El patrón primario-exportador Contratos que consolidan la vieja política neoliberal Con el convenio de venta de gas natural a la Argentina, el Gobierno aseguró mercado a las petroleras. Y con la firma de nuevos contratos petroleros, cuyo fin es la monetización acelerada de las reservas hidrocarburíferas, donde la inversión está atada a la producción y la producción a la exportación de hidrocarburos, consolidó el patrón primario-exportador[1] en el país, dejando de lado la industrialización y el mercado interno. Durante la suscripción del convenio marco con la Argentina, el presidente Evo Morales aseveró que “ser presidente, ser gobierno es hacer buenos negocios para Bolivia y hemos empezado a hacer buenos negocios para Bolivia. (…) Este es el inicio de una integración energética de Latinoamérica, donde algunos tienen reservas y otros tienen la infraestructura industrial”[2]. Es decir, ratificó el destino que los gobiernos neoliberales trazaron para Bolivia a lo largo de la historia: ser proveedor de materias primas para el mercado internacional. El triunfo de las petroleras Con la suscripción de los nuevos contratos petroleros, el Gobierno de Evo Morales salió aparentemente triunfante en términos políticos. Empero, las verdaderas beneficiadas fueron las compañías petroleras transnacionales que lograron eludir toda posible acción en su contra ya que los contratos de riesgo compartido —pese a su ilegalidad— fueron reconocidos como válidos al ser sustituidos por nuevos contratos. Bajo la consigna “queremos socios pero no dueños”, el Gobierno suscribió los nuevos contratos con las petroleras. “Misión cumplida (…) estamos ejerciendo como bolivianos el derecho de propiedad sobre los recursos naturales. Sin expulsar a nadie ni confiscar. Esta es una nacionalización sin indemnización”[3] fue la proclama triunfante de este proceso. La firma de los 44 nuevos contratos —por 30 años a partir de la aprobación del Congreso Nacional— implica la aplicación de la Ley de Hidrocarburos 3058, dejando de lado la nacionalización demandada por los movimientos sociales en sentido de expropiar los bienes de las transnacionales y lograr así el monopolio estatal del negocio hidrocarburífero que permita industrializar el país. El Gobierno se aleja, de esta manera, de las reivindicaciones populares en un contexto en el que no son casuales las manifestaciones de satisfacción de los partidos neoliberales y de las compañías petroleras. Para entender la política del Gobierno, el análisis no debe basarse en el discurso y los símbolos que utiliza, sino en las medidas tomadas. En el caso de la migración de los contratos prevista en la Ley 3058 este hecho es muy claro; el discurso se orienta a convencer a los movimientos sociales de que a partir de la firma de contratos, las compañías petroleras se habrían convertido en simples prestadoras de servicios, dando una imagen de un Gobierno que doblega a las petroleras, logrando un efecto mediático favorable. ¿Contratos de Servicios o Contratos de Operación? Sin embargo, persiste la desinformación en torno a los contenidos de los contratos. Se confunde un Contrato de Operación con un Contrato de Servicios, por lo que es necesario aclarar que ambos tipos de contratos son abismalmente diferentes. “Un Contrato de Servicios es un acuerdo mediante el cual una compañía petrolera contrata a proveedores especializados para que efectúe trabajos en geociencias, ingeniería petrolera y otras materias. Este tipo de contratos no son convenios de exploración, por tal motivo no se le asignan bloques donde pudieran tener derechos exclusivos. En ningún caso un Contrato de Servicios adquiere la propiedad de los hidrocarburos, derechos de explotación o derechos de producción. Tampoco asume el riesgo geológico ni el de mercado, por ende no participa de las rentas económicas asociadas a la explotación del recurso natural. La retribución no está atada al establecimiento de la producción o a su volumen. El contrato dura el tiempo que exige la realización de la obra o la prestación de servicio que normalmente es menor a tres años”[4]. En tanto, un Contrato de Operaciones estipulado por la Ley de Hidrocarburos 3058, señala que a la compañía petrolera se le otorgan concesiones que le dan el derecho de realizar actividades de exploración y explotación de forma exclusiva, asumiendo el riesgo geológico como de mercado. Aporta la totalidad de capitales, instalaciones, equipos, materiales, personal, tecnología y otros necesarios. La retribución se realiza con un porcentaje de la producción, en dinero o en especie, cubriendo la totalidad de sus costos de operación y utilidad. La voz de Petrobras Teniendo esa diferencia en cuenta, Petrobras afirmó públicamente que los contratos firmados no tienen las características de un Contrato de Servicios, sino que se tratan de Contratos de Producción Compartida, por los cuales cada compañía petrolera “ejecuta todas las operaciones petroleras por su cuenta y riego” y “recibe, directamente, una retribución definida en función de la recuperación de costos, precios, volúmenes e inversiones”[5], cuyas características son propias de un Contrato de Producción Compartida establecida en la Ley 3058. Petrobras continúa operando en los bloques en producción San Alberto, San Antonio y Caranda a través de Petrobras Energía; en exploración sigue operando los bloques Río Hondo, Ingre e Irenda. Según esta empresa “continúa con la propiedad de sus actuales activos” y considera además que “las reservas pueden ser contabilizadas por Petrobras”. Esto significa que las petroleras podrían anotar las reservas en las bolsas de valores a nivel internacional, por lo que el ex ministro de Hidrocarburos, Solíz Rada, exigió al Congreso Nacional que se prohíba en los nuevos contratos, de forma explícita, que las compañías anoten las reservas en bolsas de valores, “por tratarse, precisamente, de Contratos de Operación, como informan las autoridades bolivianas”. “La totalidad de las reservas de hidrocarburos actuales y futuras del país, cuyo valor anotado como títulos valores (ya sea como acciones o como bonos) ascienden a más de 200 mil millones de dólares”[6]. En los nuevos contratos, por otra parte, Petrobras aseguró una rentabilidad económica por encima del 15% tasa de retorno superior a sus costos de capital y la posición estratégica en Bolivia a partir de la operación en los megacampos San Alberto y San Antonio para el abastecimiento de gas natural a Brasil. Para ello, Petrobras cedió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el papel de “principal agente de comercialización” y “mayor supervisor sobre las operaciones petroleras”, para lo cual entregará los hidrocarburos a la compañía estatal[7]. Sin embargo, cuando se realicen los negocios petroleros, la remuneración que le corresponde a la petrolera será depositada directamente por el comprador en cuentas de Petrobras, es decir, sin mediación de YPFB. Por último, Petrobras asegura que de acuerdo a los nuevos contratos no existen compromisos para que la compañía haga nuevas inversiones, excepto las habituales de mantención de la producción[8]. Esta también es la posición de la petrolera británica BG Group[9]. El incentivo para migrar a nuevos contratos El preámbulo clave para la suscripción de nuevos contratos fue el convenio de compra-venta de gas natural firmado con el gobierno argentino, que significó la seguridad de ese mercado para las petroleras. Esto permitió la ruptura de la negociación en bloque que hacían las petroleras, de manera que cada una buscó asegurase la participación en la exportación de gas natural que actualmente detentan Petrobras y Repsol YPF[10] como exclusividad suya. Así el Gobierno boliviano ofreció a cada una la asignación de un cupo en el millonario contrato de exportación. Es necesario recordar que en 1996, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada justificó las ventajas que la Ley 1689 daba a las empresas aduciendo que eran imprescindibles para alentar la búsqueda de nuevas reservas si se quería cumplir con el contrato de exportación a Brasil, en el que se comprometía exportar, en 20 años, cerca de 7 trillones de pies cúbicos (TCF), cuando sólo se disponía alrededor de 4 TCF. Pues bien, Evo Morales procedió exactamente del mismo modo: garantizó a las inversiones extranjeras los mercados necesarios para los próximos 20 años[11]. En los nuevos contratos, se ratifica que el Estado es propietario de los yacimientos y de los hidrocarburos[12], pero en los hechos las petroleras continúan operando con el derecho exclusivo de realizar exploración y explotación en los campos cedidos bajo la misma figura de contratos de riesgo o sea continúan ostentando el monopolio de las operaciones hidrocarburíferas.