Apenas se enfría el conflicto de los trabajadores de Sinohydro del proyecto carretero de Ivirgarzama – Puente Ichilo, cuando surgen otros dos conflictos de trabajadores de la construcción de infraestructura.  Los trabajadores que los protagonizan reclaman desde el pago de salarios y beneficios devengados – por los ex-trabajadores del proyecto carretero entre Yucumo y Rurrenabaque – hasta la falta de dotación de ropa de trabajo, maltrato verbal y físico en la construcción del Puente Banegas en Santa Cruz. 

En este último caso, las denuncias de los  trabajadores son muy familiares, especialmente cuando se contrastan con aquellas del conflicto en Sinohydro, donde los derechos de los obreros al pago de horas extras y a la dotación de ropa de trabajo fueron desconocidos, y donde también  experimentaron maltrato por parte de los supervisores chinos.  Los conflictos ponen al descubierto la frecuencia de las violaciones de derechos laborales por parte de empresas constructoras y también la limitada intervención del  Ministerio de Trabajo para frenar eficazmente sus prácticas abusivas.

Ubicación del tramo Yucumo a Rurrenabaque en el Departamento del Beni. Administradora Boliviana de Carreteras, Mapa de Bolivia Red Vial Fundamental 2015

El conflicto entre los ex-trabajadores del tramo de la carretera entre Yucumo y Rurrenabaque –que trabajaban para la Asociación Accidental Consorcio Alto Beni (empresas nacionales Sergut, Avicons, Convisa, e Inglobal) – comenzó a principios de marzo de 2016. Los ex-trabajadores reclamaban beneficios e incluso salarios devengados que no cancelaba la Asociación.  El proyecto de construcción tiene un valor de 460.262.780,85 bolivianos y fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Resolución ABC/RPC/0184/2009). 

Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el proyecto está en su etapa final,  tres años después de la fecha de entrega inicial (ABI, 16/4/2010).  Los ex-trabajadores que protestaban bloqueando la rehabilitación del Puente Playa Ancha (un grupo de los ex-empleados) originalmente eran 54, una cifra  que disminuyó a 33 cuando se cancelaron los beneficios y salarios devengados la Asociación a una parte de ellos,  de acuerdo a una entrevista grabada por la prensa con los ex-trabajadores (Annbolivia, 8/3/2016).  Según la ABC en una nota del 9 de marzo, este problema se habría solucionado (Visor Bolivia, 9/3/2016), aunque un día antes los ex-trabajadores  todavía anunciaban radicalizar su protesta si sus demandas no fueran resueltas.  No se mencionó ninguna acción por parte del Ministerio de Trabajo para resolver este asunto. 

El segundo conflicto fue protagonizado por 180 trabajadores de la empresa nacional BNG S.R.L. en el proyecto del Puente Banegas en la zona de Okinawa 1 en el Departamento de Santa Cruz, que será el puente más largo del país con 1.440 metros.  La BNG es una  empresa subcontratista de JV Hyundai Byucksan, un consorcio surcoreano compuesto de Hyundai Development Corporation y Byucksan E & C.  El contrato de este proyecto fue firmado el 25 de abril de 2014 por un monto de $us 42.807.999, y la supervisión del mismo fue adjudicado unos meses más tarde a otra empresa surcoreana, Dohwa Engineering Co. Ltd. 

Según documentos de la ABC, el Eximbank de Corea del Sur financia el 83% del proyecto, y la Gobernación de Santa Cruz el porcentaje restante.  Este monto obtenido del Eximbank es solamente una pequeña parte de un crédito comprometido por Corea del Sur, en el marco del  convenio firmado en 2010 con el gobierno de Bolivia por $us 250 millones,  con destino a la construcción de 5 puentes (La Prensa, 27/10/2011)[1].  Ya que el préstamo tiene la intención de crear una relación comercial bilateral entre Bolivia y Corea del Sur, lo más probable es que esté  ligado a la contratación de firmas surcoreanas para la construcción de estas obras (Bolpress, 2/7/2010).

 Ubicación de Puente Banegas en la zona de Okinawa 1, al noreste de Santa Cruz de la Sierra. Administradora Boliviana de Carreteras, Mapa de Bolivia Red Vial Fundamental 2015

Los 180 trabajadores de BNG entraron en un paro indefinido el 21 de marzo de 2016, denunciando violaciones a sus derechos laborales (Estrella del Oriente, 22/3/2016; Ministerio de Trabajo, marzo 2016).  Según los trabajadores BNG no otorga la ropa de trabajo que se debe, ni les dota de un seguro de vida, una obligación del contratista (y el subcontratista si fuera el caso) para trabajadores de la construcción (Ley Nº 16998),  así que están trabajando sin protección.   Además, acusan a BNG de descontar los aportes de los trabajadores a las AFP, sin depositar el dinero.  Aparte de  las  violaciones a sus derechos por la subcontratista, también denuncian maltrato por parte de los representantes del consorcio surcoreano.  Los trabajadores aseveran que esta situación se repite desde hace un año y medio cuando se inició la obra y que  las quejas  son ignoradas por las empresas (Estrella del Oriente, 22/3/2016; El Deber, 23/3/2016).

En el caso de Sinohydro, las demandas de los trabajadores tampoco fueron tomadas en serio por la empresa que mostró una falta de respeto absoluta por las leyes laborales bolivianas.  ¿Será que también en este caso, debido a que el proyecto está ligado directamente a fondos coreanos, el Ministerio de Trabajo no instruirá hacer cumplir las normas firmeza? 

Hasta el 23 de marzo únicamente la ABC se había pronunciado sobre el conflicto, sosteniendo que se verá la manera de solucionar el problema con la empresa, para que avance la obra del puente (El Día, 23/3/2016).  Como la ABC es la responsable de contratar a las empresas, debería tomar parte  para  imponer soluciones como señala la ley, por el bien de los trabajadores, y no simplemente para que siga el avance de la obra. 

Sin embargo, el 24 de marzo el Ministerio de Trabajo tomó unos pasos en la resolución del conflicto, posesionando el sindicato de trabajadores del puente oficialmente y ligándoles a la Central Obrera Regional (COR) de Montero, lo cual dio cuarto intermedio al paro.  Según el Ministerio, luego de crear el sindicato, se elaborará un pliego petitorio formal que llevará a inspecciones técnicas y laborales del lugar de trabajo (Ministerio de Trabajo, marzo 2016). 

Todas las empresas contratistas – sean nacionales o extranjeras- tienen la obligación de cumplir con las leyes laborales del país.    El Ministerio de Trabajo y la ABC obviamente no están haciendo respetar y cumplir los derechos laborales para que la Asociación Accidental no cancele lo que debe a sus trabajadores y el consorcio coreano se crea tan impune que ignora demandas de los trabajadores por más que un año.