Tres balsas auríferas de la misma operación minera flotan en medio del río Orthon, en plena Amazonía pandina, dentro de la jurisdicción de Loma Alta. Hasta ahí llegaron exrecolectores de castaña, agricultores y artesanos que se convirtieron en mineros.

“Yo era recolector de almendras, pero hay que trabajar de todo”, señala uno de los balseros que se muestra más dispuesto a conversar que sus compañeros. Él se identifica con el nombre de Javier Cartagena; asegura que recién hace dos meses se incorporó al trabajo en la balsa. Llegó de Riberalta, del otro lado del río, del departamento de Beni, y se puso a trabajar doce horas diarias.

Los bajos precios de la castaña o nuez amazónica –cotizada en 160 bolivianos la caja en puertas de la Empresa Boliviana de Almendra (EBA) a finales de 2023– frente a la onza troy del oro que alcanzó a 1.985 dólares en el mercado internacional, impulsó a algunos indígenas y campesinos a convertirse en mineros auríferos.

“Vine a trabajar aquí, porque no hay trabajo en el pueblo, soy de Riberalta pero no llegan las ayudas, más llega para los otros departamentos”, se lamenta el hombre de 55 años y padre de cinco hijos.

Con la mirada oscura, facciones duras y contextura delgada, el balsero cuenta que ingresa a trabajar a las 18.00 horas, de lunes a sábado, y que su jornada se alarga hasta las 6.00 de la madrugada del día siguiente, cuando ingresa el siguiente turno. Solo descansa el domingo, día que debe aprovechar para estar con su familia.

“Es complicado el trabajo, es grave, es peligroso, ahora que crece el río, arrastra palos, y también el viento arrastra a las balsas (…). Lo más difícil es manejar la máquina, por lo menos se necesita una semana para aprender”, explica el balsero mientras sus compañeros miran de lado en medio de sus faenas.

—¿Tienen seguro médico, seguro contra accidentes?

—Es lo primero que se piensa, pero este trabajo minero no tiene seguro.

—¿Tiene un salario fijo mensual o es jornalero?

—Porcentaje de lo que se saca, es. Mire, a veces hay y a veces no hay.

—¿Siente alguna afección por el uso del mercurio?

—No sé por qué dicen que hace daño el mercurio, yo me siento como de 15 (años) —afirma mientras se ríe.

Cartagena asegura que en su actual trabajo no tuvo ningún accidente, pero recuerda uno que presenció en otra balsa aurífera, cuando su compañero buceador murió trágicamente tras ser enroscado por la soga de la balsa e impactado por troncos que arrastra el río.

Al igual que el balsero riberalteño, Ronal Lluvanera viajó desde Riberalta (Beni) a Loma Alta (Pando) en busca de trabajo en las balsas auríferas. De ser agricultor pasó a ser buceador aurífero y actualmente se dedica a armar balsas, realizando el trabajo artesanal.

“En busca de trabajo llegué y me encontré un balserito, el peruano, y me dijo que me iba a pagar 100 bolivianos al día. Debo armar balsas, cortar madera para balsas, eso hago, pero solo me pagó 60 bolivianos (al día) en estos cuatro meses que llevo en Loma Alta”, asegura.

Lluvanera, de 53 años y padre de seis hijos, tiene la apariencia de una persona de más de 60 años y reconoce las secuelas del trabajo en su cuerpo cuando dice: “No podemos terminarnos de golpe”, en alusión a su salud.

“He buceado seis años dentro del agua, con mascareta y chupeta, y ahora es más normal el trabajo, pero así como le cuento, nos están explotando. No puedo enviar ni 20 pesos a la comunidad”, afirma. Por su parte, su familia no deja de recomendarle que se cuide en el trabajo.

“Utilizaron a gente de la comunidad para entrar con la minería”

La comunidad campesina de Loma Alta fue creada el 24 de junio de 1952. Ahí, sus pobladores hablan de solo dos a tres cooperativas mineras y empresas dedicadas a la extracción del oro, sin conocer a detalle la cantidad y los nombres de los actores mineros que cuentan con autorización minera o tramitaron derechos mineros.

Abigail Lirahua, vicepresidenta de la comunidad Loma Alta y presidenta de la estructura social de salud del municipio de Villa Nueva, menciona que recién desde hace una década se empezó a hablar de la minería en la comunidad; es decir, desde el Gobierno de Evo Morales.

“Vino gente de afuera, utilizaron a gente de la comunidad para poder concretar (su derecho minero) a nombre de la comunidad, pero en realidad se trata de gente que tiene experiencia en la explotación aurífera por esta ribera”, señaló.

Relató que se asociaron con algunos comunarios y solicitaron que se los avale para que puedan pertenecer a la estructura de la Asociación de Balseros (Asobal) que agrupa a las cooperativas auríferas.

La representante relata que llegaron hasta la comunidad empresarios y cooperativistas para hacer conocer la importancia de la minería, indicaron que les dejarían recursos económicos e impulsaron la conformación de asociaciones para la solicitud de autorizaciones para la explotación aurífera.

“Loma Alta es una comunidad ribereña, de vocación recolectora de sus recursos naturales, cuidamos el medioambiente, no deforestamos mucho porque nos dedicamos a la recolección de la castaña, como principal fuente económica, y también a otras actividades, como la producción agrícola para el sustento y el consumo familiar”, afirma.

La minería alrededor de la comunidad Loma Alta “está caliente”, afirma la vicepresidenta, al graficar la dinámica que alcanzó la actividad aurífera en la región.

“Algunos compañeros se han esforzado para tener su propia embarcación, su propia dragüita, para empezar a hurgar lo que hay dentro del suelo (del río), pero no lo están haciendo en el río, lo están haciendo sobre la ribera de la comunidad, en los barrancos, en el bajío. Así está la minería”, advierte.

El dragado en las riberas está ocasionando el desbarrancamiento de cultivos de plátano, yuca y en otras áreas, como la comunidad indígena tacana de Miraflores, varias hectáreas de “chocolatales”, como se conoce a las zonas de cacao.

Abigail Lirahua afirma que la minería en la comunidad aún no es intensiva, pero que recibe bastante influencia de quienes viviendo en Loma Alta se han ido a trabajar a las balsas auríferas que están sobre el río Orthon.

“Mucha gente de la comunidad (Loma Alta) trabaja en las dragas, en las balsas, lo que hace que ayuden a su familia. Por ejemplo, en el río Orthon hay bastante minería intensiva, lo mismo sobre el río Madre de Dios, las comunidades viven de eso. En el río Orthon, en la comunidad Humayta (Ingavi), también hay bastante movimiento económico, pero es por la actividad de la minería”, señala.

La dirigente dice que, en algún momento, los comunarios quisieron ir hasta la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en La Paz, para recabar información sobre las autorizaciones mineras en el municipio de Villa Nueva, ya que les dijeron que incluso van a explotar el área seca, lo cual significa tocar sus bosques y desmontar.

Ante la pregunta si hubo la consulta previa, libre e informada para otorgar autorizaciones para las operaciones mineras en Loma Alta, Abigail Lirahua responde que, en dos ocasiones representantes de las empresas interesadas en obtener cuadrículas, se apersonaron junto con el personal de la AJAM, pero aclaró que “no se otorgó permiso a ninguna empresa”.

De acuerdo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la unidad de medida del área minera es la cuadrícula, que tiene la forma de una pirámide invertida, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra, su límite exterior en la superficie del suelo corresponde planimétricamente a un cuadrado de 500 metros por lado, con una extensión total de 25 hectáreas.

“La comunidad de Loma Alta es muy celosa; primero averigua, aunque a veces hay disposiciones desde arriba, porque nos hemos enterado que nuestros ríos hasta cierta área ya han sido cuadriculados. Sin consultarnos ya otorgaron permisos a favor de empresas que estaban interesadas, pero cuando vinieron a consultar nosotros rechazamos”, asegura.

Califica a este accionar de abuso de autoridad. “Nos hemos enterado que hay empresas concesionadas y no las hemos conocido, el río ya está parcelado. Hubo dos consultas en dos ocasiones y la comunidad esperó un diagnóstico de medioambiente para ver si es o no beneficioso para la comunidad y poder aprobar, pero no llegó nada”, señala.

—¿Hay mineras nacionales que están en combinación con capital extranjero?

—Así es, hay brasileras y, creo, una japonesa que está de por medio. Esa japonesa es la que recientemente ha agrupado a algunos compañeros de acá para utilizarlos, son los que financiaron para tener el ingreso a la comunidad.

Según la vicepresidenta de Loma Alta, la comunidad no autorizó ni siquiera a sus propios compañeros para hacer minería ya que, al ser una “comunidad verde”, hizo prevalecer su vocación productiva forestal, pero también porque desde el año pasado (2022) empezaron a sentir la sequía. Sin embargo, gente del lugar opera en “sus dragüitas” en las riberas del río.

A pesar de que la dirigente no proporcionó ningún nombre de operadoras mineras con permiso para extraer oro o en trámite, limitándose a señalar que se enteraron de que “todo está cuadriculado”, la lista a la que se accedió para este reportaje es larga.

“Viene gente de afuera y quiere usar a los vivientes del lugar para poder entrar a nombre de los compañeros de la comunidad. En Loma Alta solo hay una empresa camuflada con los brasileros y japoneses, no hay más y vamos a seguir siendo celosos, porque este año empezamos a bajar (la producción agrícola), nuestros pozos se secaron, empezamos a sufrir enfermedades de la piel e infecciones”, se lamenta.

Sin embargo, se sincera al señalar que les han dicho a los pobladores de la comunidad que están “encima del oro” y que de noche la zona brilla como si fuera una ciudad rascacielos, así como La Paz, al referirse a las imágenes satelitales que se utilizan para explorar minerales.

—¿Conoce Mapiri en el departamento de La Paz, donde el boom del oro ocasionó estragos en el pueblo?

—No quisiéramos que nos pase como en Mapiri o como en Guanay. De aquí, de Loma Alta, mi familia se fue allá y terminaron en Mapiri, donde se desbordó el río y de uno de ellos se atoraron sus piernas, se accidentó, hubo siete accidentados en total (en actividades mineras). Hoy en día (el más grave) está en Cochabamba y tratando de recuperarse”, relata.

Como consecuencia de la explotación intensiva del oro en el municipio de Mapiri en la ruta aurífera del departamento de La Paz, empresas y cooperativas cambiaron el rumbo del río, deforestaron y realizaron desmontes ilegales, dejando a su paso graves impactos socioambientales. El uso de maquinaria pesada y sustancias tóxicas como el mercurio también ocasionó la contaminación del agua, el suelo y el medioambiente.

En lugar de encontrar mejores días, “hallaron peores días”, asegura la dirigente a modo de analogía, quien lamenta que en medio de la tragedia haya hijos pequeños y una madre sola que lucha por salir adelante.

“Si llega la minería a Loma Alta, como ya se está sintiendo, nuestros ríos cambiarán más, ya no será como antes, las orillas de las playas empiezan a caer y flotan por medio del río perjudicando el cruce (de orilla a orilla), también hay bastante erupción de los barrancos, donde era profundo ya no lo es, el río se llevó nuestra carretera y arrastra árboles”, señala.

Explotación de oro en Loma Alta y sus alrededores

En la lista a la que se accedió a fines de 2023, se puede cuantificar más de 1.018 cuadrículas, entre comprometidas y solicitadas, equivalentes a una superficie de 25.450 hectáreas, tanto en el río como en tierra firme, incluidos los bosques.

De los 25 actores mineros que han solicitado autorizaciones para la explotación, prospección y exploración, 14 son empresas, siete cooperativas y cuatro unipersonales. Más del 90% de las solicitudes pretenden autorización para la explotación aurífera.

Las áreas mineras alcanzan tanto a la comunidad de Loma Alta del municipio de Villa Nueva y a los municipios de Ingavi, San Pedro y Nueva Esperanza del departamento de Pando, como también a los municipios benianos de Riberalta y Guayaramerín.

En la lista de operadoras mineras sobresale la Cooperativa Minera Aurífera “Jaspe RL” por el tamaño de la superficie solicitada para la explotación del oro con 226 cuadrículas en las áreas Esmeralda I (160), Esmeralda II (46) y Esmeralda III (20) que comprometen a tres municipios de Pando.

Le sigue la Empresa Minera Ortizsol SRL con 100 cuadrículas solicitadas, también para explotación aurífera, en las áreas Virginia Dorada I (57) y Divino Niño Jesús IV (43) que se encuentran en los municipios de Riberalta (Beni) y Villa Nueva y Nueva Esperanza (Pando).

Le sigue la Cooperativa Minera Aurífera Éufrates RL que solicita licencia de contrato para la explotación aurífera en Loma Alta en el área Picaflor 1 sobre 86 cuadrículas.

En el cuarto puesto figuran dos empresas que han solicitado autorización para la explotación de 80 cuadrículas cada una: Minera Río Dorado SRL sobre el área Río Dorado y Rosa Braabner Mine SRL en el área FARIS I. Entre las dos comprometen los municipios de Guayaramerín y Riberalta, en Beni, y Villa Nueva, en Pando.

En menor proporción cuantitativa se presentan las solicitudes para tareas de prospección y exploración, siendo la Empresa Minera Ortizsol SRL la que más cuadrículas solicita sobre dos áreas mineras: Tata Santiago III (115) y Jesús del Gran Poder (38), por un total de 153 cuadrículas, que se encuentran en los municipios de Riberalta (Beni) y Villa Nueva y San Pedro (Pando).

La Minera Alianza SIXMIN SRL también presentó solicitudes para tareas de prospección y exploración sobre 11 cuadrículas en el área denominada Madre de Dios 2, que abarca los municipios de Riberalta en Beni y Villa Nueva en Pando.

“Nos sentimos engañados por los mineros”

Yanireth Cruz, secretaria de Hacienda del Sindicato de Campesinos de Loma Alta, prefiere salir del bullicio de la asamblea de la comunidad para dar su parecer sobre lo que está sucediendo en torno a la minería ilegal.

“Han venido de empresas y cooperativas mineras a reunirse con la directiva o en plena asamblea y vienen a hacer convenios, dicen que vienen a colaborarnos, pero todo eso se queda en cuento, porque una vez que entran no colaboran en nada, hay que exigirles para que den (lo comprometido)”, relata en medio de una llovizna que anuncia refrescar el ambiente de más de 40 grados centígrados.

La secretaria de Hacienda exige que las cooperativas y empresas mineras muestren su legalidad en Loma Alta, al igual que la comunidad que tiene sus títulos agrarios en orden, ya que cuando entran las inspecciones gubernamentales “se escapan, cuando se enteran que están entrando las comisiones de La Paz”.

“Así como nosotros, también debería estar cada balsa con sus papeles en orden para que dejen regalías a la comunidad, sin embargo, no dejan nada”, reclama.

A tanta insistencia de los comunarios, dice que los dueños de las balsas apenas colaboraron con 400 litros de diésel que fueron destinados a arreglar las calles que quedaron maltrechas por el trajín de los camiones de los aserraderos que sacan toneladas de madera.

“Nos sentimos engañados, explotados por los de las balsas y también por los aserraderos, por todo eso nos sentimos atropellados, y abusan de que la gente es buena, porque si fuéramos malos no les permitiríamos que crezcan más”, señala.

Yanireth muestra el río Orthon y afirma que de la mitad del curso de agua hasta el otro lado, la comunidad de Loma Alta no puede decir nada, ni reclamar, porque ese lado le pertenece a Beni.

Enfermedades gastrointestinales

La minería del oro conlleva el uso de sustancias tóxicas, como el mercurio, que a su paso van envenenando a pueblos indígenas de la Amazonía. Los pobladores de Loma Alta, aunque sospechan de los impactos de la minería aurífera en su salud, no tienen certeza de cuánto avanzó este daño, por lo que consideran necesario someterse a exámenes de laboratorio.

El director de la posta de salud, el médico Hugo Callizaya, afirma que hoy en día Loma Alta ya tiene impactos de la minería. “Lo más frecuente son las enfermedades gastrointestinales por el consumo de los peces, porque para sacar oro se usa mercurio que queda en el fondo del río y eso repercute en el agua y en los peces que ya están contaminados con esta sustancia”, asegura.

Los niños son los que más sufren las infecciones gastrointestinales, según el galeno, quien prefiere conversar desde la calma de su casa. “Los niños comen peces desde muy pequeños y les gusta meterse al río y por ende beben el agua”, apunta.

Todos los casos relacionados a las infecciones gastrointestinales fueron atendidos en el centro de salud, señala, pues no hubo casos de gravedad.

“Las recomendaciones son purificar el agua porque la mayoría (de las enfermedades gastrointestinales) es por el consumo del agua contaminada, y de ese modo se combate”, menciona.

Sin embargo, recomienda que instituciones acreditadas realicen exámenes de mercurio a las y los comunarios de Loma Alta, tomando en cuenta que se conoce que comunidades vecinas fueron impactadas por el mercurio.

“Desde que entró la minería se está acabando el pescado”

A cinco cuadras de la vivienda del médico, comensales entran y salen de la pensión de doña María Ortiz, una mujer de la tercera edad que los atiende con entusiasmo, mientras cocina a fogón picante de pollo, majadito y otros platos.

Sin embargo, se queja porque en su oferta gastronómica ya no figuran los platos típicos de la Amazonía elaborados a base de pescado. “Algunos vienen y piden la yatorana asada, algo de la región, pero ya no podemos hacer ni eso, ni un chicharrón de pescado porque no hay pescado suficiente y el poco que hay ya no es garantizado, prefieren consumir pescado de los criaderos de Brasil”, explica.

Comenta que hubo personas que padecieron de salpullidos en el cuerpo, escozor y alergias tras el consumo del pescado de río.

“Estamos afectadísimos en la economía de la cocina porque tenemos que mantener con carne de pollo y cerdo (…). Hace 13 años comíamos bastante pescado, venían los pescadores a vender los pintados grandes, los pacuces, los pacucillos, pero ahora no conocemos que alguien nos pueda traer 10 kilos de pintado o 10 kilos de pacú. Desde que entró la minería todo se está acabando. ¿Se da cuenta, verdad?”, se lamenta.

A más de 400 kilómetros de Cobija, la capital del departamento de Pando, la comunidad indígena tacana de Miraflores, en el municipio de Puerto Gonzalo Moreno de la provincia Madre de Dios, llora la pérdida de territorio como consecuencia de las operaciones mineras en los barrancos y en las riberas de los ríos.

En medio de una asamblea de la comunidad, Piter Guary, presidente de los tacanas de Miraflores, atribuye a este pueblo el protagonismo, por hacerle frente a la minería abusiva, respaldada desde el propio Gobierno.

“La minería nos está matando nuestra economía, nuestra salud, nuestra producción, y no como se manejan (otras) versiones, que como comunidad nos estamos favoreciendo o recibiendo regalías. Por el contrario, tenemos muchos impactos negativos”, afirma.

El dirigente tacana señala que la comunidad quiere hacer conocer su sentir de manera veraz, precisa y de primera mano, por eso comparte mapas e información obtenida por los afectados.

Wilfredo Guary, vicepresidente de la comunidad, secunda al primero y afirma que los vivientes de Miraflores se sienten vulnerados en sus derechos.

“Nos sentimos vulnerados, especialmente por el Estado a la no consulta en nuestros territorios; es obligación de los Gobiernos consultarnos para que estos señores (mineros) puedan trabajar en nuestros territorios, cosa que nunca se hizo”, afirma.

Por mandato del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificados por Bolivia, es obligación del Estado boliviano consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

El dirigente reclama porque en 2023 repartieron las cuadrículas mineras en la zona a espaldas de la comunidad y, por segunda vez, sin previa consulta. “Esto es indignante. La primera vez, todavía, pero esta es la segunda vez (…). ‘Enteringo’ el río Madre de Dios está cuadriculado para poder trabajar (el oro)”, asegura.

Según el vicepresidente de la comunidad, en 2022 las balsas auríferas se multiplicaron a 250, solo en Miraflores, de las cuales 14 son legales. “Estamos hablando que solo en nuestro territorio, en Ichiquía y Miraflores, cada concesión tiene diez cuadrículas”, menciona, mientras exhibe una fotocopia de un mapa aprobado por la AJAM.

“Aquí tenemos a los hermanos productores que usan el bajío para la producción de plátanos, al borde del río, y los están derrumbando (los cultivos). Lo hemos denunciado a la Asociación de Balseros (Asobal), pero nadie nos hizo caso. Nos pidieron el número de placa (de las balsas), pero nadie reconoce el daño y (los productores) jamás recibieron compensación alguna por las pérdidas”, denuncia.

No sólo eso, lamenta que las operadoras mineras cambien el cauce del río, con lo cual también provocan derrumbes y desbordes. “Cultivos de cacao y recursos maderables por un valor de 3 millones (de bolivianos) estamos perdiendo, es el monto de pérdida que han trabajado en familia, desde el abuelo, al padre y los hijos”, explica.

De pronto se oye una voz en la sede de la comunidad, se trata de Juan Carlos Álvarez, secretario de Tierra y Territorio, quien reclama: “Estamos cansados, vienen comisiones tras comisiones, parece que solo llevan nuestros nombres y listo. El Gobierno manda comisiones, pero no resuelve nada”.

Tras aclarar que nuestra presencia en la comunidad no se enmarcaba en ninguna comisión gubernamental, sino que se trataba de un equipo periodístico bajo la coordinación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el dirigente baja su tono y continúa: “Nosotros no lloramos, nos aguantamos, pero con ese mapa estamos sufriendo. Los que están arriba no nos escuchan, no nos hacen caso, pero los que más van a sufrir son los niños”, advierte.

El dirigente protesta porque balseros derrumbaron plantaciones de cacao y plátano, así como árboles de mara, cedro y otras especies apreciadas.

“¿Por qué vamos a tener miedo a los mineros, si esta es nuestra casa?”, cuestiona Álvarez, quien responsabiliza a las empresas y cooperativas que operan en la zona por afectar los chacos de los productores, ya que tras comprometerse a utilizar mangueras número cinco (en las balsas) terminaron usando el número 12, para extraer de manera más intensiva el oro desde el fondo del río.

Lanza la advertencia: “36 comunidades están dispuestas a defender la verdad”, luego de ratificar que nunca hubo la consulta a los pueblos indígenas para permitir minería aurífera en su territorio.

Asociación de chocolateros

Con 50 años de experiencia en la producción de cacao, Wilfredo Guari Cartagena, de la Asociación de Chocolateros, denuncia que los balseros no cumplen ni siquiera el reglamento de operaciones, de respetar una distancia entre 100 a 150 metros de la orilla a fin de evitar el desbarranco.

Ante la falta de empleo y la crisis económica que se atraviesa, el productor agradece que el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) haya brindado capacitación técnica para la planificación de la producción a corto, mediano y largo plazo.

Gabriela Guari, una de las productoras de cacao que en 2021 viajó a París a recoger la medalla de oro del Programa Cocoa of Excellence y el International Cocoa Award, advierte pérdidas millonarias por el impacto de la minería.

“Hemos tenido una valoración de inversión de 3 millones de bolivianos que se hizo. No solo son nuestros recursos, tenemos cooperación internacional (…). Nuestro trabajo se irá al agua por culpa de la minería que está provocando la pérdida de nuestros cultivos”, explica acongojada junto a su compañera de trabajo.

Recuerda que cuando hubo la explosión de las balsas auríferas, durante operativos realizados por la AJAM y el Ministerio de Gobierno contra la minería ilegal, las y los comunarios sufrieron amenazas por parte de los mineros. “Incluso el presidente de la cooperativa nos amenazó porque hay comunarios metidos en la minería”, asegura.

Mientras sigan operando las balsas, advierte la productora, continuarán las pérdidas de cultivos. “Empezaron mis abuelos, continuaron mis padres y ahora nosotros. Nos dicen en la cara: ¿Qué daño hace el mercurio?, considero que la minería nos está dividiendo”, asevera.

Elizabeth Coronado: “Asobal tiene 751 balsas y recupera el 99,9% del mercurio”

La Asociación de Balseros, que agrupa a mineros cooperativistas, ha sido puesta bajo la lupa crítica de las comunidades impactadas por la minería aurífera legal e ilegal. Su presidenta al momento de realizarse el reportaje (a fines de 2023), Elizabeth Coronado, reconoce que no es fácil lidiar con más de 500 socios activos y que no “hay perfección” en las prácticas auríferas.

Desde su oficina situada en un moderno edificio de la ciudad de Riberalta, acepta la entrevista.

—¿Sobre cuántas cuadrículas explota oro Asobal?

—En el río Madre de Dios son alrededor de unas 80 cuadrículas.

—Se hablan de 500 balsas, ¿es correcto?

—El reporte que hemos recibido, de acuerdo a nuestros manifiestos ambientales, son 751 balsas, pero de ellas solo trabajan aproximadamente 500.

—¿Por qué las otras 200 balsas no están operando?

—Porque, mayormente, el material, el oro del Madre de Dios es material de arrastre; a veces los compañeros desertan, se van y por eso no están activas esas embarcaciones.

—¿No les va bien a todos?

—Exacto, no les va bien a todos porque el oro del Madre de Dios es de arrastre.

—¿Dicen que el oro de arrastre viene desde Perú?

—Nosotros solo succionamos el oro de la arena.

—Pando es visto con mucho interés por el Gobierno porque Comibol activará proyectos importantes con las reservas fiscales. ¿En algún momento estas reservas fiscales pasarán a manos de Asobal?

—La verdad no sabemos cómo está manejando el Gobierno este tema, nosotros nunca hemos solicitado áreas de reserva fiscal, siempre hemos solicitado las áreas que son libres.

—¿Tampoco en áreas protegidas?

—Asobal es una institución que preserva la naturaleza, por eso nuestra actividad la realizamos en el cauce del río.

—No opinan igual las comunidades que se quejan de que balsas auríferas de Asobal operan en las orillas, sin respetar el mínimo de distancia de 100 metros, con lo cual están provocando el desbarrancamiento de cultivos de cacao, yuca, plátano, entre otros.

—Mire, que tengamos conocimiento de parte de los asociados que me hayan hecho llegar alguna denuncia, no tengo (conocimiento).

—¿Usted niega que haya afectación a los cultivos?

—Por lo menos en nuestros estatutos y reglamentos de Asobal cuando recibimos alguna denuncia nos trasladamos al lugar para ver si es verdad y si corresponde la denuncia. Hay un comité dentro de Asobal, que si hay alguna denuncia o algún compañero está en la orilla o está desbarrancando inmediatamente tomamos las acciones.

— Las denuncias también apuntan a que Asobal tiene sus asociados que ya están operando sin licencia ambiental, sin autorización y que una vez meten el trámite a la AJAM, sin esperar el permiso ya empiezan a operar.

—No sé de dónde sacan eso y para verter esa información deberían presentar pruebas, totalmente falso. Que evidentemente, más bien, no quiero entrar en comentarios, pero ya que dice que han manifestado eso, Asobal es prácticamente la única cooperativa que está legal en el Madre de Dios, junto al Señor de los Milagros que opera en Loma Alta.

—Imagino que con el tamaño que tiene Asobal, los aportes al Estado han debido ser significativos. Como se sabe, las cooperativas lo que dejan son regalías y no así otros impuestos. ¿Usted podría decirnos a cuánto asciende el aporte de Asobal por la venta del oro?

—Los últimos años en aporte de regalías… hay años que suben y otros que bajan, pero normalmente ha sido de 4 millones, 3 millones (bolivianos), porque como es material de arrastre, a veces hay, y a veces, no. Si decimos que el río va a rebalsar, habrá material.

—¿Qué tipo de tecnología emplean, porque se confunde lo que es draga de lo que es balsa?

—Nuestra tecnología consiste en balsas artesanales, y hace muchos años para sacar los manifiestos ambientales hicimos estudios para no dañar la naturaleza, porque es una zona donde hay pescado, y junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para ver hasta dónde se podía utilizar en tecnología para no dañar el río Madre de Dios, y ven, tantos años trabajamos en el Madre de Dios y el cauce no ha cambiado.

 —En cuanto al mercurio, ¿cuánto están empleando? Este tema es una preocupación no solo de Beni, Pando, sino también en el Norte de La Paz, ya que hay estudios que demuestran el impacto que tiene en los organismos. ¿Han considerado cambiar el mercurio por otro reactivo o eliminarlo?

—En el tema del mercurio, hemos realizado algunas actividades artesanales para recuperar, normalmente nosotros –y eso lo ha comprobado el Ministerio de Medio Ambiente– la recuperación del mercurio es del 99,9%, inclusive recuperamos el mercurio desde lo que viene del Perú, desde esos lugares hay que analizar. En la recuperación artesanal nos está yendo bastante bien, reutilizamos el mercurio, recuperamos y lo reactivamos y eso da vueltas. Gran cantidad de mercurio no utilizamos.

—¿Lo echan al río?

—Esa arena que es el concentrado va a pozos que el Ministerio de Medio Ambiente nos ha indicado y eso asciende a dos o tres kilos de arena, eso dicen los manifiestos ambientales.

— ¿Y los pozos dónde se encuentran?

—En el seco, están cubiertos con geomembrana. (Son membranas fabricadas para el uso en la industria minera para prevenir la contaminación del suelo y el agua, gestionar los lixiviados y promover la sostenibilidad ambiental).

—¿Y dan seguimiento a sus asociados para que den cumplimiento a esta práctica?

—Justamente, cada año, por una parte, viene el Ministerio de Medio Ambiente y, por otra, tenemos otros profesionales ambientalistas que vienen a recorrer el río. Obviamente, uno que otro se va a salir de las prácticas, no es a la perfección.

—Hubo operativos con aprehensiones en contra de socios de Asobal por estar explotando, presuntamente en áreas no autorizadas.

—Es como le dije, ya se demostrará en la vía jurisdiccional si estaba o no en áreas legales, se está ventilando en la vía jurisdiccional.

«Esconden información a los pueblos indígenas”

Jorge Chamaro, secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), llama la atención del Estado por no cumplir el Acuerdo de Escazú y no proporcionar información sobre los impactos ambientales que genera la minería aurífera.

El dirigente indígena señala que hay suficiente información sobre la contaminación del mercurio en los peces y en las personas de las comunidades ribereñas, gracias a estudios realizados por la Universidad de Cartagena de Colombia y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en coordinación con organizaciones indígenas como la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), respectivamente.

Considera necesario profundizar esos estudios y llegar a las comunidades que no fueron incluidas. “Hicimos una nota a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y no nos quieren dar información, parece que está escondiendo algo, no nos precisan la cantidad de mercurio que se utiliza”, afirma.

Más grave aún, dice el dirigente, es que desde el Gobierno se minimizan los efectos del mercurio hasta llegar a decir que no hace daño, como el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, quien llegó a asegurar que de niño jugaba con el mercurio en su natal Potosí.

Ante la sobreexplotación del río Kaka en el departamento de La Paz, donde se encuentran los municipios de Teoponte, Guanay y otros, las cooperativas mineras auríferas se están volcando al río Madre de Dios que comparten los departamentos amazónicos de Beni y Pando, según el análisis del investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta.

“Lo que se está buscando es replicar este modelo que lo ven ‘exitoso’. Varias regiones, como el río Kaka, el río Tipuani y otros, están arrojando sus saldos negativos porque ya está escaseando el oro aluvial y se están entrando a tierra firme. Entonces, el nuevo punto de arribo para quienes quieren hacer minería es el Madre de Dios”, explica.

El experto en materia minera observa que el río Madre de Dios –reserva fiscal hasta el 28 de marzo de 2023–, por alguna extraña razón, fue liberada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Ministerio de Minería.

“No han reservado la tenencia de la reserva fiscal para el dominio del Estado, por tanto, el 29 de marzo quedó libre, en este momento el nuevo punto de arribo de las cooperativas es el Madre de Dios. Ojo, donde hay derechos preconstituidos que señalan que tiene Asobal, y sería el nuevo punto de arribo de las operaciones mineras. Todo esto mirando al Norte (de Bolivia), señala.

Advierte que quienes operaban en la provincia Larecaja ahora están yendo a la provincia Abel Iturralde, en plena Amazonía, a los ríos Beni, Orthon y al Baures, entre otros, que son otros puntos de arribo.

Zaconeta atribuye a la fiebre del oro este movimiento en el país, lo cual también se ha expandido considerablemente en Cotapata, en Potosí por el lado de Tupiza, donde no solo se habla de operaciones en río, sino también en yacimientos primarios, en roca, donde las operaciones son otras y son altamente contaminantes.

“En oro, si no hablas de mercurio vas hablar de cianuro, y para ambos no hay una legislación ambiental específica, por lo que el efecto puede ser multiplicador, por eso consideramos que es importante discutir una política integral del oro, por esta expansión que se está dando”, apunta.

Expansión minera responde a la debilidad institucional

El especialista lanza una interrogante: ¿Por qué se está expandiendo la minería aurífera?, e inmediatamente responde que es porque la normativa es muy débil en el país y muy permisiva ante el operador.

En ese contexto, Zaconeta considera que el Gobierno, por negligencia, no ha tomado en serio el rol que tiene para habilitar la minería estatal y poder incursionar en la explotación del oro de manera más protagónica.

“¿Qué es lo que sucede? En este momento, la concesión del Madre de Dios podría estar bajo dominio de Comibol para que sea la estatal la que opere e impulse a Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional) que tiene concesiones por el lado de Guanay, Mapiri y Tipuani; y pueda operar y no solo alquilar (áreas mineras)”, sugiere.

De ese modo, afirma que el Estado podría disputarle al sector cooperativista ese 99,6% sobre el cual tiene dominio en la explotación del oro, porque, como el Estado no tiene la fuerza para hacerle frente al crecimiento de las cooperativas, muy difícilmente se podrá enfrentar a esta concentración de la producción que tienen las cooperativas.

“Ellos han crecido tanto, pero, en este momento, pensar en sacar al sector cooperativo es imposible porque hay que entender que incluso en la práctica política democrática que se da desde los municipios es imposible que no se pueda hablar sobre lo que es una elección de alcaldes, elección de concejales y asambleístas sin la participación de las cooperativas”, sostiene.

Menciona que incluso en algunos municipios su alcalde es cooperativista y esto se va replicando. Por tanto, contempla una considerable participación de representantes del sector aurífero en las próximas elecciones generales y subnacionales.

A la par, advierte el especialista, se generarán algunos conflictos internos en el sector cooperativista, ya que la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) no querrá ceder su espacio ante el sector tradicional.

A modo de conclusiones afirma que el 2023 deja reflexiones sobre el rumbo que está tomando la minería en el país, la que ha servido para consolidar el modelo cooperativista que viene arrastrando un saldo a su favor con muchos privilegios, por ejemplo, en normativa que le ha permitido garantizar mejores ingresos y que, en particular, al sector aurífero le permitió mantener al oro bajo su dominio.

Sin embargo, observa que el escenario minero es preocupante, porque bajo la actual normativa el oro no paga impuestos, “paga una miseria en regalías”, que va entre 1,7 y 2,5% sobre el valor bruto exportado, como efecto de la Ley 535 de Evo Morales (aprobada en 2014).

“Se han visto saldos ambientales trágicos y ya no solo en término de contaminación por mercurio, sino también por combustibles y aceites en varias zonas”, menciona.

También se ha constatado la deforestación para la apertura de áreas mineras y otras zonas que están arrojando síntomas de agotamiento en sus reservas aluviales, desplazamiento de territorios, desvíos de cauces de ríos, que en épocas de lluvia se han traducido en inundaciones.

La minería representa más del 50% del valor de la exportación, mientras que de cada 10 empleos que genera la minería, nueve son cooperativistas, lo cual, en análisis del investigador, es el tipo de minería que se ha reproducido este año. Para el 2022, las cooperativas llegaron a copar el 56% de la producción nacional y este modelo tiende a consolidarse.

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El reportaje ha sido producido por el CEDLA en el marco de la coalición Finanzas Justas y Responsables Bolivia, y cuenta con el apoyo de Fair Finance Internacional (FFI), Oxfam y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi).

Texto y fotos: Jimena Mercado C.

Coordinación: Unidades de Investigación y de Comunicación CEDLA

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