Página Siete Digital

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) expresó su preocupación por la situación económica del país como consecuencia del Covid-19 y sus representantes manifestaron que la reactivación económica debe darse con el aporte y sacrificio de todos los actores de modo solidario y equitativo, en referencia al Servicio de Impuestos Nacionales y sector financiero, como actores principales para este fin.

Por medio de un comunicado, Caboco expresó que, en los últimos 15 años, “el sector financiero se ha fortalecido desplazando a todos los sectores primarios, incluido el de la construcción, que sustenta el desarrollo económico y social del país. Este sector tiene una alta incidencia en el crecimiento del PIB, con un 25,23%, con una cartera de préstamos que ha crecido en 107.257 millones de bolivianos, logrando un incremento de 128% en sus utilidades”, señala el texto.

Por otro lado, señalan que el índice de mora muestra también la solidez de este sector porque ha descendido de 10,1% el año 2005 a 2,3% el año 2019, a pesar de los conflictos sociales.  En las últimas disposiciones gubernamentales, este sector se ha visto favorecido porque el pago de interés más capital solo fue diferido y no condonado.

Caboco afirma en su nota que, sin embargo, este crecimiento del sector financiero implica ciertos riesgos; es decir, si el crecimiento se focaliza en sectores que no tienen mayor efecto multiplicador en el empleo, el aumento del PIB no se traduce tanto como sería deseable en la distribución de recursos y ampliación de oportunidades para los bolivianos, sino todo lo contrario.

Para los constructores, la ampliación de la cuarentena que va por el día 54, agudiza la crisis del sector por los efectos sobre todas las actividades económicas formales que suman y siguen, puesto que se continúan pagando los costos fijos, servicios, salarios, impuestos y servicios financieros, lo que obligará a las empresas a recortar personal, o inclusive al cierre definitivo.

1. Piden el pago de planillas adeudadas al sector constructor en todos los niveles del Estado.

2. Permitir la sustitución de garantías y la dación en pago -evaluada y no ventajosa- con procedimientos ágiles y que interrumpan las acciones de cobranza judicial por parte de la Entidad de Intermediación Financiera.

3. Ampliar el alcance del Artículo 82 de la Ley 393 de Servicios Financieros, para que el límite de la cobranza judicial por parte de las Entidades de Intermediación Financiera, sea el valor producto del remate judicial del bien hipotecado, con cuyo producto la Entidad Financiera pueda dar por extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación del crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación patrimonial adicional al prestatario. Cabe notar que este aspecto rige actualmente para los créditos de vivienda de interés social.

4. Posibilitar la modificación de los contratos de préstamo con tasas de interés preferentes para el sector de la construcción, que se equiparen a las que rigen para los créditos de vivienda de interés social.

5. Suspender temporalmente todas las medidas de cobro coactivo por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, debido a la situación actual de los flujos de efectivo de las Empresas del Sector de la Construcción.

6. Actualizar el procedimiento establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Director.

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