Rápidamente, como la sanción de la ley para la segunda reelección consecutriva, avanza en estos días en la Asamblea Legislativa la propuesta de crear incentivos a las multinacionales petroleras, de entre 2.890 y 3.556 millones de dólares (MM$us), a fin de intensificar la extracción de hidrocarburos y su monetización para el gasto estatal en los siguientes diez años.
Con relativa oposición todavía, el tratamiento parlamentario en la Asamblea de mayoría oficialista (MAS) corre bajo el apremio personal del Mandatario que horas antes de su aprobación en grande el pasado jueves, urgió a los legisladores sancionarla “lo más antes posible”.
Pese al pedido de diversas instituciones, su ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez descartó eventuales modificaciones.
La decisión presidencial, que se suma a anteriores alicientes para consorcios petroleros, elevará casi en 30 % la retribución general ya obtenida –y la futura también– por Petrobras, Repsol, Total y BG, miembros de una decena de renovadas y viejas transnacionales operando en Bolivia, que en la década de Evo acumularon casi 12.000 MM$us en utilidades y costos recuperables.
Confirmará también la más fresca declaración, este martes, del presidente de Repsol, Antonio Brufau de que Bolivia es un país “magnífico para invertir” y que el gobierno de Morales es su “aliado estratégico”.
La aprobación de la ley fue aplaudida por la Cámara de Hidrocarburos y Energía (CBHE), sectores para gubernamentales y voceros oficialistas en campaña por un cuarto mandato presidencial, en contraposición a grupos de ciudadanos que cuestionan los incentivos y las fallas que indujeron al gobierno para urdirlos desde hace tres años.
Con el conjunto de estímulos, los socios internacionales podrán viabilizar negocios en un escenario que “afectó negativamente al flujo de caja del sector”, dijo Claudia Cronenbold, ejecutiva de esa Cámara.
“Es positiva y necesaria para el desarrollo de las inversiones en exploración, aún más con un escenario de precios bajos, es una medida oportuna y anti cíclica”, agregó.
Entre mayo y agosto, la ejecutiva había celebrado la apertura al negocio petrolero de 22 áreas naturales protegidas (decreto 2366) como un primer paso para incentivos que “reducen los riesgos de las empresas” y sugerido que debería aumentar el cobro de costos recuperables, es decir, la retribución del Estado a las petroleras por gastos de operación e inversión de activos.
En su doble faceta, los sobreprecios de hasta 55 dólares por barril de hidrocarburo con que se estimulará la extracción durante unos 30 años, serán financiados desde un Fondo promocional de inversiones (FPIEEG) por 2.890 MM$us iniciales, sustentado sobre todo por municipios, regiones y universidades.
“Ya se les paga 27 dólares por barril y con el incentivo se llegaría a topes de 82 dólares, el doble de la cotización actual que bordea los 42 dólares el barril” previno el analista Gustavo Rodríguez Cáceres, antes de su participación en un seminario de la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz sobre el tema hoy, miércoles 18.
En agosto pasado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reveló durante un Congreso petrolero la creación de un fondo de 988 MM$us destinado a promover las inversiones del sector hasta el 2020, que subiría hasta 3.556 millones el 2025, en busca de reponer las reservas gasíferas explotadas.
Más recientemente, el presidente de la corporación estatal YPFB, Guillermo Achá, precisó el nivel de los alcances: “estamos garantizando que todas las empresas sigan trabajando y mantendrán el nivel de inversión que se ha tenido en los últimos años, a pesar del contexto de precios”.
MAGNIFICO NEGOCIO
En el periodo 2006-2014, las retribuciones de las transnacionales en utilidades promediaron unos 5.400 MM$us, a lo que debe agregarse las obtenidas en este 2015, de acuerdo con estudios por separado de la Fundación católica Jubileo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Por costos recuperables las empresas sumaron otros 5.600MM$us estimados con base en cifras oficiales en ese mismo periodo, sin contar la presente gestión.
Sin embargo, a pesar de sus ganancias incrementadas respecto de gobiernos anteriores, las petroleras han reducido sus niveles de inversión en Bolivia.
De 1.750 MM$us registrados el 2013 la inversión extranjera directa cayó a 648 millones el año pasado, según cifras IED del Banco Central, paradoja atribuida a una presión para obtener más ventajas.
Tan sólo en agosto del 2014, el gobierno les reconoció 4.798 millones de 4.931 MM$us reportados como costos recuperables entre mayo-2007 y julio-2014, habiéndoles observado únicamente 133 millones, por lo que resolvió admitir para su pago el 97 % de sus peticiones.
Al cerrar el 2015, para acicatearlas con una tercera oleada de premios, el régimen del presidente Morales pugna porque los recursos del FPIEEG provengan en 60 % a las regiones y universidades y en 40 % por el Ejecutivo, que por su parte podrá descargar también su cuota con papeles fiscales bajo la forma de notas de crédito fiscal (Nocres), una virtual devolución de impuestos en desmedro de los ingresos para todo el país.
El terco afán por afectar los recursos regionales no es nuevo: el 2013, YPFB planteó la postergación, por tres a cinco años, de los pagos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de Regalías a las gobernaciones y municipios, pero su propuesta mereció el rechazo generalizado.
RECORTE DE RECURSOS
La ley por sancionarse echa mano de un 12 % de ingresos del IDH, que por un tercio de la renta petrolera (32 %) reciben gobiernos subnacionales y centros superiores de estudio entre otras instituciones, incluida la administración central.
Sin embargo, debido a rodajas para el Tesoro nacional (TGN) y otros organismos no productivos, en los hechos el IDH regional-institucional no rebasa al 27 % efectivo de la torta petrolera en Bolivia, negocio en que los mayores comensales y beneficiarios son el gobierno nacional y su burocracia (48 %) y las multinacionales (25 % aproximado, que puede subir mucho más).
En efecto, del 18 % asignado en Regalías regionales, el gobierno extrae 6 % para el TGN, de acuerdo al desglose del IDH previsto por ley.
Igualmente, del 32 % por IDH obtiene 17 % para el Fondo Indígena, compensaciones y transferencias a Policía y Fuerzas Armadas y para el TGN nuevamente (Ley 3058, distribución de regalías e IDH, Cap. II.)
A ello se agrega casi un 25 % en participaciones de YPFB, patentes y otros impuestos (IEHD, IUE, IVA, IT, etc.), sumando todo este conjunto el 48 % administrado por el Ejecutivo.
Consistentes en una retribución adicional de entre 30 y 55 dólares por cada barril de crudo o de condensado asociado al gas, dependiendo de si son extraídos en zona tradicional o no tradicional, y sujetos a cotización internacional y producción, estos premios y sus variantes, son la base de una cuestionada estrategia oficial para paliar las imprevisiones, excesos y deficiencias de gestión gubernamental.
GESTION DE Los INGRESOS
Al margen de los casos de corrupción, en casi diez años de precios altos, el régimen del presidente Morales y su élite burocrática al mando del país desde el 2006, no lograron constituir un fondo de reservas anticrisis para costear, por ejemplo la inversión petrolera.
De acuerdo con Guillermo Achá (YPFB), la danza de cifras contempla un requerimiento de 27.900 MM$us a invertir en periodo 2016-2025, lo que significa un promedio no mayor a los 2.700 MM$us anuales.
Pero los deseos han sido superiores a la realidad: en el periodo 2010-2015, las inversiones privadas y estatales del sector fueron programadas en 13.000 MM$us, de los cuales sólo se ejecutaron 9.980.
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