Descripción

Los motivos que habrían impulsado la elaboración del Proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, serían los de asegurar la provisión de hidrocarburos para el consumo interno y la generación de recursos para la implementación de políticas favorables al bienestar de la población. Los sustentos legales para el cumplimiento de esos objetivos radicarían en el texto de la Constitución Política del Estado, la Ley 3058, otras leyes y la Agenda Patriótica 2025 perfilada por el gobierno en su actual programa.
La justificación de esta política de otorgamiento de incentivos monetarios a las empresas operadoras, más allá de la inicial disposición de la Ley 3058 en favor de la producción de petróleo en campos pequeños y marginales, aduce que la actividad hidrocarburífera en el país no es atractiva debido no sólo a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, sino a las “características del régimen fiscal, el riesgo exploratorio y los elevados costos en exploración y explotación”, argumentos que no solo contradicen los que se enarbolaron al momento de aprobar la Ley 3058, sino el propio discurso gubernamental que justifica la denominada “nacionalización”.

Revista fiscal 16: Ley de incentivos: Mayores ganancias para las transnacionales

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