Página Siete – Beatriz Layme
Es uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Según una experta, también peligran Pilón de Lajas, Iñau, Aguaragüe y Tariquía, a causa del extractivismo y los asentamientos humanos. Los guaraníes preparan un amparo contra los decretos petroleros de Morales.
Cinco áreas protegidas del país están en riesgo de perder esa categoría, «en los hechos”, porque gran parte de sus superficies están afectadas por la actividad petrolera, minera y nuevos asentamientos, según la investigación que realizó Georgina Jiménez, del Centro de Investigación e Información Bolivia (CEDIB).
Las áreas en riesgo serían Pilón Lajas, que está en los departamentos de La Paz y Beni, Madidi en La Paz, Iñau en Chuquisaca, Aguaragüe y Tariquía, ambas enTarija.
Jiménez explicó que la superficie comprometida es tan grande que el área protegida puede dejar de ser una reserva y se convertirá en zona de actividad extractivista de recursos naturales.
«Tiene afectaciones que van desde el 55% a más del 90% de la superficie de esas cinco áreas protegidas. Es imposible pensar siquiera en acciones de mitigación, y las especies de flora y fauna que albergan, y todo el patrimonio natural y cultural que existe en su interior corre el inminente riesgo de desaparecer, territorios y pueblos indígenas”, explicó la investigadora.
Preservación vs. desarrollo
Según datos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), en los 22 parques del país viven cerca de 200.000 habitantes, entre indígenas, campesinos y comunidades interculturales.
La investigadora afirmó que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) está en vías de dejar de ser un área protegida, porque el 30% de su superficie está afectada.
Explicó que, en el caso del TIPNIS, ésto se debe a la expansión agrícola del monocultivo y los nuevos asentamientos.
El daño se agudizaría -dijo Jiménez- si se construye la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atraviesa el territorio indígena.
La investigadora explicó que no se opone a la construcción de caminos, pero se debe pensar en alternativas para extraer recursos naturales, más aún si no existe una planificación de preservación.
El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos del Senado, Óscar Ortiz, informó que solicitará un informe escrito al Ministerio de Agua y Medio Ambiente para que entregue detalles sobre la superficie afectada.
«Todo daño en áreas protegidas afecta la sostenibilidad de los otros sectores, como es la producción de alimentos, el régimen de lluvia y los derechos de los pueblos indígenas”, manifestó el asambleísta Ortiz.
Recientemente, el Gobierno boliviano decidió ingresar a las áreas protegidas y parques para realizar exploración petrolera.
Lo que dice la ley
Objetivo La Ley de Medioambiente establece que el propósito de las Áreas Protegidas es: «…proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país”.
Zonas En Bolivia hay 22 áreas protegidas, según el SERNAP. El primer parque nacional se creó en 1939.
Punto de vista
Patricia molina
Investigadora ambiental
Arrasan con la ley ambiental
Hay que hacer revisar los informes de la Convención de Biodiversidad y la Constitución para luego plantearnos un objetivo.
Hablan como un gran éxito de la creación del Iñau y refuerza el tema de las áreas protegidas, pero cuando vemos el Decreto Supremo 2366 que promulgó el presidente Evo Morales, el 20 de mayo, que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en áreas protegidas, y escuchamos los discursos, vemos que quieren borrar las áreas protegidas porque debemos dejar de ser guardaparques.
Esta legislación, aparentemente, está tomando el pulso a la sociedad para ver si hay algún interés de defender las áreas protegidas, porque las acciones las hicieron hace rato, apenas terminó la novena marcha en defensa del TIPNIS, el Gobierno cuadriculó la Amazonía.
Vemos que están arrasando con la legislación ambiental, acostumbrando a la gente a que ya no importa la licencia ambiental.
Eso sucede con el puente Rurrenabaque-San Buena Ventura, que no tiene licencia ambiental. Entonces un gobernador, alcalde u otra autoridad no podrá supervisar porque no hay la documentación ambiental.
Mucho dependerá de cómo la sociedad reacciona para retomar la gestión ambiental que está destinada a proteger los recursos y no a degradar el medio ambiente. No defiendo a los gobiernos neoliberales, pero éste actúa como si no le importaran las leyes ambientales.
Ahora las áreas protegidas no perderán esa categoría porque continuarán las leyes ambientales, pero no en los hechos.
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