si bien la salida de Román Loayza puede afectar al binomio Evo Morales-Álvaro García Liner, este partido trabajará en el fortalecimiento de los bastiones como el Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz, y otras zonas de esa urbe.

“En el caso de Román Loayza,que deseaba ser Ministro de Desarrollo Rural y que no se le dio curso, entonces asumió una posición personal; el caso de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) es un tema de escaños, que no acepta los siete escaños y plantea tener más”.

Las reglas de juego de los comicios

La campaña electoral con miras a las elecciones generales del 6 de diciembre empieza al día siguiente de la publicación oficial de la convocatoria; sin embargo, el inicio oficial del proselitismo será el 5 de octubre.

Se entiende por propaganda electoral aquella destinada a inducir al voto por un candidato, partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza a través de los medios de comunicación. Ésta sólo podrá iniciarse 30 días antes del cierre de la campaña de las elecciones y concluirá 48 horas antes del día de los comicios.

Art. 115. Especifica que la propaganda electoral gratuita comenzará 60 días antes del día de las elecciones, a través de los medios estatales, que están en la obligación de brindar este servicio en los mismos horarios y tiempos a los frentes políticos.

Art. 116. Señala que los frentes que se encuentran en carrera electoral son responsables del contenido de la propaganda política.

Art. 117. La propaganda está limitada a cuatro páginas semanales por periódico. En caso de la televisión y radio nacionales, a diez minutos diarios, y cinco minutos en medios departamentales.

Art. 118. Está prohibido el pegado de carteles en monumentos nacionales, iglesias, propiedad privada, árboles; el gobierno municipal aplicará sanciones en caso de incumplimiento a la norma.

Art. 119. Obliga a los medios de comunicación a inscribirse en la CNE, especificando su programación, horarios y las tarifas que no pueden ser superiores a las comerciales cobradas en el primer semestre del año anterior a la elección.

Art. 121. No se permite propaganda política anónima por ningún medio, la dirigida a provocar abstención electoral, ni la que atente contra la moral pública y la dignidad de las personas.

Art. 122. Prohíbe a los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante la horas de trabajo a actividades que tengan carácter de propaganda política.

Art. 123. Ningún candidato desde su inscripción podrá dirigir programas periodísticos en medios bajo pena de inhabilitación.

Más detalles

La Ley Electoral no permite el cobro de dinero a funcionarios para la campaña proselitista.

Sin embargo, empleados de al menos dos despachos dicen que les piden “diezmos”.

El Gobierno asegura desconocer estas denuncias y pide documentarlas si son ciertas.

Los denunciantes dicen que se trata de una práctica común en temporadas electorales.

Apuntes

La Ley Electoral prohíbe realizar cobros mediante planillas a funcionarios públicos.

Los parlamentarios aportan con más del 50 por ciento de sus salarios al partido.

Los funcionarios públicos están descontentos con los “aportes” exigidos por el MAS.

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