La falta de capacidad administrativa y de control sobre los recursos y la ejecución de proyectos eclipsa la política de vivienda del Gobierno, lanzada hace dos años.

Así lo aseguran ex autoridades del Viceministerio de Vivienda, diputados oficialistas y miembros de la Comisión de Control Social del Programa de Vivienda Social (PVS), creada por el presidente Evo Morales a través de un decreto el 12 de julio de 2006. El plan habitacional se lanzó oficialmente nueve meses después, el 2007.

“Cuando nació el PVS, el Gobierno aseguró que se construirían 25.000 soluciones habitacionales hasta el 2008. Estamos en el 2009 y las viviendas no superan las 5.000. En estos dos años de vigencia de este programa no ha habido la capacidad de administración de los recursos que se han asignado al PSV. Además, hubo manejos que no respetaron los procedimientos internos y que no cumplieron con lo establecido en los propios reglamentos. Lamentablemente, no hay un manejo profesional del tema”, según manifestó el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción y miembro del Comité de Control Social del PVS, Iván Bustillos.

Bustillos lamentó que el Viceministerio de Vivienda, ahora a la cabeza de José Lambertín, no entrega información completa al recién activado Comité de Control sobre la cantidad de proyectos habitacionales que han sido ejecutados en estos dos años, el proceso seguido para los desembolsos de recursos y el avance en la ejecución de las construcciones.

La Razón solicitó la misma información a dicho viceministerio. Sin embargo, ésta no fue proporcionada. El 23 de enero, no obstante, el viceministro Lambertín dijo a los medios de comunicación que “en el país existen cerca de 206 proyectos en ejecución que comprometen cerca de $us 100 millones y que evidentemente existen algunos problemas en la ejecución”. Adelantó que ya se iniciaron auditorías internas al PVS.

Para el ex viceministro de Vivienda Marcelo Zurita —quien fue destituido de su cargo el año 2007, acusado de aceptar favores y recursos de una de las entidades financieras que aspiraba a ser intermediaria del PVS—, la falta de capacidad de las autoridades del sector afecta la efectividad del programa habitacional en el país.

“La falta de conocimiento de los viceministros —en dos años han pasado cinco autoridades por esta cartera— llevaron a que el programa no se pueda ejecutar de la manera en que debía hacerse”.

“Lamentablemente, no han tenido la capacidad de conformar a tiempo el Comité de Control Social, no elaboraron un seguimiento adecuado a todos los proyectos aprobados dentro del programa de vivienda. Por ejemplo, el ministro (de Obras Públicas, Óscar) Coca, se jactaba junto al anterior viceministro de que ya tenían aprobados 14.000 viviendas en las que ya se había invertido el dinero. Pero, ¿y dónde están esas casas? No hay. No hubo un control, un seguimiento y supervisión de los diferentes proyectos aprobados”, dijo.

Zurita, que aseguró que hasta ahora no se comprobaron las acusaciones en su contra, confesó que durante su gestión fue presionado por el entonces ministro de Obras Públicas, el cruceño Jerges Mercado. “Tuve mucha presión desde el ministerio para aprobar proyectos, especialmente de Santa Cruz. No había la libertad para poder conocer con toda tranquilidad el programa habitacional”, señaló.

Así, a las ineficiencias administrativas se suman desde el lanzamiento del PVS denuncias sobre irregularidades, tanto en los procesos de adjudicación como durante la construcción de las viviendas. Varios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio de Vivienda fueron despedidos por las denuncias. El propio Presidente reconoció que aún no puede eliminar la corrupción que existe en este sector.

“Tenemos proyectos que han sido anunciados a nivel nacional que derivan en que hay un mal procedimiento para adjudicaciones de los recursos, un mal control en los procesos de construcción, ausencias de supervisión y de control de inversión de los recursos otorgados. Hay denuncias sobre la aprobación de proyectos que han sido presentados por una cantidad de casas y que aparecieron multiplicadas por 100 en la aprobación de sus proyectos y de desembolsos que no han seguido procedimientos en el reglamento, manifestó Bustillos.

En esa línea, el también miembro del Comité de Control del PSV, Rolando Vargas —representante del Ministerio de justicia—, señala que “hay falta de experiencia en las autoridades del sector y también hay que ser consciente de que falta gente honesta que maneje la cosa pública”.

El diputado Jorge Silva (MAS), por su parte, apunta a la excesiva burocracia administrativa como freno para el despegue del programa gubernamental. “Es por la burocracia y los mecanismos que tienen al interior del Ministerio y el Viceministerio de Vivienda, mecanismos muy burocráticos y requisitos que entran a la etapa de la retardación. La falta de experiencia de los funcionarios de este ente no permitió la agilización de los trámites y los proyectos”, indicó.

“Hay denuncias sobre la aprobación de proyectos que han sido presentados por una cantidad de casas y que fueron multiplicados por 100”.
IVÁN BUSTILLOS, miembro del Comité de Control del PSV.

Algunos datos del Programa de Vivienda Social

Fondo • El Comité de Control calcula que el Programa de Vivienda Social debería contar con $us 147 millones. Pero sólo tiene $us 107 millones, según datos que recibieron del Fondesip. El PVS nació el 2007 con $us 97 millones. El aporte patronal —2% sobre el salario ganado por el trabajador— en dos años sumaría unos $us 50 millones, es decir, $us 147 millones. “La pregunta es, ¿dónde están $us 40 millones?”, cuestiona Iván Bustillos, miembro de dicha instancia.

Control • El decreto de creación del PVS, en julio del 2006, establece la creación del Comité de Control Social. Sin embargo, esta instancia recién fue activada a pedido de representantes del sector. Actualmente, Iván Bustillos representa a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; Rolando Vargas, al Ministerio de Trabajo, y Simón Quelca, a la Central Obrera.

Meta • En diciembre del año 2006 el entonces viceministro de Vivienda, Alfredo Áñez, aseguró que hasta finales del 2007 se concluirían 17.000 unidades habitacionales en distintos puntos del país. Sin embargo, según el Comité de Control Social, ese número no alcanzaría las 5.000 viviendas.

Informe • A finales del 2007, el Viceministerio de Vivienda informó que había entregado recursos para 3.796 viviendas (entre construcción, compra de lotes y compra de inmuebles listos). La inversión fue de Bs 153 millones. En La Paz, el programa había entregado unos 4 millones y en Santa Cruz Bs 81 mil.

Déficit • Según los cálculos de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), en el país existe un déficit de más de 400.000 viviendas. Los departamentos de La Paz y Santa Cruz, debido a su densidad demográfica, son los más deficitarios en el tema habitacional.

Puntos de vista

“Requerimos programas conjuntos”
IVÁN BUSTILLOS, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción.

“Llevo 20 años en el área de la construcción. En un grado mayor o menor, los proyectos de vivienda en el país siempre han tenido problemas graves.

Es por eso que el sector privado ha tratado de que este tema de manejo de recursos generados por el aporte del sector, para garantizar la transparencia, requiere de procesos de participación igualitaria. Lo hemos planteado al Gobierno, pero no escuchó. Lleva una administración directa de los recursos a través del Viceministerio de Vivienda y por eso tenemos estos resultados.

Es necesario tener la decisión del Gobierno para que este tema del manejo que se dieron de los recursos sea de una vez investigado.

Como sector privado, tenemos varias propuestas para llevar programas conjuntos con el Estado para garantizar que las viviendas lleguen a los más necesitados”.

“Hay falta de capacidad administrativa”
MARCELO ZURITA, ex viceministro de Vivienda.

En anteriores gobiernos, los programas de vivienda siempre estuvieron llenos de corrupción. El último fue el Programa de Financiamiento a la Vivienda, que tanto defendieron los empresarios, que estuvo lleno de corrupción.

La falta de seguimiento ha afectado al actual programa de vivienda. El PVS es de corte social y se proyectó para beneficiar a quienes realmente lo necesitan. Se les aprobó, por ejemplo, un proyecto a los carretilleros de Santa Cruz. Ahora no es posible que no exista un seguimiento adecuado para desarrollar este plan.

Yo creo que es falta de capacidad administrativa. Porque si se logró aprobar las 14.000 viviendas, pues, ¿dónde están las viviendas?

Se requiere de un control estricto del Comité de Control y del Comité de Administración y de una auditoría que debe hacerse desde el inicio del plan hasta hoy.”

“Se implementó de forma parcial”
BRUNO ROJAS CALLEJAS, investigador del CEDLA.

El Programa de Vivienda Social fue implementado de manera muy parcial por el Gobierno por denuncias de una administración inadecuada. En términos de la ejecución del programa, el impacto en la generación de fuentes de empleo queda fuera como tal.

Se requiere que los programas habitacionales sean una política permanente. Que sean medidas privilegiadas por el Estado para garantizar la vivienda a la gente.

Con una mayor atención del Estado, se puede garantizar la creación de fuentes de empleos. El problema actualmente es serio y es estructural. Estos planes de vivienda social son coordinados, administrados y ejecutados por instancias no ligadas al Gobierno central, sino vía alcaldías y prefecturas que subcontratan a empresas constructoras, las que son caracterizadas como las que generan empleos temporales”.